La guerra en Ucrania evidencia el "doble rasero" y la "incapacidad" de respuesta de la comunidad internacional

• Amnistía Internacional publica el informe sobre la situación de los derechos humanos en 156 países en 2022
• Los "crímenes de guerra", la crisis energética y alimentaria mundial han alterado el sistema multilateral

La guerra en Ucrania evidencia el "doble rasero" de la comunidad internacional, según Amnistía Internacional

En 2022 los derechos humanos se vieron aún más erosionados ante la aparición de nuevos conflictos, mientras otros latentes se reanudaban o no cesaban. Fue un año marcado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia que ha acarreado, según el informe anual de Amnistía Internacional, "numerosos crímenes de guerra", una crisis energética y alimentaria mundial que ha alterado el sistema multilateral "ya de por sí debilitado". La organización ha presentado este martes una panorámica exhaustiva sobre el estado de los derechos y las libertades en 156 países del globo.

Una de las principales conclusiones del estudio es la evidencia del "doble rasero que existe en materia de derechos humanos que ha reforzado la impunidad y la inestabilidad". "Ha habido una respuesta inédita muy importante por parte de la comunidad internacional [a la guerra], pero esa respuesta firme contrasta con la inexistente en otros conflictos como el de Etiopía, Myanmar o Sudán del Sur", explica a RTVE.es Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Y la respuesta contundente de los países occidentales a la agresión de Moscú revela la "hipocresía" sobre las violaciones de los derechos humanos en otros lugares aliados como Israel, Arabia Saudí y Egipto. En las 487 páginas se analizan las consecuencias de la crisis económica a nivel global y su impacto de forma desproporcionada en las personas más vulnerables.

Además, la organización lamenta la inadecuada respuesta ante los procesos migratorios, así como la incesante violencia contra las mujeres y las niñas. La investigación repasa los retrocesos notorios sobre el derecho al aborto y advierte de la persecución y la discriminación que siguen sufriendo las personas LGTBI, o el cerco cada vez más evidente a la libertad de expresión y de reunión pacifica. La sociedad civil, asegura la organización, se ha enfrentado a mayores restricciones debido a los conflictos armados y los golpes de Estado que comenzaron ya en 2021.

"Las crisis económicas asociadas al impacto de la pandemia, así como una deuda insostenible, los conflictos y el cambio climático, han provocado un aumento vertiginoso del coste de la vida y de la inseguridad alimentaria", señala la investigación. Además, el buceo por los derechos humanos en el mundo saca a la luz pruebas de "los daños cada vez más graves que ha provocado el modelo de negocio de las grandes tecnológicas, subrayando la necesidad acuciante de tomar medidas más audaces para abordar la crisis climática y la degradación ambiental".

Ataques a civiles: Ucrania y otros conflictos olvidados

En Europa, el comienzo de la guerra de Ucrania ha sido un punto de inflexión, según la organización. "Las fuerzas rusas invadieron Ucrania en un acto de agresión, cometiendo ejecuciones extrajudiciales y lanzando ataques indiscriminados contra la población civil, además de ataques selectivos contra las infraestructuras energéticas del país durante el invierno", arguye. En el conflicto, las mujeres, además de sufrir la "violencia sexual a manos de las fuerzas rusas", se enfrentaron a otras "amenazas de género específicas". Esto se suma a los ataques contra centros médicos que han reducido considerablemente los servicios de salud materna.

La violencia contra las mujeres también se ha dado en la guerra de Tigray (Etiopía). "Las fuerzas cometieron múltiples violaciones y otros actos de violencia sexual relacionados con el conflicto", alega el estudio. En África las fuerzas gubernamentales y los grupos armados en países como Etiopía, República Democrática del Congo o la región del Sahel han matado a miles de civiles, "en ocasiones en homicidios en masa".

Amnistía Internacional celebra el paso positivo de condenar y abrir investigaciones sobre los acontecimientos en Ucrania. La respuesta no ha tardado en llegar, los Estados occidentales han impuesto sanciones económicas a Moscú y enviado apoyo militar a Kiev y la Asamblea General de la ONU ha condenado la invasión rusa. "Los Estados occidentales han apoyado abiertamente las iniciativas de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar las acusaciones de crímenes de guerra en Ucrania; algunos no lo habían hecho en otras situaciones".

Pero tras 20 años de la creación de la CPI, la ONG se pregunta si sus principios se aplican por igual a las víctimas de crímenes de derecho internacional en cualquier situación o región. "Mientras promueve públicamente su investigación de amplio alcance y absolutamente vital sobre la situación de Ucrania, ha destinado muchos menos recursos a otras investigaciones, como las relativas a Nigeria y Palestina". De la misma forma, lamenta que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no abordase "de manera significativa el conflicto en Yemen, dejando un enorme vacío de rendición de cuentas".

Conflictos de larga duración y silenciados

En el norte de África y Oriente Medio, reflexiona Amnistía, se registran conflictos de larga duración en Libia, Siria y Yemen. Lugares que se han caracterizado por sufrir "ataques aéreos indiscriminados" y otros "ataques ilegítimos" que han causado muertos y heridos entre la población civil. El estudio hace hincapié en que para la población palestina de la Cisjordania ocupada, 2022 fue uno de los años más mortíferos desde que en 2006 la ONU comenzara a llevar un registro sistemático de las víctimas. "Las fuerzas israelíes han matado a al menos a 151 personas palestinas, entre ellas decenas de niños y niñas", enumera Beltrán. Las autoridades de Tel Aviv han continuado "obligando a personas palestinas a abandonar sus hogares", y el gobierno está poniendo en marcha planes para ampliar los asentamientos ilegales en toda la Cisjordania ocupada.

Han documentado también crímenes de guerra en Afganistán, donde los talibanes han seguido con su campaña de homicidios de "represalia contra miembros del gobierno anterior y de sus fuerzas de seguridad".

Migraciones: "A muchas personas se las dejó morir"

En un mundo con guerras y conflictos los procesos migratorios son inevitables. Amnistía Internacional considera que la política de "puertas abiertas" de la Unión Europea respecto de las personas refugiadas ucranianas que huían de la agresión rusa ha demostrado que la "UE era más que capaz de acoger a un gran número de personas en busca de protección". Sin embargo, AI denuncia que este enfoque difiere notablemente del que estaba adoptando respecto de las personas de otros países. Una "actitud que pone de manifiesto una discriminación y un racismo profundos". Muchos de estos países, lamenta, han mantenido sus fronteras vetadas a quienes escapaban de la guerra y la represión en Siria, Afganistán y Libia.

"A muchas personas se las dejó morir", denuncia el informe. La organización es especialmente crítica con las "devoluciones y expulsiones sumarias" tanto en fronteras terrestres como en las marítimas de la Unión Europa, pese a que "algunas de ellas eran sometidas a tortura" y a otras violaciones de derechos humanos en países de tránsito como Libia. En materia migratoria tira de la oreja a las autoridades libanesas por aumentar los supuestos "retornos voluntarios" de personas refugiadas sirias.

En las Américas, achacan, la falta de sistemas de protección internacional en muchos países ha dejado "desprotegidas a numerosas personas que huían de situaciones de violencia armada" y otras crisis. La organización recuerda que entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, Estados Unidos ha expulsado a más de 25.000 personas haitianas y "ha sometido a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos motivados por el racismo contra las personas negras".

Deterioro de la libertad de expresión

La libertad de expresión y de prensa se ha deteriorado en contextos hostiles. Rusia lleva años allanando el terreno para controlar y censurar la información sobre la guerra y el Kremlin ha aprobado una ley en la que se prohíbe referirse a la guerra en Ucrania. "Se incoaron procedimientos administrativos y penales contra miles de personas y se clausuraron decenas de medios de comunicación independientes", dice Amnistía Internacional. También en Etiopía las autoridades detuvieron arbitrariamente a profesionales de la información y activistas de derechos humanos que hablaran en favor de la paz.

Los talibanes abusan de la censura y las detenciones arbitrarias de periodistas que han criticado la situación del país tras su llegada al poder en agosto de 2021. En Irán, las autoridades han empleado la fuerza para reprimir las protestas que comenzaron en septiembre tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por no llevar correctamente el hiyab. Su fallecimiento desencadenó movilizaciones en todo el país y las autoridades respondieron, según este estudio, con munición real, perdigones y palizas, lo que causó centenares de muertes, entre ellas las de decenas de menores.

Los ayatolás y otros regímenes han reprimido a la sociedad civil en internet con el propósito de coartar la libertad de quienes protestaban, según AI. Irán y Myanmar fueron dos de los Estados que desactivaron o interrumpieron el acceso a las redes de internet y de telecomunicaciones. La India ha prohibido la salida del país a defensores de DDHH.

Turquía aprobó una ley sobre desinformación que otorga al gobierno el control sobre las redes sociales, una realidad que también se palpa en Egipto: "El gobierno intentó mejorar su imagen en noviembre, antes de la celebración de la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), para lo que, entre otras cosas, dejó en libertad a centenares de personas recluidas por motivos políticos". América Latina es el continente en que más se asesina y se mata activistas medioambientales, denuncia Amnistía. En Perú en 2022 murieron más 20 personas murieron violentamente "después de que las fuerzas de seguridad empleasen fuerza ilegítima, especialmente contra población indígena y campesina, para responder a las protestas que estallaron durante la crisis política que siguió a la destitución del presidente en diciembre".

"Llevamos dos años documentando una represión implacable de la disidencia en todo el mundo. Esto es una cuestión importante en Afganistán, Bielorrusia, Etiopía, Myanmar, Rusia. Pero también hemos visto como en países democráticos como Australia, India o Reino Unido han aprobado una legislación que impone restricciones a las manifestaciones", asegura el director de Amnistía Internacional. "En 85 de los 156 países, más de la mitad, que nosotros hemos documentado en el informe se ha utilizado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes legítimos", denuncia Beltrán.

“En 85 de los 156 países, más de la mitad, que nosotros hemos documentado en el informe se ha utilizado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes legítimos“

"Un aumento vertiginoso del coste de la vida"

El estudio analiza cómo la crisis económica asociada al impacto de la pandemia de COVID-19 se suma a una deuda insostenible y a las consecuencias del cambio climático, que han provocado "un aumento vertiginoso del coste de la vida y de la inseguridad alimentaria". Sin duda, la invasión rusa de Ucrania no solo ha interrumpido el suministro de trigo del que muchos países dependían, subraya la organización, sino que ha disparado el precio del combustible.

En todas las regiones, "estas dificultades afectaron desproporcionadamente a los grupos de población más marginados". El 97% de la población de Afganistán ha vivido en la pobreza en 2022. En el caso de Siria y Yemen, el conflicto ha sido un factor determinante para la cronificación del hambre. La organización acentúa que las Américas también han sido escenario de una crisis humanitarias: "Más del 40% de la población de Haití se halla en situación de emergencia alimentaria y la mayoría de la población de Venezuela sufre inseguridad alimentaria", dice el informe.

“Más del 40% de la población de Haití se halla en situación de emergencia alimentaria y la mayoría de la población de Venezuela sufre inseguridad alimentaria“

Las condiciones climáticas extremas han provocado una desnutrición en varios países del continente. "En Somalia, una grave sequía hizo aumentar los casos de desnutrición, mientras que en Nigeria y Pakistán las inundaciones desencadenaron un brote de enfermedades transmitidas por el agua que causaron miles de muertos", denuncia. En el contexto de la crisis climática, los países de ingresos bajos también deben beneficiarse de una justicia e inclusión mayores a través de la reforma fiscal global patrocinada por la ONU que aportará nuevos recursos vitales para tal fin.

Esta inacción colectiva es otro claro ejemplo, según la organización, de la debilidad de los sistemas multilaterales actuales. Además, recuerda que la subida del nivel del mar y las inundaciones afectaron a comunidades costeras empobrecidas en países como Bangladesh, Honduras y Senegal, mientras el aumento de las temperaturas tiene consecuencias para los pueblos indígenas de Canadá y Rusia.

En Europa, el gran alza de los precios de la energía ha contribuido a que la inflación alcance niveles históricos. Y ante este escenario, Amnistía Internacional denuncia que "los gobiernos no han actuado en favor del interés superior de la humanidad y no abordaron la dependencia de los combustibles fósiles, principal factor que nos aboca a la mayor amenaza para la vida tal como la conocemos".

Violencia contra las mujeres y derecho al aborto

La violencia contra las mujeres y las niñas siguió siendo un problema global de derechos humanos en 2022. Ellas también sufren la "inacción de los Estados", según la ONG. En Estados Unidos, tras el fin de la protección federal del derecho al aborto en junio, varios estados han aprobado leyes para prohibirlo o restringirlo.

En Eslovaquia, Hungría, y Polonia se adoptaron medidas para limitar el acceso al aborto; en otros países como Alemania y Países Bajos se ha avanzado eliminando restricciones para acceder al aborto. En Andorra y Polonia se persigue a defensoras de los derechos humanos por apoyar el derecho al aborto, en este último se ha enjuiciado a activistas por ayudar a mujeres a conseguir píldoras abortivas.

En Canadá, las mujeres indígenas han denunciado haber sido sometidas a esterilización forzada en años anteriores. México ilustra un patrón claro en la región al registrar varios cientos de feminicidios. Las mujeres refugiadas venezolanas soportan violencia de género y discriminación en Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago.

En Pakistán, pese a que se denunciaron varios casos de asesinatos de mujeres a manos de familiares, el Parlamento no promulgó una ley sobre violencia de género en el ámbito familiar, que estaba pendiente desde 2021. En India se cometieron impunemente actos violentos contra mujeres dalits y adivasis, entre otros crímenes de odio basados en la casta. En Afganistán se ha constatado un deterioro particularmente notorio en los derechos de las mujeres y las niñas a la autonomía personal, la educación, el trabajo y el acceso a los espacios públicos. "Sigue habiendo un ansia de los Estados por controlar el cuerpo de la mujer, controlando su sexualidad y su vida. Y ese es un elemento todavía preocupante", concluye el director de Amnistía Internacional.