La Audiencia Nacional manda a juicio a López Madrid por contratar a Villarejo para acosar a la doctora Pinto

• Lo hace en contra del criterio del fiscal, que pidió el archivo al no quedar acreditado que hubiera cohecho
• El juez García Castellón sí ve "indicios racionales de criminalidad" contra los tres investigados

El empresario Javier López Madrid, en una imagen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga los negocios del excomisario José Manuel Villarejo en el marco de la pieza 24 del caso Tándem, ha visto suficientes indicios para sentar en el banquillo al empresario Javier López Madrid y al expolicía por la supuesta contratación de éste para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, que ya tiene otra causa contra ellos por amenazas en un juzgado de Madrid.

El magistrado García Castellón ha acordado en un auto la apertura de juicio oral por cohecho contra los dos investigados y también contra el abogado Rafael Redondo, considerado el socio de Villarejo en sus empresas.

La decisión del juez llega en contra de lo interesado por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el archivo provisional al entender que no quedaba "debidamente justificada" la perpetración del delito de cohecho que se les imputa a los tres. El magistrado sigue el criterio de la defensa de la doctora, que pide penas de seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo, y cuatro para Redondo.

El Ministerio Público defendía en su informe que el objeto de la pieza era indagar en el cohecho y no en el conflicto entre López Madrid y Pinto. Los fiscales dejan claro en ese escrito que este procedimiento no gira en torno a esas supuestas amenazas de Villarejo y López Madrid que Elisa Pinto denunció hace años en un juzgado de Madrid y que han desembocado en otro futuro juicio para ambos investigados en el que la dermatóloga pedirá 22 años de prisión para ellos por delitos como amenazas, lesiones y homicidio en grado de tentativa.

Para la Fiscalía, no existen "indicios" de un delito de cohecho

Y añadía que, aclarado este extremo, considera que "no existen indicios bastantes de su comisión --del delito de cohecho-- con la solidez y contundencia suficiente como para formular escrito de acusación e instar la apertura de juicio oral". Entienden que no constan dádivas o retribuciones por parte del empresario. "En el presente caso no consta la presencia de este elemento constitutivo del tipo, lo que impide admitirindicios de la comisión de dicho delito", añade.

Lo que se ha investigado es si el empresario contrató a Villarejo cuando estaba en activo para llevar a cabo ese supuesto encargo con el objetivo de que Elisa Pinto no denunciase a López Madrid o, una vez que lo había hecho, intentar desacreditarla para que su denuncia no triunfase.

Según la Fiscalía, pese a que existe una anotación en la agenda de Villarejo de septiembre de 2013 con el textual "entrega 10 a cuenta" y una grabación en la que el excomisario refleja la "intención" de pedir dinero a López Madrid, no consta que se haya efectuado pago alguno y, ademas, si hubo o no pago es objeto de la investigación que dirigió el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid en el procedimiento que nació de la denuncia de Elisa Pinto.

El juez sí ve "indicios racionales de criminalidad"

No comparte este criterio, sin embargo, el juez García Castellón, que sí ve "indicios racionales de criminalidad" contra los tres investigados, para quienes Elisa Pinto pide entre dos y seis años de prisión.

Por otro lado, en su auto, el juez rechaza la petición de la defensa de Pinto de acumular en estas diligencias las realizadas en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, donde se investigaba el acoso, las amenazas y las lesiones a la doctora, para que se juzguen en la Audiencia Nacional. Señala que en el momento procesal, con la instrucción finalizada, "laminaría el derecho de defensa de los investigados, que no podrían interesar diligencias de investigación al respecto".

El relato de los hechos

Según su escrito de acusación, en septiembre de 2013, López Madrid, por intermediación del presidente de Societé Generale, Donato Sánchez, "contrató a Villarejo a sabiendas de que era comisario en activo" para que "le ayudase a finalizar un asunto personal" en relación con Elisa Pinto.

Éste aceptó el encargo y llevó a cabo seguimientos telefónicos y a partir de 2014 se dedicó a hostigar a Pinto para evitar que denunciase al empresario por acoso.

El escrito también relata que el empresario fue al despacho de Pinto junto al abogado Redondo "con intención de hostigarla"; la dijo que "le dejase en paz, que llevaba mucho tiempo con la policía, que parase, y que la policía iría a verla", que "tenía que poner de su parte para que retirara unas denuncias".

En el marco del conflicto entre López Madrid y Elisa Pinto, el primero también presentó denuncia contra la doctora por acoso, si bien la jueza lo archivó en noviembre del año pasado.