Denuncian a El Salvador ante la CIDH por arrestos arbitrarios durante el régimen de excepción

• El régimen de excepción se acerca a cumplir un año de vigencia y se ha ido prorrogando por términos de 30 días
• Están suspendidas garantías como el derecho a la defensa de los detenidos y se amplían los plazos de la detención

Familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador.

Los familiares de 66 personas detenidas en la remota zona del Bajo Lempa, en el oriente de El Salvador, han denunciado al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la "violación sistemática" de sus derechos.

Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal, ha informado este viernes en una rueda de prensa de que presentaron la denuncia el 7 de marzo en representación de los familiares de los detenidos, que defienden su inocencia.

Ábrego ha dicho que se trata de "detenciones arbitrarias" y que "son una muestra de los casos que han ocurrido en las comunidades", dado que "hay más casos".

"A las personas detenidas se les han violado varios derechos de la Convención Americana", ha dicho el letrado, quien ha detallado que uno de ellos es la libertad personal, dado que "hay una práctica arbitraria de detenciones sin investigación previa y sin fundamento".

Ha lamentado que en el marco de este régimen de excepción "no ha habido oportunidad de que los jueces sean independientes para valorar darles medidas" alternas a la detención.

El país vive desde hace casi un año en régimen de excepción

Otra garantía que, de acuerdo con Cristosal y los familiares de los detenidos, se ha violado es el debido proceso. Bajo el régimen de excepción, que se acerca a cumplir un año de vigencia y se ha ido prorrogando por términos de 30 días, se suspenden garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos y se amplían los plazos de la detención.

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Son más de 65.000 detenciones de las que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha informado y de las que más de 3.300 personas se han liberado, aunque organizaciones humanitarias señalan que se han dejado bajo libertad condicional.

Con las fotos de sus familiares y con la consigna de "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!", unas 50 personas han pedido, durante la conferencia de prensa, la libertad de los detenidos que no tienen relación con las pandillas.

De acuerdo con un seguimiento del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), son más de 3.500 habeas corpus, con solicitudes de liberación, los que no ha resuelto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el marco del régimen de excepción.

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