El Gobierno envía un requerimiento a Castilla y León para que reponga el Servicio Regional de Relaciones Laborales

• La viabilidad del organismo está en cuestión por la falta de financiación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo
• El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusa al Ejecutivo de "atacar" a la región

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto del pasado viernes en Cádiz.

El Gobierno ha presentado un requerimiento judicial -con fecha a 10 de marzo- para pedir a la Junta de Castilla y León que "reponga inmediatamente el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA)", cuya viabilidad está en cuestión por la falta de financiación pública de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Vox.

Según la web de la Junta, el SERLA es "un órgano extrajudicial, autónomo y paritario" destinado a resolver "mediante la conciliación, mediación y el arbitraje, las diferencias surgidas en las controversias laborales, colectivas o plurales, buscando una solución a las mismas de forma ágil, sencilla y eficaz".

A través de su cuenta en Twitter, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este paso después de que hace unas semanas pidiera al Ejecutivo autonómico que mantuviera el apoyo a este servicio de mediación laboral prejudicial, sin financiación desde enero, lo que ha generado las críticas de la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC.OO. hacia la Junta.

"Garantizar el diálogo social es ensanchar la democracia y lo defenderemos con todos los medios a nuestro alcance", ha advertido Díaz.

Preocupación por las consecuencias de no continuar con el acuerdo social

La semana pasada, representantes de los sindicatos y la patronal se desplazaron a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra (Suiza) para reclamar su intervención en este conflicto, que los agentes económicos y sociales ven como una "muy grave e indeseable situación de incertidumbre jurídica".

Los interlocutores del organismo internacional compartieron con los sindicatos y la patronal su "enorme preocupación por las consecuencias irreparables que tendría para la ciudadanía de Castilla y León la no continuación de la concertación social y cualquier cuestionamiento a los agentes del Diálogo Social".

Desde la presentación del proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2023, los sindicatos y la patronal han criticado la ausencia de financiación de un servicio de mediación laboral que consideran dentro de la normativa autonómica y que ha tenido el respaldo del Ejecutivo autonómico desde hace más de dos décadas.

Motivos de los cortes en la financiación

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), fue quien cortó esta financiación al considerar que los trabajos de mediación realizados por el SERLA pueden ser desarrollados por personal de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León.

Desde su llegada al cargo, Veganzones mantiene fuertes enfrentamientos con los integrantes del Diálogo Social por su intención de reducir las partidas que reciben para desarrollar diferentes programas de formación, mediación y prevención de riesgos, entre otras materias. Esto ha llevado a los sindicatos a convocar protestas ante las Cortes de Castilla y León y la propia Consejería de Industria.

Mañueco acusa al Gobierno de "atacar" de nuevo a Castilla y León

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "atacar" de nuevo a la región con el requerimiento que ha mandado este lunes la ministra de Trabajo.

"El Gobierno vuelve a sobreactuar", ha denunciado Mañueco en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Comité Ejecutivo del PP en la sede nacional del partido. En este sentido, ha dicho que no entiende este requerimiento, como tampoco lo hizo con el que le mandó el Gobierno central en el mes de enero tras la polémica con el protocolo sobre el aborto en la región.

En este sentido, Mañueco ha señalado que ha garantizado "de palabra" al Gobierno de Sánchez que las competencias de los conflictos laborales "están garantizadas".

Según ha dicho, "las buenas relaciones entre empresarios y sindicatos hacen que Castilla y León sea una de las comunidades con menor tasa de paro de este país", apostillando que "más le valdría a Yolanda Díaz encontrar los fijos discontinuos que han salido de las cifras de las estadísticas del INEM".