La jueza del 'caso Mediador' envió a prisión al general Espinosa tras hallar 61.000 euros "de ilícita procedencia"

• Cree que de haber permanecido en libertad habría podido "frustrar la investigación" o destruir pruebas
• Espinosa reconoció en su comparecencia judicial las comidas y los viajes a Fuerteventura y Las Palmas que le habrían pagado

El general de División de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, en 2019

La magistrada del 'caso Mediador', María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, acordó la prisión provisional y sin fianza para el general de la Guardia Civil investigado, Francisco Espinosa, con el objetivo de evitar que ocultara o destruyera pruebas, porque de permanecer en libertad "podría frustrar la investigación policial". Además, constata pagos de la trama y asegura que se hallaron más de 60.000 euros escondidos en su domicilio de "ilícita procedencia".

En un auto dictado el pasado 16 de febrero, al que ha tenido acceso RTVE, la jueza describe los indicios que le hacen sospechar que ese dinero proviene de las comisiones que, presuntamente, cobraba el general a empresarios a cambio de facilitarles negocios con otras sociedades mercantiles o con el proyecto europeo de asistencia en materia de seguridad a los países del Sahel, que dirigió en los últimos años de su carrera.

Comidas, viajes y 61.110 euros

En el documento, señala que Espinosa reconoció en su comparecencia judicial las reuniones, las comidas y los viajes a Fuerteventura y Las Palmas que le habrían pagado. "También ha reconocido parcialmente que había pedido tarjetas prepago, y ha negado haber recibido dinero, pero el dinero hallado respondería a esos pagos en 'b' y de dudosa procedencia", añade la jueza.

Contratos y favores a cambio de viajes y regalos: las claves del 'caso Mediador'

Así, subraya que se han revisado los ingresos que el general recibió desde 2019 en sus cuentas bancarias, tanto de la Guardia Civil y de la fundación pública española que administraba el proyecto GAR-SI Sahel, como de la Seguridad Social una vez jubilado, con la conclusión de que "no justificarían el origen" de los 61.110 euros, por lo que presupone su "ilícita procedencia".

En este sentido, y para atar las vinculaciones del general con empresarios ligados a la trama, la jueza considera que deben seguir practicándose diligencias como la citación de "testigos clave" –empresarios, ganaderos y funcionarios públicos–, el clonado de sus múltiples dispositivos y el requerimiento a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

En el repaso que hace de la causa, la magistrada en el auto incluye que Espinosa habría hecho "uso de las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las Islas Canarias" y que su participación en la trama criminal era "esencial" por esos contactos y por "la capacidad de transmitir confianza a los distintos empresarios en la consecución de sus ilícitos propósitos".

En esa intención enmarca que recibiera a empresarios en su despacho de la Comandancia General de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno (Madrid), que aportaba "seriedad y poder" a la trama delictiva. Estas influencias "no eran altruistas" y la jueza recoge que el 'mediador' Marcos Antonio Navarro Tacoronte relató en sede judicial que eran a cambio de "fiestas o ingresos".

Los pagos de empresarios a cambio de contratos

Entrando en los indicios que recaen sobre el general, la jueza recoge varios hitos. Uno es la relación de Espinosa con el empresario Antonio Bautista, a quien se le ofrecieron importantes contratos en el sector privado y acceso a subvenciones públicas. La primera reunión con él fue el 14 de septiembre de 2022.

Como contraprestación, Bautista pagó un vuelo a Fuerteventura de Espinosa y su amante, a quienes les sufragó dos noches en el Hotel Eurostars Las Salinas. Además, el general habría exigido como "premisa innegociable" para ejercer su influencia que contratara a su compañera sentimental, Adelaida. La magistrada dice que según oficios policiales, Espinosa recibió también dinero en metálico, numerosos obsequios, tarjetas de prepago y otros gastos de ocio.

En esos acuerdos entre Espinosa y Bautista se dio la promesa de lograr un contrato de 35 millones de euros en Cabo Verde, de los que el 10% debían ser para el general. Cabe recordar que durante su última etapa en el cuerpo fue director de los Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel (GARSI Sahel) hasta su jubilación.

En el auto se incluye que el general se valía de ese cargo en el marco de la FIIAPP para ofrecer esos contratos privados a empresarios. Y cita el caso de José Suárez Estévez –alias 'El Drones'–, que habría resultado adjudicatario en distintos concursos en el Sahel.

En su defensa, el general alegó que puso en contacto a las personas que requerían su ayuda con dos importantes empresarios de Gran Canaria (no imputados en la causa) con los que mantiene amistad de la etapa en la que fue coronel jefe del cuerpo en provincia de Las Palmas pensando un su propio futuro: "En la búsqueda de un futuro empleo para después de su jubilación", dice el auto.