Un nuevo informe de la ONU acusa a Bielorrusia de crímenes de lesa humanidad
- El documento se centra en abusos perpetrados entre mayo de 2020, año de las protestas masivas, y diciembre de 2022
- Las violaciones de derechos humanos recogidas incluyen detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual a detenidos
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado un informe sobre la situación en Bielorrusia que acusa al régimen presidido desde hace casi 30 años por Alexander Lukashenko de "crímenes de lesa humanidad".
Las violaciones de derechos humanos recogidas por el informe, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual a detenidos, "son parte de una campaña de violencia y represión dirigida intencionadamente contra opositores al Gobierno o personas que expresan opiniones críticas", se señala en el texto presentado este viernes.
Coincidiendo con la publicación del informe, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha pedido el fin de esta "represión sistemática" y la liberación de los condenados por motivaciones políticas, que según su oficina son al menos 1.462 a día de hoy. También recoge numerosas violaciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en un país donde "el espacio cívico está casi totalmente destruido", ha asegurado el alto comisionado Türk en un comunicado.
El informe fue realizado con entrevistas a 207 víctimas y testigos, y sin la colaboración de las autoridades bielorrusas, que no permiten la entrada de investigadores de la oficina de Naciones Unidas, ha indicado la portavoz de esta institución Elizabeth Throssell en rueda de prensa.
Cierre de ONG y medios independientes
En este sentido, el documento recuerda que las autoridades del país europeo han cerrado 797 ONG, mientras que casi todas las restantes (unas 400) interrumpieron su actividad por miedo a acciones judiciales contra ellas. Lo mismo hicieron la mayoría de los medios independientes tras ser algunos de ellos acusados de "extremistas", y también ha abandonado sus actividades la Asociación Bielorrusa de Periodistas, se indica en el informe.
De hecho, este mismo viernes dos trabajadoras del medio online tut.by, crítico con el gobierno de Bielorrusia, han sido condenadas a doce años de prisión cada una, según ha anunciado la Fiscalía del país. Se tratan de la directora general de dicho portal, Lyudmila Chekina, y su redactora jefe, Marina Zolotova, que fueron arrestadas en mayo de 2021 junto con otros empleados, de los cuales la mayoría han sido liberados posteriormente. Se les acusó de evasión de impuestos y de incitación al odio tras pedir sanciones a Bielorrusia. El medio, que cubrió activamente las protestas de 2020 contra Lukashenko, fue prohibido en 2020 y catalogado como una "organización extremista".
La ONU urge, además, a sus estados miembros a considerar principios de jurisdicción universal para buscar la rendición de cuentas de los responsables de las múltiples violaciones de derechos humanos en Bielorrusia. En ese país "continúa la terrible práctica de perseguir y castigar a individuos por llevar a cabo legítimos trabajos de defensa de los derechos humanos", ha asegurado Türk recordando la reciente condena de la líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, y del activista y premio Nobel de la Paz, Alés Bialiatski.
Violencia contra manifestantes entre 2020 y 2022
El informe, elaborado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se centra en abusos perpetrados entre mayo de 2020 (año de protestas masivas por presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de agosto) y diciembre de 2022.
El documento subraya que la represión violenta de los manifestantes en 2020 "fue aprobada al más alto nivel por el Gobierno, que la coordinó e incitó abiertamente", un uso desproporcionado de la fuerza que causó al menos cinco muertos, aunque "la cifra real podría ser mucho mayor". El texto recoge más de un centenar de casos de violencia sexual y de género contra detenidos, otra cifra que podría ser menor de la real, reconoce el informe, por miedo de las víctimas a sufrir estigma y represalias si presentan denuncias contra los abusos.
La Oficina de Naciones Unidas añade que el sistema judicial bielorruso ha sido sistemáticamente instrumentalizado "contra personalidades de la oposición, blogueros, periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes sindicalistas y abogados". Eso facilita prácticas como los juicios en ausencia del acusado (caso de la mencionada líder de la oposición en el exilio), la requisa de propiedades de opositores o la retirada de la nacionalidad, mientras "se ha extendido el alcance de la aplicación de la pena de muerte", advierte la Oficina de la ONU.