Amnistía exige a España que rinda cuentas por Pegasus y las muertes en residencias durante la pandemia

• La organización presenta el informe anual de 2022 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo
• El informe es crítico con la "desprotección del derecho a la salud y a la vivienda" en España

Amnistía Internacional denuncia el abandono de casos sobre las 35.000 muertes en residencias.

En España la impunidad y la falta de rendición de cuentas se agravó en 2022, según destaca el informe anual de Amnistía Internacional. La organización ha publicado este martes un análisis sobre la situación de los derechos humanos en 156 países del mundo. "Lo más preocupante es la falta de justicia y conclusiones judiciales sobre lo que pasó en las residencias durante la pandemia. Al menos 25.000 personas mayores han fallecido y no se ha avanzado en las investigaciones", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, en una entrevista con RTVE.es.

La mayoría de las comisiones de investigación de las comunidades autónomas encargadas de examinar el trato recibido por las personas mayores en las residencias se cerraron sin una explicación clara, denuncia. "Las autoridades no establecieron ninguna comisión de investigación nacional para hacer rendir cuentas a los responsables de estas muertes", recoge el estudio.

Otro de los asuntos en los que hace especial hincapié es que "sigue habiendo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de cuerpos de seguridad y la represión de manifestaciones". Una situación que se ve además "agravada por las facultades otorgadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, que permanece como ley hasta ahora", añade Beltrán. Insiste en que el rechazo a la tramitación parlamentaria de la reforma de Ley Mordaza ha supuesto "una oportunidad perdida de última hora" en materia de libertad de expresión, reunión y manifestación.

Lamentan que estas dos cuestiones del pasado hacen que se mantenga un clima de impunidad por el incumplimiento de las autoridades de su obligación de investigar de "forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias y los abusos que ampara la Ley Mordaza que han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad", señala la investigación.

"Actos que podrían ser tortura" en Melilla

Por otro lado, AI se detiene en las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo durante la tragedia de Melilla, cuando las autoridades españolas y marroquíes emplearon la "fuerza ilegítima" en la frontera española. "Han cometido actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos para reprimir el intento de un numeroso grupo de personas, conformado exclusivamente por hombres negros del África subsahariana, a solicitar protección". Al menos 37 personas murieron y más de 470 fueron "expulsadas ilegalmente".

Amnistía recuerda que en octubre varios expertos de la ONU condenaron la persistente ausencia de rendición de cuentas por las muertes y la deshumanización de personas migrantes africanas en las fronteras de Europa. "Lo peor de todo es que a pesar de los informes del Defensor del Pueblo, se ha producido un pacto de silencio entre ambos gobiernos para no hablar de nada", concluye Beltrán.

Pegasus y el derecho a la privacidad

Otro de los acontecimientos que ha suscitado preocupación de la organización defensora de los derechos humanos es el uso en España del software espía Pegasus, de NSO Group, que se empleó en teléfonos móviles de personalidades políticas catalanas, periodistas y profesionales de la abogacía. En mayo, la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia admitió que se había espiado a varios políticos independentistas catalanes.

El Gobierno también ha confirmado que los teléfonos oficiales del presidente del Gobierno, del ministro del Interior y de la ministra de Defensa se infectaron con el software espía Pegasus. En mayo, la Audiencia Nacional abrió una investigación al respecto, pero Amnistía denuncia que las pesquisas que estaban realizando los tribunales de Cataluña siguen estancadas.

Consideran que este nuevo elemento viola el derecho a la privacidad de al menos 63 personas que han sido víctimas de espionaje. "Algunos sin orden judicial y es especialmente grave que el presidente del Gobierno y varios ministros hayan sido espiados y que no se haya llegado a ninguna conclusión de quién pudo ser. Es un delito que debilita la justicia y hace aumentar la impunidad", completa el director de la organización en España.

Derechos sociales, económicos y vivienda

En el apartado de esfuerzos del informe aplauden que el Gobierno ha aprobado mediante un Real Decreto Ley una ayuda de 200 euros para personas que residan en hogares con rentas inferiores a 14.000 euros, una rebaja al 5% el IVA de la luz y ha prorrogado la reducción de los demás impuestos de la electricidad hasta el final de 2022, así como el Salario Mínimo Vital. Por otra parte, y para limitar los efectos de la inflación en los alquileres, el Gobierno también limitó el incremento de la renta del alquiler a un 2%. "Pero esto en un contexto de incertidumbre económica como el que vivimos España se evidencia la insuficiente protección de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las autoridades", explica Beltrán.

De hecho, Amnistía Internacional considera preocupante la "desprotección del derecho a la salud y a la vivienda" en nuestro país. Las autoridades sanitarias centrales y autonómicas en los últimos dos años "no han dejado de subrayar en sus discursos la importancia de la Atención Primaria y la necesidad de reforzarla, pero la realidad es muy diferente", advierte. Según AI, la inversión sanitaria de las comunidades autónomas sigue muy lejos de dedicar a la Atención Primaria el 25% de la inversión total en sanidad, tal y como aconseja la Organización Mundial de la Salud. "Sin lecciones aprendidas, la atención sanitaria está en bucle", denuncia Beltrán.

La organización también lamenta el debilitamiento del derecho a la vivienda. En 2022, la situación de crisis económica ha hecho que miles de personas no puedan acceder o conservar un hogar. "Hemos contabilizado casi 30.000 desahucios , cuenta Esteban Beltrán. Un dato que se traduce en la negación a miles de familias el derecho a una vivienda adecuada. En junio, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión de los desahucios de personas económicamente vulnerables. "Aunque bien recibida, la medida fue insuficiente para proteger de la carencia de hogar a miles de personas no incluidas en esa categoría", dice el informe.

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Por otro lado, el aumento del precio de la energía afectó a miles de familias, y el 14,3% de la población no podía permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada, frente al 10,9% en 2020. Amnistía Internacional recuerda que en la Cañada Real, en Madrid, 4.500 personas, entre las que había 1.800 menores de edad, siguen viviendo sin acceso a electricidad tras ser desconectadas de la red en 2020 a pesar de la recomendación del Defensor del Pueblo de que se restableciera la conexión.

Pese a este contexto, la ONG ve como gran paso la ley de vivienda. "Por primera vez en democracia, podemos contar con una ley que considere el derecho a la vivienda como un derecho humano tal y como respaldan la Constitución Española y el derecho internacional", dice textualmente el documento. También aplaude el proyecto de ley que modifica la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que "mejora el acceso al aborto en España y supone un reconocimiento más amplio del derecho a la reproducción y la maternidad libremente decidida".

Por último, en 2022 persistió la violencia contra las mujeres: 49 fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja. Desde 2013, año en que se comenzó a llevar un registro, 48 menores de edad habían muerto de manera violenta en el contexto de la violencia de género contra sus madres, incluidos un niño y una niña en 2022.