Anticorrupción rechaza registrar el despacho de Fuentes pero propone pedir autorización para incautar sus dispositivos

• La Policía Nacional ha solicitado "el acceso sin restricciones y de manera exclusiva al despacho del Congreso"
• La Fiscalía sin embargo alega que la Constitución Española prevé que las Cortes Generales son inviolables

El exdiputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes tras declarar por el 'caso Mediador'

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que se lleve a cabo un registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', en el Congreso, tal y como reclamaba la Policía, pero sí ha apoyado pedir autorización para que se incauten sus dispositivos electrónicos en el marco de la investigación del 'caso Mediador'.

En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, el fiscal Jaime Serrano-Jover responde a la petición formulada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional a la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres para "el acceso sin restricciones y de manera exclusiva al despacho del Congreso de los Diputados asignado al investigado".

"Valorando el artículo 66.3 de la Constitución Española, que prevé que las Cortes Generales son inviolables, el Ministerio Público no puede pronunciarse en favor de lo solicitado en el oficio precedente", alega Serrano-Jover.

No obstante, "con el objetivo de dar cumplimiento al fin perseguido por la instrucción", propone dirigirse al propio Congreso para que sea la Cámara la que autorice a la Policía a registrar el despacho, "para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado".

Apoya asimismo que, "una vez que los equipos informáticos estén en poder de los agentes actuantes", se "lleven a cabo la práctica de las diligencias que recogen en el oficio policial precedente autorizando, incluso, el cambio de claves de acceso con las prevenciones lógicas y adecuadas a esta medida".

Delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal

El exdiputado socialista fue detenido pasado el 20 de febrero, seis días antes de que la juez ordenase el arresto de los otros 11 implicados, una vez que tuvo confirmación de que ya no era miembro del Congreso, ya que contra un diputado en las Cortes Generales solo puede proceder penalmente el Tribunal Supremo.

Compareció ante la magistrada el día 22 y salió en libertad con cargos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, porque la única acusación personada hasta ese momento, la Fiscalía, no pidió ninguna medida cautelar contra él.

A lo largo del sumario, hay varias pruebas de que Fuentes Curbelo recibía en el grupo parlamentario socialista a empresarios que presuntamente solicitaban la influencia de la trama para obtener contratos o subvenciones públicas, o para liberarse de sanciones.