Borràs responsabiliza de las irregularidades en los contratos a los funcionarios y denuncia "persecución" política

• La líder de Junts se ha limitado a responder las preguntas de su defensa
• Se le acusa de fraccionar contratos para poder adjudicarlos a dedo a un amigo sin concurso público

Laura Borràs a su entrada al juicio que tiene pendiente

La presidenta suspendida del Parlament por presunta corrupción, Laura Borràs, ha responsabilizado este lunes a los dos funcionarios de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que la incriminaron de los contratos menores que adjudicó a su amigo Isaías H. y se ha proclamado víctima de una "persecución política" por una actuación "correcta, legal y perfectamente razonable" y llevada a cabo siempre "con los criterios que marca la administración".

"Ni en el más remoto de mis sueños habría podido imaginar que sería investigada por delitos que no he cometido", ha exclamado Borràs durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la juzga por fraccionar presuntamente contratos de la ILC para adjudicárselos a dedo a su amigo entre los años 2013 y 2017, cuando dirigía la entidad cultural, por lo que la Fiscalía le pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación.

En su primera declaración judicial por esta causa -cuando el Supremo la citó para interrogarla se negó a hacerlo-, la líder de Junts se ha limitado a responder las preguntas de su defensa, debido a "todo lo que ha pasado antes y durante el juicio", en el que los beneficiarios de los contratos supuestamente fraccionados han negociado un pacto con la Fiscalía para delatarla.

"No vulneré la ley"

La presidenta de Junts ha mantenido ante el tribunal que "en ningún momento" vulneró la ley al adjudicar distintos contratos relacionados con la web de la ILC a Isaías H., porque a su parecer se trataba de "objetos diferentes en años diferentes", tras lo que ha remarcado: "No hubo fraccionamiento y el trabajo se hizo".

Asimismo, ha alegado que contaba con el aval de la Intervención General de la Generalitat en el sistema de contratación de la entidad pública que, ha precisado, recurría a los contratos menores dado el bajo presupuesto de los trabajos que encargaba y sus limitaciones presupuestarias.

Borràs ha explicado que, en 2013,  cuando el entonces conseller de Cultura, Ferran Mascarell, la nombró directora de la ILC con el fin de "colocar la institución en el siglo XXI", se dirigió al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para encargar los trabajos de creación de la web.

No obstante, una vez "descartada" la opción del CTII por "calendario y presupuesto", habló con Mascarell de la posibilidad de trabajar con "otros colaboradores" y al instante pensó en Isaías H., un "artista digital, premiado, reconocido" y el único de Cataluña que podía desempeñar ese trabajo.

Tras negar que hiciera una "contratación encubierta" a su amigo -como él mismo aseguró en el juicio-, Borràs ha aseverado que, debido a su falta de experiencia en la administración pública, siguió las indicaciones de Assumpta P., a la sazón administradora de la ILC, y posteriomente de Roger E., quien sustituyó a la funcionaria durante los nueve meses en que estuvo de baja, para adjudicar los proyectos relacionados con la web.

Según Borràs, Assumpta P. era "una gran profesional" y cualquier contratación que estuviera en manos de ella era "un expediente de diez", aunque entiende que la incriminara con su declaración en el juicio porque "estar sometida a un proceso judicial es una cuestión tremendamente incómoda. Cada uno responde a esas circunstancias como puede", ha apostillado.

"Cuando entro en la ILC me apoyo en mis trabajadores y las reuniones semanales las tengo con Assumpta P.", ha abundado Borràs, al tiempo que se deshacía en elogios a la administradora de la ILC: "rigurosa, exigente, inflexible, estaba al día de todo, insistente en todos los aspectos. Me merecía toda la confianza posible".

Tanto Assumpta P. como su sucesor Roger E. han señalado en varias ocasiones a lo largo del proceso judicial -la última la semana pasada, en su declaración en el juicio como testigos- que Borràs desoyó las advertencias de la Intervención General sobre el abuso de contratación menor en la ILC y han puesto en duda la legalidad del fraccionamiento de los trabajos encargados a Isaías H.