Dos ex altos cargos del Gobierno madrileño testifican por los protocolos de actuación en residencias durante la pandemia

• Ambos han discrepado ante el juez sobre si los protocolos eran de obligado cumplimiento o no
• El exconsejero de Políticas Sociales dice que se excluía a las personas en función de la "dependencia o discapacidad"

El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Albero Reyero

El exconsejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero y el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur han testificado este jueves ante un juzgado por los protocolos que impedían derivar a ancianos de las residencias a los hospitales según su grado de dependencia en la primera ola de la pandemia.

Por primera vez en España, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha tomado declaración como testigos a dos responsables políticos por su actuación en los primeros meses de la pandemia, cuando fallecieron más de 6.000 mayores sin asistencia sanitaria en las residencias madrileñas.

A su llegada a los Juzgados, Reyero ha subrayado que las personas que ocupaban las residencias "quedaron abandonadas a su suerte" por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica. "Fueron protocolos de exclusión; se excluía a personas en función de su situación de dependencia o discapacidad", y eso les impidió ser derivados a hospitales, ha asegurado.

En este sentido, ha incidido en que, además, "no hubo alternativas" a esos ingresos hospitalarios, puesto que en el hospital habilitado en Ifema Madrid para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus "no se atendió a personas de residencias" y tampoco "se medicalizaron las residencias".

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"Realmente las personas quedaron abandonadas a su suerte", ha insistido Reyero, quien ha respaldado esta afirmación en un informe de Amnistía Internacional.

Ambos discrepan sobre los protocolos

Tras la comparecencia, el abogado de las familias, Carlos Vilar, ha declarado que ambos han discrepado ante el juez sobre si los protocolos eran o no de obligado cumplimiento. La declaración de Reyero "ha sido contundente", según el abogado, mientras que Mur ha reproducido lo que ya había declarado ante la Asamblea de Madrid, aunque reconociendo que "recibió un correo de Reyero, el 22 de marzo de 2020, que en la Asamblea negó".

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En dicho correo, Reyero decía que "estaba en contra de que se aplicara la escala Barthel y la GDS, que miden la movilidad funcional y los problemas psíquicos" de los ancianos para decidir las derivaciones, y advertía "que eso podría ser delictivo".

Según el abogado, Mur ha dicho al juez "que él también estaba en contra de estas escalas" y, tras ser preguntado por qué lo firmó, ha dicho que "lo hizo para apoyar a todos los médicos y geriatras que estaban desesperados y necesitaban un apoyo de la Administración para no tener que tomar una decisión personal en cosas como esta".

Tras definirse como "una persona sin mando en plaza en un puesto recién creado", Mur ha insistido en que los protocolos "no eran definitivos y que eran documentos clínicos", es decir, "de aplicación según el criterio del médico, no órdenes administrativas", ha relatado el abogado.

Preguntado si su superior jerárquico -el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero- lo sabía, Mur ha afirmado que Escudero "es quien da las instrucciones y decide mandar los protocolos a los hospitales. A las residencias los mandó la consejería de Políticas Sociales", siempre según el relato del abogado.

Mientras, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado este jueves en la Asamblea de Madrid que espera que Reyero "acabe imputado" tras testificar sobre los protocolos. "Espero que este señor (Reyero) salga hoy imputado de sus declaraciones", ha dicho en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en el último pleno de la legislatura.

Las querellas se dirigen contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Se investigan delitos de homicidio imprudente, omisión del deber del socorro y delito de prevaricación.