Más de 45.000 personas murieron en la lista de espera del sistema de la dependencia en 2022

• En total, se prestó atención a 1,3 millones de usuarios, 91.295 más que en 2021
• El tiempo medio desde la solicitud de dependencia oscila desde los 977 días en Canarias a los 125 de Castilla y León

Una persona sostiene la mano de una mujer anciana

Pese a la reducción en 15.923 personas de la lista de espera del sistema de la dependencia, 45.360 murieron en 2022 sin recibir la atención solicitada, "una cada 12 minutos". De ellas, 19.661 estaban pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 no habían ejercido sus derechos. Son datos de la evaluación presentada este viernes por el Observatorio Estatal de la Dependencia.

En total, el sistema de la dependencia atendió en 2022 a 1,3 millones de personas (91.295 más que en 2021), aunque 353.965 siguen con trámites pendientes sin recibir servicios y prestaciones, con una espera que se prolonga de media casi un año.

Las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación son Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9 %) y País Vasco (17,5%). Entre las que menos se encuentran Castilla y León (0,18%), Castilla-La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).

Además, tres regiones aumentaron la lista de espera pese a haber recibido el incremento presupuestario del plan de choque para reducirla: Asturias (la incrementó un 34,7%), Baleares (un 31%) y Región de Murcia (29,6%). Sí han cumplido ese objetivo, sin embargo, La Rioja (que la redujo el 45,8%), Aragón (43,7%), Cantabria (36%) y Canarias (28,9%).

"El Gobierno de España ha cumplido con el aumento presupuestario del plan de choque para la dependencia, pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de reducir la lista de espera e incrementar las prestaciones y servicios", ha explicado el presidente del observatorio y de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Incluso diez comunidades "hicieron caja con el incremento presupuestario del Ejecutivo central reduciendo su propio presupuesto", ha denunciado. Se trata de Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Casi 1.000 días de espera en Canarias y 125 en Castilla y León

El tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación es de 344 días, aunque oscila desde los 977 días en Canarias, a los 125 de Castilla y León. Así, si se mantiene el ritmo de reducción de la lista de espera del último año, se tardarán 11 en lograr la plena atención de los dependientes, ha advertido el responsable del observatorio.

"Solo se ha reducido en 15.923 personas (un 8,28 %) y si lo sumamos a las 38.807 de 2021 no alcanzan ni las 60.000 que planteaba como objetivo el plan de choque para el primer año" y que esperaba una reducción del 25,8 %, ha detallado. La evaluación ha alertado en ese sentido del aumento en 2022 de las personas que esperaban una valoración, que eran 131.810 personas, 7.214 más que en 2021 cuando fueron 124.596.

A ellas se suman 177.423 personas que ya tienen el derecho reconocido, pero aún no reciben la atención, otras 22.829 con resolución de Programa Individual de Atención (PIA) sin prestaciones y 21.903 solicitantes que las comunidades no han registrado y están pendientes de valorar. En total 353.965 personas están a la espera de un procedimiento.

La media de las prestaciones económicas

Por otro lado, el informe muestra que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros (percibidas actualmente por 517.000 personas): 139 euros para dependientes de Grado I; 240 para Grado II y 335 para Grado III.

Respecto a la prestación para una plaza de residencia, oscila entre los 445 euros para Grado II y 550 para el máximo nivel. "Crece la teleasistencia y otros servicios low cost, mientras que no aumentan las cuantías de prestaciones para la atención familiar o vinculadas al servicio", asegura al respecto observatorio.

En total, el coste directo de las prestaciones y servicios ascendió a 9.717 millones de euros: 7.723 asumidos por las administraciones y 1.995 los usuarios. Del gasto público directo, la Administración General del Estado aumentó en 1.842 millones la financiación que alcanza el 34%, mientras que las comunidades redujeron su aportación, financiando el 66%.

Nueve comunidades aprueban la evaluación general

En cuanto a las actuaciones de las distintas comunidades, el observatorio destaca que se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión.

Nueve comunidades han conseguido aprobar en la evaluación general de aplicación del sistema, con Castilla y León a la cabeza (8,5), seguida de Castilla-La Mancha (7,9), Andalucía (7,6), Madrid (6,5), Comunidad Valenciana (6,2), Baleares (5,6), La Rioja (5,3), Galicia (5,3) y Navarra (5).

Han suspendido, sin embargo, Murcia (2,4), Canarias (2,9), Cataluña (3,5), Cantabria (3,5), Asturias (3,5), País Vasco (3,8), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7).