Bruselas permitirá a países de la UE igualar ayudas de terceros como EE.UU. para evitar la fuga de empresas

• Busca paliar el impacto de la nueva Ley para la Reducción de la Inflación estadounidense
• Así como contrarrestar el efecto de las inversiones en tecnologías limpias anunciadas por China

Banderas de la Unión Europea ondean ante la sede de la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica)

La Comisión Europea permite desde este jueves a los gobiernos europeos igualar bajo ciertas condiciones las ayudas que Estados Unidos conceda a la producción de tecnologías limpias, a fin de evitar la fuga de plantas industriales.

Esta medida forma parte del plan del Ejecutivo comunitario para contrarrestar el impacto en la economía europea de la nueva Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, con un paquete de 369.000 millones de dólares en subsidios para potenciar la inversión 'verde', y a las inversiones en tecnologías limpias anunciadas por China, que supera los 280.000 millones de dólares.

Sin embargo, Bruselas limita estas ayudas a una serie de productos que considera vitales para avanzar en la transición hacia una economía descarbonizada, como baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor o electrolizadores, así como a la obtención de las materias primas fundamentales conexas necesarias para la producción de los equipos correspondientes, según ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

Ayudas públicas, "en casos excepcionales"

En concreto, los Estados miembros podrán asignar ayudas públicas a empresas "en casos excepcionales" si existe "riesgo real" de que las firmas reorienten sus inversiones fuera de Europa en busca de condiciones más ventajosas en terceros países.

En estos casos, los gobiernos del bloque podrán recurrir a la opción más barata entre dos posibilidades: conceder ayuda de una cantidad "equivalente" a la que la empresa pueda recibir en una "ubicación alternativa" u otorgar el montante "necesario para incentivar a la compañía a ubicarse dentro del Espacio Económico Europeo (EEE)".

Esta nueva herramienta, sin embargo, está sujeta a una serie de "salvaguardias", como por ejemplo que se trate de inversiones en territorios que puedan recibir fondos regionales o de inversiones transfronterizas que involucren al menos a tres Estados miembros y que una parte "significativa" de la misma tenga lugar en esas áreas "asistidas".

Áreas "asistidas" en España

En el caso de España, estas regiones asistidas representan el 66,29% de la población e incluyen a Canarias, con una intensidad máxima de ayuda para las grandes empresas del 50%; Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, y las ciudades de Ceuta y Melilla y Cuenca, con una intensidad máxima del 30%.

En las provincias de Teruel y Soria, esa ayuda será de hasta el 20%, mientras que en Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Baleares, Huesca y parte de Castilla y León, Zaragoza, Madrid, Cataluña, Navarra y el País Vasco se reduce al 15%.

La Comisión también ha aprobado un aumento de la intensidad máxima de ayuda para las grandes empresas de dos provincias de Castilla y León: del 15% al 25% en Salamanca, y del 15% al 20% en Zamora; así como en algunas regiones de Andalucía, donde podrá alcanzar hasta el 40% y en la Región de Murcia, donde el umbral de inversión se situará en el 25%.

Mayor novedad del marco temporal

Esta nueva herramienta es la mayor novedad de una actualización de marco temporal de ayudas de Estado que la UE adoptó para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, y que ahora queda prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025, tras el proceso de consulta que Bruselas lanzó el pasado 1 de febrero para aquellas medidas cuyo fin es acelerar la transición.

Por esta razón, los cambios prorrogan también hasta finales de 2025 la posibilidad de que los Estados miembros desplieguen medidas para desarrollar una industria libre de emisiones, como son acciones para acelerar las renovables o programas de ayuda para impulsar la descarbonización de procesos industriales.

En la misma línea, simplifica las condiciones para la concesión de ayudas a pequeños proyectos y tecnologías "menos maduras", como el hidrógeno renovable, retirando la obligación de canalizarlas a través de procesos de subastas.

Por contra, todas aquellas provisiones vinculadas directamente al impacto de la crisis energética, como subvenciones limitadas, apoyo a la liquidez con préstamos blandos o avales públicos y compensaciones por los mayores costes energéticos) siguen estando permitidas por ahora únicamente hasta el 31 de diciembre 2023.