El diputado del PP Alberto Casero renuncia a su escaño tras la propuesta del Supremo de procesarle por malversación

• Según fuentes del PP, ha tomado la decisión de manera voluntaria "para evitar cualquier daño que pueda producir al partido"

Alberto Casero responde a los medios tras declarar en el Tribunal Supremo el pasado mes de junio

El diputado Alberto Casero ha transmitido este viernes a la portavoz y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que renuncia a su escaño en el Congreso después de que el Tribunal Supremo haya propuesto procesarle por prevaricación y malversación.

Según han indicado fuentes 'populares' a RTVE, ha tomado la decisión de manera voluntaria "para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido" y antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor. Esta misma mañana, Alberto Casero ya había pedido la suspensión de militancia en el PP de motu proprio.

La decisión se produce después de que el Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres) entre 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.

El juez ha dictado un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el que da 10 días de plazo al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento.

Renunciar al acta de diputado antes de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral supone la pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo.

Habría comprometido pagos con terceros

Según la prueba documental y testifical aportada en 2022 por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los contratos se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

Ejemplo de algunos de esos contratos fue el pago de los servicios de un psicólogo, sin expediente de contratación, informe sobre la necesidad del servicio y aprobación del gasto. También habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar al Ayuntamiento.

Ahora, el juez le imputa el delito de prevaricación porque su actuación "no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico".

También considera que los hechos encajan en un delito de malversación que sanciona a la autoridad que tiene a su cargo los caudales y que lejos de destinarlos al cumplimiento de las atenciones públicas, los separa de las mismas, y extrayéndolos del control público con ánimo de lucro los incorpora a su patrimonio haciéndolos propios o consiente que otro lo haga.