El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de paridad: "Consolida a España como uno de los países más avanzados"

• Afecta a los partidos políticos, los gobiernos, la Administración Pública, las grandes empresas y las compañías cotizadas
• Se establece un plazo de adaptación hasta junio de 2024 y, en el caso de las grandes empresas, hasta julio de 2026

El Gobierno aprueba la ley de paridad para garantizar un 40% de mujeres en puestos directivos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, el anteproyecto de ley para asegurar la paridad en los futuros gobiernos y en las direcciones de las grandes empresas, que deberán tener de forma obligatoria al menos un 40% de mujeres.

"Damos un paso importante hacia la igualdad efectiva con un anteproyecto que garantiza la participación de las mujeres en los órganos de decisión del país, que rompe techos de cristal en el ámbito público y privado y consolida a España como uno de los países más avanzados en igualdad de género a nivel mundial", ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Se trata de una medida que fue anunciada el pasado sábado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que se pone en marcha por una cuestión de "justicia social", señaló. "Pero también de racionalidad económica", ha dicho Calviño, pues "hay que aprovechar el 100% del talento femenino de nuestro país para mejorar la productividad de las empresas y para tener un crecimiento más fuerte y más sostenible en el tiempo".

Una norma "más allá de la directiva comunitaria"

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya establece en sus recomendaciones para el año 2022 que el 40% de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas sean mujeres, si bien esta norma implica la obligatoriedad de alcanzar este porcentaje. "Va más allá de la directiva comunitaria, tanto en el plazo como en el ámbito de aplicación y la ambición del propio texto legal", ha recalcado la vicepresidenta.

Así, no solo afectará a los órganos de decisión de las empresas cotizadas. También lo hará en entidad de interés público o compañías no cotizadas con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de volumen de negocio anual; así como a las juntas de gobierno de los colegios profesionales y a los jurados que concedan premios o reconocimientos financiados con dinero público.

Respecto a los plazos, las sociedades cotizadas deberán asegurar que sus consejos de administración al menos tienen un 40% de consejeros del sexo menos representado antes del 1 de julio de 2024. El resto, por su parte, contarán con un plazo adicional hasta julio de 2026 "para que dispongan de un tiempo suficiente para adaptarse", ha dicho Calviño.

Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Nadia Calviño sobre la ley de paridad: "Queremos unas obligaciones concretas para avanzar hacia la igualdad de género" - Escuchar ahora

Mientras que en el plano político, las candidaturas electorales deberán tener una composición paritaria de hombres y mujeres mediante listas cremallera y, finalmente, se dispone que el Gobierno de España tendrá también que regirse por el principio del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.

"En conclusión, con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora, a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica", ha destacado Calviño.

Podemos pide que se extienda a otros órganos

Mientras que la parte socialista el Ejecutivo defiende la norma, para Unidas Podemos la prioridad de su partido no es que "unas pocas mujeres" consigan "reventar los techos de cristal", sino que lo haga "hasta la mujer más machacada". No obstante, desde el Ministerio de Igualdad han hecho propuestas como que la paridad se extienda al CGPJ y a los órganos constitucionales, aseguran fuentes a RTVE.

Por su parte, la portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, ha calificado la norma de "propaganda"; el líder de Vox, Santiago Abascal, la tildó de "parida"; mientras que la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, defendió la meritocracia como forma de llegar a los puestos de decisión y rechazó las cuotas.

También el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha criticado la ley "No nos gusta en absoluto la obligatoriedad", ha subrayado. Además, ha planteado que es "muy complicado cumplir" leyes de este tipo y que la norma "quita autonomía a las decisiones de las empresas".