Los embargos de vivienda habitual bajan un 5% hasta 11.556 en 2022

• Las ejecuciones hipotecarias en todo tipo de inmuebles sumaron 25.551 el año pasado
• El INE indica que la mayoría fueron en una vivienda habitual de segunda mano adquirida entre 2005 y 2008

Un desahucio en Málaga.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual iniciadas en 2022 fue de 11.556, un 5% menos interanual, con lo que suman dos años por encima de las 11.500 operaciones.

El Instituto Nacional de Estadística indica que en total, de toda clase de inmuebles, hubo 25.551 embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, lo que supuso un 22,3% menos que en 2021.

El INE aclara que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el desahucio de sus propietarios, y que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca.

Una vivienda usada en propiedad

De las 14.148 viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria en 2022, 11.556 fueron habituales en propiedad y 2.592 no eran residencia habitual de los propietarios, un 12,8% menos.

Atendiendo al estado del piso, el 11,7% de los embargos en 2022 fueron sobre viviendas nuevas, que se redujeron un 20,6%, y el 88,3% sobre viviendas usadas, que cayó un 18,3%.

Por lo que respecta al año de constitución de la hipoteca, el 15,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el año correspondió a hipotecas constituidas en 2007; el 14,9% a hipotecas constituidas en 2006, y el 10,4% a hipotecas de 2005. Así, el periodo 2005-2008 concentró la mitad de los embargos, el 50,1%, en 2022.

Más embargos en Andalucía y Levante

Las comunidades con más fincas embargadas fueron Andalucía (5.916), la Comunidad Valenciana (4.943) y Cataluña (4.749); la Comunidad Foral de Navarra, con 152, Cantabria, con 210, y el País Vasco, con 286, registraron el menor número.

Sobre viviendas, Andalucía, con 4.362; la Comunidad Valenciana, con 3.344, y Cataluña, con 3.136, registraron el mayor número, en tanto que Navarra, con 83; La Rioja, con 109, y Cantabria, con 124, mostraron las cifras más bajas.

Entre octubre y diciembre, el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad fue de 6.366, un 55,1% más que el trimestre anterior y un 22,3% menos que en el mismo trimestre de 2021.

Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 3.049 eran habituales en propiedad, un 7,9% menos que en el mismo trimestre de 2021, y 630 no eran residencia habitual de los propietarios, un 24,8 % menos.

Dos tercios, son viviendas

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 65,3% del total de ejecuciones hipotecarias en el cuarto trimestre de 2022; un 47,9% del total eran viviendas habituales de personas físicas, que sumaban 3.679, un 11,3% menos que en el cuarto trimestre de 2021.

El 7,5% correspondió a viviendas de personas jurídicas, 480, y un 61,6% menos que un año antes, y el 9,9% a otras viviendas de personas físicas, un total de 630 (el 24,8 % menos).

Los embargos de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) representaron el 27,1% del total.

Solo uno de cada diez es un piso nuevo

Según el estado de la vivienda, el 9,6% de las ejecuciones hipotecarias en el cuarto trimestre fueron sobre viviendas nuevas, que se redujeron un 37,1%, y el 90,4% sobre usadas, que cayeron un 21,1%.

El 15% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el cuarto trimestre correspondió a hipotecas constituidas en el año 2007; el 14,9% a hipotecas constituidas en 2006, y el 11,4% a hipotecas de 2005.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, Andalucía (1.568), la Comunidad Valenciana (1.172) y Cataluña (1.119), concentraron el mayor número de embargos, mientras que Navarra (34), Cantabria (36) y Aragón (70) registraron el menor.

En el caso de viviendas, Andalucía (1.141), la Comunidad Valenciana (840), y Cataluña (772) presentaron el mayor número de ejecuciones, en tanto que las cifras más bajas se dieron en Cantabria (22), Navarra (22) y el País Vasco (25).