Borràs, en su última palabra en el juicio: "No renunciaré a la independencia sea cual sea la sentencia"

• Su abogado dice que es víctima de una causa política por pertenecer a una "minoría nacional"
• La Fiscalía ha mantenido la petición de seis años de prisión en el juicio por las adjudicaciones a dedo

Laura Borràs saluda al expresidente de la Generalitat. Quim Torra. a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)

La presidenta suspendida del Parlment de Cataluña,  Laura Borràs, ha denunciado que se le ha intentado presentar como una "corrupta" pese a que no ha cometido ningún delito y ha prometido no renunciar a la independencia de Cataluña "sea cual sea" la sentencia tras el juicio en el que está acusada de fraccionar contratos y que este miércoles ha quedado visto para sentencia.

En una intervención de 16 minutos en el último turno de palabra en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Borras ha realizado esa afirmación después de que la Fiscalía haya mantenido su petición de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación a la dirigente de JxCAT por adjudicar contratos a dedo a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Borràs, que ha denunciado de nuevo ser víctima de una "persecución política", ha lamentado que en los últimos cinco años ha sufrido una "condena" pública, en la que se la ha "criminalizado" para presentarla como una "corrupta", aunque ha insistido en que no ha cometido ningún delito y ha garantizado que, sea cual sea la sentencia, no renunciará ni a sus convicciones, ni a su ideología ni a seguir trabajando para "vivir en una república catalana independiente".

La defensa de Borràs habla de persecución

Además, el abogado de la presidenta suspendida, Gonzalo Boye, ha dicho que su clienta es víctima de una causa política por pertenecer a una "minoría nacional" y ha criticado a las "autoridades públicas" que la han declarado culpable de antemano: "hemos pasado del 'a por ellos' al 'a por ella".

Entre repetidas alusiones a la justicia europea -hasta el punto de vaticinar que habrá un litigio "Borràs contra el Reino de España"-, Boye ha descalificado una causa que a su parecer es "ajena al mundo del derecho" y se ha "sostenido mediáticamente en falacias", hasta generarse "un relato de que es culpable".

"Por autoridades públicas se ha dado por hecho la culpabilidad de Borràs,  se le ha privado de un juicio justo de antemano", ha criticado Boye,  tras lo que ha añadido que las declaraciones públicas contra su clienta "han sido masivas, abusivas, han sido un 'a por ella".

Mientras denunciaba que Borràs sufre persecución política por pertenecer a una "minoría nacional" o "grupo objetivamente identificable", Boye se ha jactado de haber acudido al juicio no solo a defender a la dirigente de Junts, sino "al Estado de derecho dese una perspectiva democrática".

"Lo que aquí ha pasado nunca debió pasar, al menos en una democracia", ha zanjado el abogado, tras advertir de que la causa contra la presidenta suspendida del Parlament lo devuelve a "tiempos pretéritos peligrosos".

El abogado también ha cargado contra los otros dos investigados en el juicio y que eran beneficiarios de los contratos que troceaba y adjudicaba a dedo presuntamente la política catalana cuando era gerente de la ILC.

Concretamente, Boye ha cargado contra los dos administradores de la entidad, Assumpta P. y Roger E., que la incriminaron con su testimonio tras llegar a un pacto con la fiscalía.

En ese sentido, el abogado ha considerado que los dos funcionarios de la ILC "no son ajenos a lo que pasó" y ha recordado que tenían el deber de denunciar de haber apreciado irregularidades en la institución: "Desde Núremberg no se oía a tanta gente diciendo que solo cumplía órdenes", ha agregado tras comparar la situación actual con el famoso proceso judicial a los mandatarios nazis.

Ya sobre el fondo de los hechos de que se acusa a Borràs, Boye ha defendido que los trabajos que adjudicó a su amigo eran diferenciados, por lo que no hubo un fraccionamiento ilegal, y ha reconocido que los presupuestos para hacerse con los contratos eran "mendaces, pero no falsos".

"Que hayan aceptado falsear documentos no significa que los hayan falseado en términos jurídicos. No ha pasado de la mendacidad", ha insistido antes de concluir.

A pesar de ello, la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto ha explicado que mantiene la petición de pena porque hay pruebas suficientes contra Borràs.