Las personas LGTBI no tienen prioridad para obtener un trabajo con la nueva ley de empleo

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Tuits que difunden la falsa idea de que todas las personas LGTBI tendrán más derechos a la hora de acceder a un empleo

En redes sociales circulan mensajes que sugieren que las personas LGTBI van a tener prioridad a la hora de encontrar un trabajo con la nueva ley de empleo. Es falso. Esta normativa incluye a las personas LGTBI como colectivo de atención prioritaria, pero esto no implica que vayan a tener más derechos para acceder a un trabajo por su orientación sexual.

"Me parece una medida injusta y discriminatoria que el SEPE priorice a las personas LGTB por encima de otras que también necesitan un empleo”, expone un mensaje de Twitter. "Ahora una trans tiene más derechos que un hombre o mujer .... En el paro tienen prioridad para conseguir empleo (sic)”, dicen desde otra cuenta. "No es de recibo que las lesbianas, gays, trans, o discapacitados, tengan prioridad a la hora de obtener empleo”, escribía otro usuario.

El 1 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva ley de empleo (3/2023) que incluye a las personas LGTBI, en particular a las personas trans, dentro de los colectivos de atención prioritaria. La norma los define como "colectivos con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad”. Según el artículo 50 de la ley, dentro de este grupo también se encuentran "las personas jóvenes especialmente con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración y personas con discapacidad", entre otras.

Formar parte de un colectivo de atención prioritaria no otorga más derecho para conseguir un empleo

Tal y como se especifica en el artículo 50 de la nueva ley, las personas del colectivo de atención prioritaria podrán acceder a "programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad”. Desde el despacho Olympe Abogados especializado en el colectivo LGTBQI+, su cofundador Isaac Guijarro explica a VerificaRTVE que "lo que van a hacer es crear una formación profesional o cursos específicos adaptados a tus necesidades, no como persona LGTB, sino como persona excluida del mercado laboral durante décadas de manera estructural por tu pertenencia al colectivo LGTB”. Por tanto, "no es tanto saltarte puestos en la cola del paro, sino intentar que te pongas en la cola del paro”.

El responsable del área LGTBI de UGT, Toño Abad, insiste en que "aquí no se trata de acudir a una oficina del SEPE y decir ‘oiga, que soy LGTBI, deme un empleo”. Para Abad "se trata de que los servicios públicos que atienden a estos colectivos en situaciones de vulnerabilidad tengan la capacidad de utilizar las políticas activas de empleo para insertarlos en el mercado laboral, u ofrecer oportunidades formativas y de alguna manera, mejorar su empleabilidad”.

¿Por qué se incluye a las personas LGTBI como colectivo de atención prioritaria?

Se incluye a las personas LGTBI entre los colectivos de atención prioritaria debido a la discriminación laboral que sufren. Según nos explican fuentes del ministerio de Trabajo y Economía Social el objetivo de incluirlas es "ayudar en aquellos casos en que la pertenencia al colectivo LGTBI pudiera causar algún tipo de discriminación a la hora de acceder al empleo”. Es decir, la ley "no se refiere al colectivo LGTBI en general, sino a aquellos que tienen esas dificultades”, aclara Toño Abad de UGT. En la misma línea se manifiesta Isaac Guijarro de Olympe Abogados: "La ley habla de colectivos prioritarios en cuanto a la vulnerabilidad y no en cuanto a la pertenencia a una raza o al colectivo LGTB”.

Los estudios demuestran que el colectivo LGTBI sufre discriminación laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura que "en muchos países las personas trabajadoras LGBTIQ+ se enfrentan a experiencias diarias de violencia, acoso, estigma y discriminación, y a menudo se les deniega oportunidades en todas las fases del ciclo del empleo” (pág. 5). En España, el 90% de las personas LGTBI consideran un inconveniente formar parte del colectivo LGTBI a la hora de encontrar empleo. Así lo revela un estudio de UGT, en el que el 86,6% de las personas LGTBI considera necesario ocultar su orientación o identidad de género para acceder a un trabajo (pág.12). Este trabajo subraya que las personas trans tienen una tasa de desempleo del doble (pág.11) respecto al resto de personas encuestadas (heterosexuales, lesbianas, gays y bisexuales).

Sindicatos y asociaciones coinciden en que es necesaria una ley para enfrentar la discriminación del colectivo LGTBI. "La valoramos positivamente”, nos asegura la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal. Toño Abad (UGT) sostiene que "venimos de un período muy largo donde no se ha tratado la diversidad LGTBI en el empleo” y "se han normalizado unos niveles muy altos de violencia”. Según destaca David Senabre, responsable del grupo laboral de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTBI+) el "miedo a perder el empleo todavía existe”. Para Senabre es "preocupante” el caso de los jóvenes que, "cuando encuentran su primer trabajo, vuelven a los armarios". Esto se debe a que "a día de hoy en las empresas ese espacio seguro [para las personas LGTBI] no existe”, explica el responsable de FELGTBI+.

Se acredita la vulnerabilidad, no la orientación sexual

En cuanto a cómo se acreditará la pertenencia a un colectivo vulnerable de atención prioritaria, la norma dice que "reglamentariamente se podrá adaptar la relación de colectivos vulnerables de atención prioritaria […] a la realidad socio-laboral de cada territorio y de cada momento y se concretará, cuando sea preciso, la forma de identificar la pertenencia a tales colectivos”. Según asegura el Ministerio de Trabajo y Economía Social a VerificaRTVE, "ningún ciudadano o ciudadana tiene que manifestar su pertenencia a cualquiera de los colectivos LGTBI ni, por supuesto, manifestar su orientación sexual”. Excepto que "la misma persona interesada considere que sea importante compartir esta cuestión en un proceso de atención personalizada con su orientador u orientadora”. Además, subrayan que "este tipo de datos especialmente protegidos no constan ni deben constar en ningún tipo de registro”.

Isaac Guijarro de Olympe Abogados es tajante: "Tienes que probar tu vulnerabilidad, no tu orientación sexual”. Indica que "si la persona es gay y esa es su vulnerabilidad pues tendrá que probarla […] igual que una persona víctima de violencia de género tiene que presentar su denuncia o su sentencia o una persona mayor de 45 años presenta su DNI, una persona trans tendrá que probar de alguna forma que es trans con la solicitud de la rectificación registral”. Este abogado añade que "estos casos casi siempre vienen derivados a través de sindicatos, del ayuntamiento, de servicios sociales […] entonces esas personas no van a tener que contar nada, para contárselo están los servicios sociales y demás”.

A la espera del desarrollo reglamentario de la norma

La ley señala que "corresponde al Sistema Nacional de Empleo, en sus distintos niveles territoriales y funcionales” aplicar esta norma y, cuando sea necesario, "los servicios públicos de empleo se coordinarán con los servicios sociales para dar una mejor atención a estas personas mediante protocolos de coordinación aprobados para tal fin”. Desde la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo reconocen que todavía están "trabajando en el desarrollo reglamentario de la norma”.

Los sindicatos UGT y CCOO expresan la necesidad de medidas específicas sobre cómo se aplicará la nueva ley de empleo para las personas LGTBI. Carolina Vidal (CCOO) declara que no saben "cuáles son los mecanismos ni las herramientas que se van a poner a funcionar”. Vidal explica que "esos itinerarios específicos y esas medidas colectivas e individuales se desarrollarán a partir de las políticas activas de empleo, donde también tienen mucho que decir el SEPE y las comunidades autónomas”. Esta responsable de CCOO resalta la importancia de que exista un "protocolo de coordinación con servicios sociales” porque "hay mil formas para saber que esas personas necesitan esa ayuda (…) pero tiene que estar reglado”. Desde UGT, Toño Abad insiste en que "estas situaciones de vulnerabilidad se tienen que resolver a través de los servicios sociales”.