Colau niega en el juicio por coacciones haber dado instrucciones para sancionar a un fondo de inversión
- Un fondo de inversión denunció que Colau presionó con sanciones para que destinara viviendas a alquiler social
- Colau ha explicado que delegó sus funciones en materia de concesión de licencias en los servicios municipales
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes ante la jueza que la investiga por presunta prevaricación y coacciones haber dado indicaciones a los servicios municipales para que sancionaran al fondo de inversión Vauras con el fin de que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social o les paralizaran obras como forma de presión.
Colau ha declarado este lunes como investigada a raíz de la querella que presentó contra ella el fondo de inversión Vauras, que mantiene que el Ayuntamiento le presionó mediante sanciones y trabas administrativas para que destinara viviendas a alquiler social.
El Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona investiga a Cola, a una funcionaria municipal y a los concejales de Sants-Montjuïc, Marc Serra, y de Vivienda, Lucía Martín, por presuntas coacciones a Vauras, supuestamente relacionadas con el acceso a licencias de obras y encaminadas a evitar el desahucio del Bloc Llavors, que se produjo en 2021.
En una breve declaración, Colau, que se ha negado a responder a las preguntas de Vauras, ha explicado que poco después de acceder a la Alcaldía delegó sus funciones en materia de concesión de licencias en los servicios municipales, por lo que no tuvo intervención alguna en los procesos sancionadores ni en lo expedientes de obras relacionados con el fondo de inversión, según han informado fuentes jurídicas.
Posteriormente, en una rueda de prensa, Colau ha explicado que su declaración en los juzgados ha ido muy bien, que ha durado en torno a 10 minutos, lo que para ella demuestra que "no hay nada, no hay caso", y confía en que se archivará.
La querella del fondo de inversión
La querella de Vauras contra la alcaldesa, que está investigada en otro juzgado de Barcelona por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines, fue archivada por la misma jueza instructora en noviembre de 2020 al no ver indicios de delito, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla en abril del año pasado.
En la comparecencia de este lunes, los abogados del fondo de inversión han anunciado que pedirán más diligencias para aclarar los hechos, por lo que lo más probable es que la alcaldesa afronte las elecciones municipales del próximo mes de mayo sin que haya una resolución sobre la querella.
Vauras acusa a Colau, además de a sus concejales Lucía Martín y Marc Serra, de haberles amenazado con detener o paralizar las licencias de obras de edificios que estaba construyendo el fondo si no ofrecían pisos de alquiler social a las familias vulnerables que pretendían desahuciar del edificio de Barcelona conocido como "Bloc Llavors".
La querella también sostiene que el Ayuntamiento, como medida de coacción, impuso a Vauras hasta seis multas por incumplimiento de la ley catalana de vivienda que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas, varios de cuyos preceptos fueron anulados después por el Tribunal Constitucional.
La jueza no halla nada atribuible a Colau
Al inicio de la declaración, la jueza ha advertido a Colau de que había examinado los expedientes que obran en la causa sin hallar ninguna resolución atribuible a la alcaldesa de la que pudiera derivarse el delito de prevaricación que le imputa Vauras, pero le ha pedido que aclare si dio alguna instrucción a los servicios municipales sobre el fondo de inversión.
En ese sentido, Ada Colau ha puntualizado que, si bien ella se había interesado por los desahucios del "Bloc Llavors" por ser un asunto de "especial sensibilidad", no tuvo contacto alguno con Vauras ni intervino en los expedientes que se le abrieron, ya que fue el gerente del Instituto Municipal de Vivienda quien los resolvió, de acuerdo con una propuesta de los servicios jurídicos.
Colau ha negado haberse reunido con los propietarios del bloque y ha afirmado que ni siquiera los conoce personalmente, y a preguntas de la fiscal también ha negado haber dado indicaciones a los Mossos d'Esquadra, a través del entonces conseller Miquel Buch, o a los servicios sociales para entorpecer el desahucio del Bloc Llavors, como insinuaba el fondo en la querella que inició la causa.
Tras el desahucio del "Bloc Llavors", situado en la calle Lleida, el Ayuntamiento de Barcelona abrió expedientes sancionadores a Vauras Investments por seis faltas, una por cada una de las seis familias vulnerables del edificio a las que el fondo de inversión no había ofrecido alquiler social, con multas de en total 400.000 euros.
Una vez el Constitucional anuló los preceptos de la ley catalana de vivienda en que se basaban las multas, un juzgado al que el fondo de inversión había recurrido las sanciones obligó al Ayuntamiento a retirar la primera de ellas, criterio que llevó al Consistorio a anular el resto.
Ha recordado que los expedientes sancionadores los hizo el Institut Municipal d'Habitatge a propuesta de los servicios jurídicos.
Causa reabierta
La declaración de Colau llega después de que la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir la causa --la instructora ya la había cerrado pero Vauras lo recurrió-- y su defensa prevé pedir archivarla de nuevo una vez se hayan practicado todas las diligencias de investigación.
Por ahora no hay más declaraciones señaladas y su defensa prevé que no se agenden más hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo.
Por su parte, los concejales Serra y Martín declararon el viernes ante la jueza: también negaron coacciones al fondo y afirmaron que representantes de Vauras pidieron al Consistorio que acelerara licencias de obras para otros edificios que tienen en la ciudad a cambio de dar en alquiler social para familias vulnerables pisos del Bloc Llavors.
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