La Audiencia de Madrid ordena procesar a la alcaldesa de Móstoles por indicios de prevaricación en el 'caso ITV'

• Considera que no se puede descartar la existencia de indicios por condonar una deuda de 2 millones de euros a una empresa
• Desde el Ayuntamiento han pedido respetar la presunción de inocencia y recuerda que el asunto ya "fue juzgado y sobreseído"

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, durante un pleno

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado este lunes al juez que instruyó el denominado 'caso ITV' que procese a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y a siete ediles de la Junta de Gobierno al considerar que no se puede descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de dos millones de euros.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles acordó el sobreseimiento provisional de esta causa, al entender que "en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas", pero ahora la Audiencia Provincial ha revocado esa decisión.

En un auto adelantado por el diario El País, la Audiencia estima el recurso de apelación presentado por los dos querellantes, los ediles de Más Madrid Gabriel Ortega y Susana Millán.

Los magistrados acuerdan que se revoque el auto dictado en marzo de 2022 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles y ordenan al Juzgado Instructor que acuerde la transformación de la causa en procedimiento abreviado. Este trámite procesal supone la conclusión de la instrucción penal y el inicio de la fase intermedia de cara a la celebración del juicio, si así lo acuerdan las partes, con la presentación de los respectivos escritos de acusación o defensa. El siguiente paso sería la apertura de juicio oral.

Otros investigados

Además de a la actual alcaldesa, la causa investiga al primer teniente de alcalde, David Muñoz; la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y la de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, todos ellos del PSOE.

Figuran asimismo como investigados la actual concejala socialista de Igualdad, Dolores Triviño; la anterior responsable de dicho área,  Beatriz Benavides,  también del PSOE aunque ahora jubilada y fuera de la Corporación; y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos.

Todos ellos, junto a la alcaldesa y el exedil de Hacienda y ahora de Recursos Humanos, Aitor Perlines (PSOE), que también fueron llamados a declarar por el mismo caso, formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.

El Ayuntamiento condonó las tasas de la utilización de suelo público

La querella que dio pie a la investigación fue interpuesta en febrero de 2021 por los dos ediles de Más Madrid en Móstoles, Susana García y Gabriel Ortega, al entender que el Ayuntamiento "perdonó el cobro de las tasas" derivadas de la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad.

Los ediles de Más Madrid aseguraban que la decisión de no cobrar la deuda respondió al "mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero", que atendieron "al interés de la empresa privada" y no al de la administración pública.

"La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años", añadían en su escrito.

Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles insistía en su auto de sobreseimiento, ahora revocado, en que había quedado "acreditado, pese a lo que dicen los querellantes, que el acuerdo alcanzado era favorable para las arcas públicas".

En este sentido, reiteraba que el acuerdo alcanzado "era el mal menor", ya que "si la mercantil ITV Móstoles S.L. hubiera sido declarada en concurso de acreedores, el Ayuntamiento de Móstoles hubiera tenido serias dificultades para hacer valer su derecho de crédito frente a otros créditos privilegiados".

El Ayuntamiento defiende su inocencia

Tras conocer el auto, desde el Ayuntamiento han pedido respetar la presunción de inocencia de la alcaldesa y sus ediles, reiterando además que, si no se revisaban las condiciones de la concesión de ITV Móstoles S.L., habría tenido que "cerrar y despedir a 40 personas".

"De la misma forma que se eliminaron los cánones de las terrazas o la Comunidad de Madrid eliminó los de la plaza de toros de Las Ventas, nosotros pedimos informes al órgano responsable y este realizó unos informes favorables que además se añadieron a otros que informaban de la legalidad del asunto", ha remarcado a EFE la edil de Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, una de las personas investigadas.

Ruiz ha insistido en que el asunto "fue juzgado y sobreseído" y que "ahora la Audiencia, en su auto, no prejuzga la resolución tomada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles", sino que ordena "la continuación del procedimiento por vía ordinaria" sobre "esta querella política".