El Gobierno peruano amplía durante 60 días el estado de emergencia en la región de Puno por las protestas

• Quedan restringidos "los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio o la libertad de tránsito"
• Exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto electoral

Imagen de archivo de la presidenta del Perú, Dina Boluarte.

El Gobierno de Perú ha prorrogado este jueves durante 60 días el estado de emergencia en la sureña región de Puno, colindante con Bolivia, por las protestas antigubernamentales, y ha declararado la misma medida en seis distritos del departamento de Madre de Dios para combatir la minería ilegal.

A través de un decreto supremo publicado este jueves en el diario oficial 'El Peruano', el Ejecutivo ha extendido el estado de emergencia en Puno, reducto de las movilizaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto electoral, entre otros reclamos.

La región de Puno ha sido, en los últimos meses, el epicentro de las protestas antigubernamentales que, desde diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), suman un saldo de 77 personas fallecidas, la mayoría de las cuales eran manifestantes que murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Esta medida, vigente en Puno desde el 5 de febrero pasado, regirá a partir del 7 de abril y por 60 días en este departamento, que se encuentra bajo control de las Fuerzas Armadas.

La Policía cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas

Mediante otro decreto supremo, el Gobierno ha declarado también el estado de emergencia en seis distritos de Madre de Dios, ante la necesidad de "combatir y neutralizar la minería ilegal y sus delitos conexos, que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudadanía, con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales de la población".

En este caso, la norma precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Ambos decretos establecen que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos "los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales".

La orden está bajo la normativa vigente

Detallan que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.

Los documentos también señalan que la presidenta de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación".

Las normas llevan las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.