La Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para la exjefa de gabinete y dos exministros de Castillo por el autogolpe

• Se solicita cárcel para la exjefa Betssy Chávez y para los exministros de Interior y Turismo, Willy Huerta y Roberto Sánchez
• El Ministerio Público ha indicado que la medida se impone por ser presuntos coautores del delito de rebelión y de conspiración

El expresidente de Perú, Pedro Castillo.

La Fiscalía de Perú ha solicitado este martes 18 meses de prisión preventiva para la exjefa de gabinete Betssy Chávez, así como para los exministros de Interior y Turismo, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente, por su supuesta participación en el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.

"(La) Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó prisión preventiva por 18 meses para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, y los exministros Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino", ha escrito el Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.

Ha agregado que la medida "corresponde al proceso penal que se les sigue en calidad de coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración".

Chávez, Huerta y Sánchez están siendo investigados por su presunta participación en el autogolpe que intentó dar el pasado 7 de diciembre Castillo, cuando anunció en un mensaje a la nación que dictaba el cierre del Parlamento, la instauración de un Ejecutivo de "emergencia nacional" que iba a gobernar por decreto y la reorganización del sistema de Justicia.

Boluarte culpa a la exjefa de presionar a Castillo para el autogolpe

En marzo pasado, los tres exministros del último gabinete de Castillo fueron acusados constitucionalmente por el Parlamento, luego de que el pleno aprobara la denuncia que presentó en su contra la Fiscalía de la Nación (general) por este mismo caso, por el que el exmandatario ya cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva.

El hemiciclo peruano dio luz verde, también, a suspender a Chávez en el ejercicio de sus funciones legislativas, en tanto dure el proceso penal en su contra, pero no aprobó la misma medida para Sánchez, quien conserva su escaño en la cámara.

En enero pasado, la exjefa del gabinete ministerial declaró ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que no estuvo de acuerdo "con la medida" anunciada por Castillo, y descartó haber tenido conocimiento del contenido del mensaje presidencial.

La actual mandataria, Dina Boluarte, quien en diciembre se desempeñaba como vicepresidenta del Gobierno, ha señalado a Chávez como una de las principales responsables de la crisis política que afronta Perú desde entonces, por presuntamente presionar a Castillo para que tome la decisión de anunciar un autogolpe de Estado.