Manifestantes atacan una comisaria y una base militar en Perú dejando al menos 27 heridos

• Entre los heridos, hay diez policías, diez militares y siete civiles
• Al menos 70 personas han muerto a raíz de las manifestaciones en el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo

Un agente de policía durante una protesta antigubernamental en Perú. Imagen de archivo.

Manifestantes antigubernamentales han atacado este sábado una comisaría y una base militar en Juli, en la región de Puno al sur de Perú, que ha dejado al menos 27 heridos, según han precisado los ministerios peruanos de Defensa y del Interior, que han condenado enérgicamente los hechos.

En un comunicado conjunto, ambos ministerios ha señalado que "aproximadamente 300 violentistas" atacaron la la comisaría de la Policía Nacional de Perú (PNP) con piedras y objetos contundentes por varias horas, a pesar de los intentos del oficial a cargo de dialogar con los manifestantes. La población de Juli habría reaccionado así a la decisión de la Policía de dispersar las protestas en la localidad con gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros.

Los efectivos intentaron repeler el ataque, pero fueron rebasados en número por los "extremistas", quienes incendiaron diversos ambientes de la comisaría con bombas tipo molotov, ha añadido la fuente oficial. A raíz del ataque resultaron heridos diez policías, que fueron evacuados en helicóptero, y también siete civiles que fueron atendidos en el hospital Rafael Ortiz Ravines.

La Red de Salud de Chucuito, en Puno, ha detallado que, entre los los siete heridos civiles atendidos, hay un menor de trece años por intoxicación por gas lacrimógeno, y un hombre de 48 años con herida de bala en el brazo derecho. El alcalde provincial de Chucuito-Juli, Víctor Raúl Anchapuri, ha pedido al gobierno y las fuerzas armadas y policiales no reprimir a su pueblo, y "no utilizar armas de fuego u otros objetos que puedan herir a la población que se encuentra en pie de lucha", según un comunicado compartido en las redes sociales.

Protestas también en una base militar

Sobre el ataque a la base militar de Juli, establecida temporalmente en un hotel, el comunicado ministerial ha asegurado que ha sido producido por un grupo de personas que habrían provocado lesiones a diez efectivos del Ejército, que presentan contusiones y cortes en cabeza y brazos. Además, se ha producido otro ataque contra la sede del Poder Judicial y se quemaron vehículos de la comisaría, del personal de la Policía y de la patrulla militar.

"La violencia contra instalaciones estatales, así como contra el personal policial y el servicio militar que se encuentra al interior de las mismas, no tiene justificación alguna", razón por lo cual se han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y entablar las acciones legales correspondientes, ha agregado el Ejecutivo.

La región de Puno, en la que se encuentra Juli, mantiene los bloqueos de caminos y paros de actividades desde enero pasado en que sus pobladores salieron a las calles a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una dura represión provocó la muerte de 18 personas en la vecina ciudad de Juliaca.

Esta semana una delegación de sus pobladores llegó a Lima para insistir en la demanda de elecciones generales anticipadas, pero un grupo de mujeres con sus pequeños hijos cargados fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, lo que enervó a sus paisanos. La Defensoría del Pueblo hizo un "llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli" y añadió que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos de violencia ocurridos este sábado y las causas de las lesiones ocasionadas a los heridos.

Las protestas ya dejan 70 muertes

En Lima, una marcha convocada en el centro de la capital se ha dividido en varios grupos después de que la Policía impidiera su avance hacia el Palacio de Gobierno o el Congreso. Las autoridades peruanas también han recurrido a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, muchos de los cuales llegaron desde las regiones sureñas de Puno o Apurímac.

Desde diciembre pasado, cuando estallaron las protestas después del fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, han muerto 70 personas a raíz de las manifestaciones, que piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas. Según la Defensoría del Pueblo, 48 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo.

Otras 11 personas habrían muerto debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes. La presidenta Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima, pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía.

El primer ministro, Alberto Otárola, diijo el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos.