La defensora del Niño rusa niega ante la ONU la deportación ilegal de menores ucranianos

• María Lvova-Belova ha negado la acusación de la CPI en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU
• Ucrania ha documentado cerca de 20.000 casos de menores que han sido deportados a Rusia o separados de sus familias
• Guerra Ucrania - Rusia, en directo

Un niño pasa delante de una escuela destrozada por los bombardeos en Yitomir

La comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, acusada junto al presidente ruso, Vladímir Putin, por la Corte Penal Internacional (CPI) de la deportación ilegal de niños de Ucrania, ha negado dicha denuncia en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU.

Cuando ha tomado la palabra Lvova-Belova, que se ha conectado por videoconferencia, han abandonado la sala los representantes de Reino Unido, Estados Unidos, Albania y Malta. Lvova-Belova ha asegurado que sus declaraciones permiten "comprender los hechos reales en lugar de rumores o acusaciones infundadas".

La defensora del menor ha señalado que desde febrero de 2022 Rusia ha acogido a más de 5 millones de habitantes de Ucrania, de los cuales 700.000 eran niños. "Entre estos niños, había 2.000 de orfanatos o casas de acogidas para menores", ha anotado Lvova-Belova.

"Hasta la fecha, alrededor de 1.300 niños fueron devueltos a sus orfanatos (de origen). 400, debido al hecho de que estas instituciones son constantemente bombardeadas por Ucrania, fueron enviados a orfanatos rusos en diferentes regiones y están siendo atendidos en esas instituciones y 358 niños fueron asignados en hogares con guardianes que tienen custodia tutelada", ha añadido.

Menores deportados a Rusia o separados de sus familias

Por su parte, Ucrania ha documentado cerca de 20.000 casos de menores ucranianos de territorios del país controlados por Moscú que han sido deportados a Rusia o separados de sus familias por las autoridades ocupantes. De hecho, RTVE participó en una investigación de la UER que destapó la trama de como cientos niños ucranianos están siendo trasladados a Rusia desde los territorios que ha ocupado en el este de Ucrania.  La misma investigación aclaraba quién era Lvova-Belova que la televisión estatal rusa la describe como la "salvadora" de los niños ucranianos. Sin embargo, la investigación señala que "es un potente símbolo del tipo de sociedad que Vladímir Putin quiere que sea Rusia: una sociedad marcada por los valores conservadores, el cristianismo ortodoxo y el poder imperial".

Algunos de estos niños, según Ucrania, han sido dados en adopción a padres rusos, a quienes el Gobierno de Kiev se ha dirigido directamente para advertirles de que conoce su identidad y deberán responder por haberse prestado a asumir la tutela de estos menores de manera ilegal.

Esta reunión no se ha celebrado en la sala donde se suele reunir el Consejo de Seguridad y tampoco ha sido retransmitida por los canales oficiales de la ONU a petición de Reino Unido. El encargado de moderar a los diversos participantes rusos ha sido el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.

Nebenzia ha acusado a varios países europeos, entre ellos Alemania, España y Portugal, de deportaciones ilegales de menores ucranianos en el marco de la guerra que vive el país. Pero la única prueba que ha ofrecido son varios vídeos de declaraciones de mujeres, algunas de las cuales aparecían con la cara tapada y la voz distorsionada.

"En los países europeos a los refugiados ucranianos les están quitando sus hijos. Hemos visto varios informes de que a 80 familias les han quitado a sus hijos", ha anotado el embajador de Rusia ante la ONU.

Este miércoles, un centenar de países han suscrito un comunicado conjunto de condena a esta reunión. "Hoy, Rusia volverá a abusar de sus poderes y privilegios como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para extender desinformación sobre el secuestro generalizado y la deportación forzada e ilegal de miles de niños ucranianos", han denunciado los 50 países en el comunicado.

Entre las naciones firmantes, en su mayoría países europeos, están Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, España, Japón o Nueva Zelanda. Sin embargo, hay una clara ausencia de estados latinoamericanos, africanos o asiáticos. El único país latinoamericano en suscribir el comunicado ha sido Guatemala.