Los frentes abiertos de Justicia tras el fin del conflicto de los letrados: retrasos y nuevas movilizaciones

• Los sindicatos han convocado paros parciales indefinidos desde el 17 de abril y una huelga el 19 de abril
• Estas protestas provocarán más retrasos después de la huelga de letrados que acabó con más de 400.000 juicios suspendidos

Los frentes abiertos de Justicia tras el fin del conflicto de los letrados: retrasos y nuevas movilizaciones.

El Ministerio de Justicia se enfrenta a nuevas movilizaciones de funcionarios, jueces, fiscales y abogados del turno de oficio, que exigen aumentos salariales, unas protestas que llegan tras acordar la semana pasada con los letrados una subida salarial de hasta 450 euros que puso fin a su huelga indefinida de dos meses, y que podrían provocar más retrasos en los juzgados.

Esa huelga de los letrados ha acabado con más de 400.000 juicios suspendidos, 480.000 demandas pendientes de reparto y 1.500 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.

En este contexto, el Ministerio ha constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para gestionar la vuelta a la normalidad de la actividad judicial.

45.000 funcionarios de Justicia llamados a la huelga indefinida

Después de ese acuerdo, los sindicatos reivindican aumentos para el resto de funcionarios de los juzgados y han anunciado ya un calendario de paros que comenzarán el 17 de abril.

Así, 45.000 funcionarios del Ministerio de Justicia están llamados a la huelga indefinida para exigir una subida salarial "digna" y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

Después de una reunión la semana pasada que califican como "decepcionante" con el departamento que dirige Pilar Llop, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG han convocado paros parciales de 10:00 a 13:00 horas todos los días de forma indefinida a partir del 17 de abril, así como una huelga general durante toda la jornada y una manifestación el 19 de abril.

Pero antes, el próximo miércoles 12 abril, habrá una concentración de los delegados de Justicia delante del Ministerio para dar inicio a las movilizaciones.

Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales han comenzado a confeccionar su "calendario de medidas de presión" para reclamar mejoras de sueldo, y critican que, aunque el Ministerio les ha manifestado su "voluntad" de convocar la mesa de retribuciones para revisar su salario antes del próximo 10 de mayo, no les ha comunicado una fecha concreta.

También los abogados del turno de oficio han anunciado el inicio de movilizaciones para defender sus derechos de mejoras profesionales y retributivas, y han extendido este llamamiento a toda la abogacía. El próximo 27 de abril se concentrarán ante el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía Española ha propuesto a las administraciones públicas y a las formaciones políticas un pacto para mejorar la justicia gratuita y el turno de oficio.

Justicia promete negociación

Por su parte, el Ministerio de Justicia ha prometido seguir "dialogando" con los sindicatos, pero ha advertido de que, si el llamamiento se hace a todos los funcionarios y no solo a las de las comunidades que no tienen transferida las competencias en materia de Justicia, será necesaria la implicación de las comunidades para acabar con el conflicto.

También ha recordado a los funcionarios que ya tuvieron una "importante" subida salarial aprobada en diciembre de 2021. Esta subida se produjo después de que los sindicatos llamaran a la huelga a los funcionarios del territorio gestionado por el Ministerio -Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla- y en los órganos centrales para reclamar mejoras salariales.

En aquel momento se adecuó el complemento específico que recibían esos funcionarios para aproximarlo a lo que se percibía en puestos equivalentes en las comunidades autónomas con la gestión transferida. Las cantidades acordadas iban desde los 2.340 euros al año para los letrados de la administración de Justicia, hasta los 960 euros para el cuerpo de médicos forenses.