El Gobierno muestra su "rechazo" ante el cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos: "Es una decisión errónea"

• Calviño ha llamado directamente a su presidente, Rafael del Pino, y le ha trasladado su "incomprensión" por la decisión
• Para el PP los motivos son "la falta de seguridad jurídica", lo que a su juicio "debería llevarnos a una profunda reflexión"

El Gobierno tilda de "error" y "falta de compromiso" el cambio de sede de Ferrovial

El Gobierno se ha mostrado muy crítico este miércoles contra la decisión de Ferrovial, una de las mayores constructoras españolas, de trasladar su sede social a Países Bajos. Tal ha sido el malestar que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha llamado directamente al presidente de la compañía, Rafael del Pino, para expresarle su "rechazo" por la decisión.

"Ha sido una conversación cordial pero firme en la que le he expresado el rechazo y la falta de comprensión por una decision que es errónea", ha señalado la vicepresidenta en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, teniendo en cuenta que "es una empresa que debe todo a España", ha dicho, y que "ha crecido gracias a la obra pública financiada por los españoles".

Calviño rechaza el "incomprensible" cambio de sede de Ferrovial

El grupo constructor anunció este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aprovechando su presentación de resultados anuales, que su consejo de administración ha propuesto una fusión entre su sociedad matriz y la actual Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos.

Según Calviño, resulta "paradójico" que se anuncie esta posible decisión en un momento "de importante atracción de inversión extranjera y confianza" de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país, y con un proceso "de inversión pública y modernización sin precedentes" en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial.

Por todo ello, ha dicho, desde el Gobierno están "pendientes" de conocer los detalles "para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión".

Piden que aclare su continuidad en España

A las críticas de Calviño se han unido las de otros miembros del Ejecutivo, como el titular de Agricultura, Luis Planas, quien ha pedido a la multinacional que "aclare su continuidad" en España. "Creo que existe esa intención, que es positivo, pero debe ser Ferrovial quien dé la explicación correspondiente y más en un contexto en el que en España estamos recibiendo muchas inversiones extranjeras”, ha apuntado en un desayuno informativo que recoge Efe.

Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha lamentado la decisión, si bien ha recordado que más del 80 % del beneficio del grupo procede de otros países y, por lo tanto, no tributa en España. Por ello, ha dicho que "no hay ningún riesgo de que la parte de inversión que estaba en España se vaya a desplazar", lo que implica que esa parte del negocio seguirá tributando en el país y se mantendrán los puestos de trabajo.

El Gobierno critica la marcha de Ferrovial y el PP pide una "reflexión"

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado que Ferrovial diga "sin rubor" que traslada su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos, y le ha pedido que reconsidere su decisión y se comprometa con España en un momento de "necesidad" en el país. Además, ha insistido en que en el ámbito europeo se tiene que trabajar para que no existan ni el dumping fiscal ni los paraísos fiscales. "Ser español es defender la permanencia en tu país (...) Esto no es compromiso con nuestro país", ha zanjado la vicepresidenta segunda.

El PP: "¿Calviño ha hecho algo para que se quede?"

El principal partido de la oposición también se ha pronunciado sobre la marcha de Ferrovial y ha instado a "respetar las decisiones de nuestras empresas". En la misma línea, ha señalado al Gobierno y, concretamente, a la vicepresidenta primera por la decisión. "Calviño debe hacerse siguiente pregunta: ¿He hecho yo algo por que se quede o he hecho algo que empujar a irse? ¿Soy responsable de la falta de seguridad jurídica para que se vayan? ¿De la falta de incentivos?", ha añadido la secretaria general, Cuca Gamarra.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por su parte, he criticado que los motivos son "la falta de seguridad jurídica", lo que a su juicio "debería llevarnos a una profunda reflexión por el riesgo de que se produzca un efecto contagio". Además, ha señalado que, "si en España no estamos haciendo las cosas bien", ve "lógico" que "se busquen otros sitios con otra estabilidad que aquí no tienen".

Para Calviño, sin embargo, estas afirmaciones "no tienen sustento" porque "España tiene ahora la confianza de los inversores internacionales", pues "todas las semanas se anuncian nuevas inversores" de compañías que a su juicio "comparten y apoyan la agenda del Gobierno".

CC.OO. considera que es una decisión "más que preocupante"

También los sindicatos se han pronunciado al respecto. CC.OO. considera "más que preocupante" que una multinacional española, que ha crecido a la “sombra” de los contratos e inversiones realizadas con las Administraciones Públicas españolas como la infraestructura del AVE, decida "deslocalizarse fiscalmente para optimizar sus beneficios, aprovechando las ventajas fiscales de los Países Bajos". Todo ello, añaden en un comunicado, "en un momento donde las multinacionales españolas deberían mostrar su compromiso con el país".

Además, el sindicato alerta de que "ese ahorro fiscal inicial" conlleva "normalmente un efecto arrastre de otras unidades de negocio de la compañía como pueden ser inicialmente los Servicios Centrales, con una doble pérdida de empleo y de tributación, en otros impuestos como IVA e IRPF con el traslado de una parte relevante de sus personas con mayores sueldos a Países Bajos".

"Es esta, por tanto, una decisión que CC.OO. reclama debe ser reconsiderada por la compañía y, en su defecto, analizada desde los poderes públicos para intentar evitar estas estrategias de planificación fiscal que generan perjuicios claros al interés general", concluye.