Seguridad social y empleo vuelven a protagonizar las principales quejas ante el Defensor del Pueblo

• Gabilondo denuncia la elevada temporalidad en el empleo público
• Recoge las dificultades para pedir cita en la Seguridad Social y en los servicios de empleo

Seguridad social y empleo vuelven a protagonizar las principales quejas ante el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo recibió 31.077 quejas en 2022, 2.062 más que en 2021, la mayoría relacionadas con la Seguridad Social y el empleo, con la Administración de Justicia, con la función y empleo públicos, con Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, la sanidad y la actividad económica.

Su titular, Ángel Gabilondo, ha puesto de relieve que han sido "cuantiosas" las quejas recibidas "por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES)". Así, consta en el informe anual remitido este lunes a las Cortes Generales.

Las listas de espera para consultas externas y pruebas diagnósticas se ha seguido incrementando "de forma notable", denuncia el documento, en el que también se critica que la "dilación" en la valoración de la discapacidad hace que haya personas que fallezcan antes de recibir las ayudas.

Temporalidad de los funcionarios

El Defensor del Pueblo vuelve a manifestar su preocupación por las elevadas tasas de temporalidad de los empleados públicos que se ha convertido “en una práctica en la generalidad de las Administraciones Públicas desde hace décadas”, y explica que se agravó con la crisis económica de 2008 y con “las restricciones presupuestarias” adoptadas con posterioridad, “que afectaron a las tasas de reposición como mecanismo ordinario de reemplazo de personal”.

Ante las dificultades para incorporar a nuevos trabajadores, el Defensor del Pueblo dice que las Administraciones Públicas han utilizado durante años la contratación temporal “como forma de dar respuesta a sus necesidades inaplazables de personal”.

Ante esta realidad, el informe advierte de que este modo de proceder “no se acomoda a la directiva” que declara los contratos de duración indefinida “como la forma más común de relación laboral". De hecho, tras distintas denuncias sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por violación de la mencionada directiva.

Exclusión financiera de los inmigrantes

El Defensor del Pueblo advierte de que los requisitos que ponen las entidades financieras a extranjeros para abrir una cuenta básica de pagos hacen que "al menos parte de la población inmigrante" residente en España esté en riesgo de caer en la exclusión financiera.

Sin entrar a valorar las facilidades que la banca ha dado a los ucranianos, el Defensor de Pueblo señala las trabas para abrir una cuenta con las que se encuentran los inmigrantes en situación irregular, o la exigencia de unos requisitos que no se les piden a los españoles.

Por parte de las entidades bancarias se esgrime la legislación en materia de blanqueo de capitales para negar la apertura de estas cuentas. También se solicita, en ocasiones, una prueba negativa, es decir, se les pide que acrediten la imposibilidad de su expulsión.

Quejas por el alquiler joven

Las ayudas del Bono Alquiler Joven han dado lugar a la presentación de un “elevado número de quejas” por incidencias “puntuales” en su tramitación, pero, en general, por la “excesiva demora” en convocar y resolver las ayudas, así como en las “discrepancias con los requisitos exigidos”.

El organismo denuncia que no ha podido hacerse “efectivo” el pago de “todas las ayudas reconocidas” del paquete aprobado para “contribuir a minimizar el impacto económico y social de la covid-19 en los alquileres de vivienda habitual”, algo que resulta “preocupante y desvirtúa la razón que llevó a su creación”.

Ayudas fuera del IRPF

El Defensor del Pueblo ha recomendado estudiar la posibilidad de eximir del pago de IRPF a las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión, como el bono social térmico, para equipararlas a las de comunidades autónomas y entidades locales.

Sería "deseable que se produjera la equiparación de la tributación de las ayudas con independencia de quién las haya establecido o las gestione". Así, detalla que el bono social térmico es una ayuda estatal que no se encuentra incluida en los supuestos de exención, como sí están otras prestaciones.

Otra de las recomendaciones del Defensor del Pueblo pide una revisión de oficio a los procedimientos en los que se haya denegado a hombres beneficiarios de pensión contributiva su derecho al complemento por maternidad y se proceda a su reconocimiento si reunen los requisitos.

Por otra parte, el informe recoge recomendaciones para mejorar la incorporación a la Administración de personas con discapacidad o evitar discriminación por motivos de edad -por ejemplo, para permitir acceder a las oposiciones a mayores de 65 años-, así como para que la información de procesos de empleo público se publique en castellano.