El Salvador, entre derechos humanos y seguridad: "¿Cómo explicas a una niña que su madre está detenida por nada?"

• La tasa de homicidios se sitúa en 7,8 por cada 100.000 habitantes, cuando antes de la llegada de Bukele rondaba los 50
• Según las últimas encuestas, el presidente del país tiene el apoyo del 92% de los salvadoreños

Soldados y habitantes miran un partido de fútbol en la comunidad salvadoreña de Credisa, un barrio de Soyapango.

Parecía una noche como otra cualquiera en Bajo Lempa, una comunidad al suroeste de El Salvador, pero para Oswaldo y su familia el 24 de abril de 2022 todo cambió. Eran las 23 de la noche cuando el jardín de su casa se llenó de policías encapuchados, tenían una orden de detención contra su esposa Claudia por una denuncia anónima de agrupación ilícita.

Claudia es una de las muchas detenidas que no tiene vinculación con las maras. "Trabajaba en una escuela y no tenía antecedentes penales de ningún tipo", explica su marido a RTVE.es. Pero eso no fue suficiente, se la llevaron ese mismo día sin registrar su casa, su móvil y sin siquiera mirar su documento de identidad.

Ni su marido ni su hija de cinco años la han visto en estos 11 meses. Y no son pocas las veces que la niña pregunta por su madre, recuerda Oswaldo, "y cómo le explicas a una niña de cinco años que su madre está en la cárcel acusada de algo que no ha hecho?", sentencia.

Pero la moneda tiene dos caras. Para María las cosas también cambiaron, pero no de la misma forma que para Oswaldo y su familia. Ella vive desde siempre en la que era la colonia más peligrosa del país, La Campanera, controlada por la mara Barrio 18, la vida allí "era un infierno", relata a RTVE.es.

"Ni los salvadoreños más optimistas nos hubiéramos imaginado algo así hace tan solo unos años", sentencia María, que explica que el Gobierno de Bukele ha traído "los cambios tan anhelados por todo buen salvadoreño: entrar a cualquier colonia libremente sin tener que pedir permiso a nadie".

Antes de que el gobierno decretara el estado de excepción en el país el pasado 27 de marzo tras el asesinato en un solo fin de semana de 87 personas, María "solo tenía miedo". Pero ahora todo ha cambiado, siente seguridad en una colonia que cambió los pandilleros por la presencia de militares y policía.

“Bajo este régimen casi se es culpable hasta que se demuestra lo contrario“

El caso de Oswaldo no es el único y el de María tampoco, son dos situaciones opuestas y cotidianas que conviven en El Salvador desde hace un año. "Nadie en su sano juicio se va a oponer a que un delincuente sea detenido, el problema es que bajo este régimen casi se es culpable hasta que se demuestra lo contrario", explica a RTVE.es Rodrigo Sura, ciudadano salvadoreño.

Las detenciones arbitrarias, la vulneración de derechos humanos cometidos por el régimen hacia los detenidos y la inhumana situación en las cárceles han levantado ampollas dentro y fuera del país. Numerosas organizaciones de derechos humanos locales, internacionales e incluso la ONU denuncian lo que está pasando en El Salvador. Aun así, según la última encuesta de CID Gallup, el 92% de los ciudadanos salvadoreños apoyan al presidente Nayib Bukele y su gabinete.

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"Claro que importan los derechos humanos, pero el país era uno de los más inseguros del mundo, esto era necesario", reflexiona María, que muestra el gran hartazgo de parte de población hacia una situación que venía arrastrando el país desde hace años.

Varios intentos de acabar con las maras

Bukele no es el primer presidente del país que trata de acabar con las maras. Otros lo hicieron antes que él con políticas conocidas como "leyes antimaras o de mano dura", explica la profesora y experta en El Salvador, Carolina Sampó a RTVE.es.

Medidas que se caracterizaban por directamente prohibir la existencia de las maras. Para ello, las autoridades procedían, en parte, de la misma forma que ahora, detenían masivamente a ciudadanos "que tenían signos de pertenencia directa a las maras: la forma en la que se vestían, especialmente los hombres jóvenes, los tatuajes y la forma en la que se comunicaban como elementos probatorios de su pertenencia", matiza la experta.

Sampó tiene clara la diferencia entre los resultados de las actuales medidas con las pasadas: el hartazgo de la población ante la inseguridad y la presión de diferentes grupos de defensores de derechos humanos, baja hoy en día y que en su momento forzó al gobierno a suspender la política.

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Y efectivamente, nunca pareció dar frutos como ahora. Según las últimas cifras oficiales, El Salvador tiene actualmente una tasa de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, situándolo entre los países con menos violencia homicida de América. Lejos quedan los años en los que encabezaba la lista con tasas que rondaban los 100 asesinatos por 100.000 habitantes, pero, ¿a qué precio?

Detenciones arbitrarias, vulneración de derechos y trato inhumano en cárceles

Organizaciones de derechos humanos y de afectados denuncian el "pisoteo" a los derechos humanos por parte del régimen desde el comienzo del estado de excepción. Las detenciones arbitrarias son la punta del iceberg, ya que como explica Samuel, el director de una organización local a RTVE.es, "ellos defienden a víctimas, no a delincuentes".

"La seguridad ha mejorado, sí, pero a un costo que si usted va a lanzar un proyecto y ve el costo beneficio, ha de pesar más el beneficio y aquí pesan más los costos", mantiene Samuel.

El Gobierno de El Salvador ha reconocido detenciones arbitrarias y Mario, policía en el país, explica qué hay detrás de esas detenciones: "la exigencia de los jefes de la policía de cumplir cuotas de detenidos diarias".

"Empezaron a exigir que se capturaran 'x' número de personas por día y por cada unidad policial y esto empujó a la policía a llevarse a personas sin verificar si realmente pertenecían o no a las pandillas", explica Mario.

Una medida que ya está "generando preocupación y miedo entre la población: la gente se pregunta quién va a ser el próximo inocente que se van a llevar a la cárcel", cuenta Sampó.

Pero no solo la detención de inocentes, la vulneración de derechos de los detenidos como la negativa a recibir visitas o llamadas, la negativa a tener un juicio justo, la negativa a recibir tratamientos o medicinas preocupan a estas organizaciones.

También el trato en las cárceles, "si los familiares no pueden llevarles comida a los penales, los detenidos no comen", cuenta Samuel, que recuerda la situación de hacinamiento que viven los presos en las cárceles. De hecho, el año pasado concluyó con más de 94.000 personas recluidas, pese a que las prisiones tenían capacidad para albergar a 30.864, según datos de Amnistía Internacional.

El futuro, en el punto de mira

Pocos ponen en duda las cifras del gobierno, pero sí la efectividad de las medidas. "Si tan seguro es el país y todo marcha tan bien como dice el presidente, ¿por qué no elimina el estado de excepción?", se pregunta Samuel.

No solo despierta dudas, para muchos esta es una medida insuficiente. "Si uno no genera un enfoque integral que busque prevenir la reproducción del modelo, es muy difícil pensar que este tipo de organizaciones sea con el nombre sea, no se vayan a reproducir, sinceramente, yo creo que con la mano dura sola, claramente no alcanza", sentencia Sampó.

“Con la mano dura sola, claramente no alcanza“

La única salida, según organizaciones salvadoreñas defensoras de los derechos humanos, es "sacar a Bukele, la solución no está en el sistema judicial, es cambiar al presidente porque mientras siga gobernando seguirá sometiendo a todo el mundo".

Pero con las distintas opiniones sobre la mesa, lo que está claro es que los ciudadanos esperan el futuro con incertidumbre. Incertidumbre ante lo que pasará con sus conciudadanos, con los mareros, con el estado de excepción y con los derechos humanos en el país.