El fondo noruego cambia de postura y apoyará la salida de Ferrovial de España pese a la oposición del Gobierno

• Anuncia que apoyará los 13 puntos del orden del día de la junta de accionistas de este jueves
• Claves del traslado de la sede de Ferrovial a los Países Bajos

El fondo soberano de Noruega invierte los beneficios del petróleo.

Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, ha rectificado su decisión inicial de posicionarse en contra del traslado de Ferrovial a Países Bajos en la junta general de accionistas de este jueves y votará ahora a favor de la operación.

Así figura en su página web, en la que aparece un voto favorable en todos y cada uno de los puntos del orden del día de la junta, incluido el 10,1, que es el que trata la fusión transfronteriza de Ferrovial con su filial neerlandesa, transacción que permitirá este cambio de sede social.

El fondo, que posee un 1,5% del capital de Ferrovial, apuntaba este martes que votaría en contra de este punto del orden del día de la junta, ya que operaciones de este tipo "deberían maximizar los rendimientos de los accionistas" y tener en cuenta que "todos los accionistas reciben un trato equitativo". En cambio, ahora su web solo detalla que votará a favor.

Riesgo para los minoritarios

Institutional Shareholder Services' (ISS), una firma asesora en gobierno corporativo, ya advirtió sobre el riesgo que suponía esta operación para los accionistas minoritarios, ya que la ley neerlandesa restringe más que la española el poder de los accionistas con menos peso en el capital.

El viraje del fondo noruego, que invierte los ingresos del gas y del petróleo en el extranjero, se produce cuando faltan menos de 24 horas para que Ferrovial celebre una junta decisiva y refuerza los apoyos con los que ya cuenta el grupo para sacar adelante este traslado a pesar del fuerte rechazo que ha generado en el seno del Gobierno y de las presiones que ha recibido para dar marcha atrás a esta operación.

Además, este cambio de postura tiene lugar después de una insólita carta del Gobierno con la que, según el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, no se buscaba presionar sino trasladar esta información a los accionistas de cara a una operación trascendental.

En busca de la mayoría

El grupo sigue atando las mayorías suficientes para sacar adelante esta propuesta, que anunció de forma sorpresiva a finales de febrero. Además del fondo noruego, Rafael del Pino, que suma un 20,4%, su hermana María con el 8,2%, y el fondo TCI, con el 7%, votarán a favor.

Por su parte, Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial y cuarto accionista del grupo con un 4,15%, se inclina a votar en contra, aunque parece que no ejercerá su derecho de separación, que ascendería a casi 800 millones, por encima de los 500 millones que ha fijado la compañía para no verse afectada negativamente desde el punto de vista financiero y de rating.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha insistido en que le gustaría que la sede siguiese en España y que no hay "razones económicas" que justifiquen esta decisión, mientras que Ferrovial niega motivos fiscales y reitera que las razones económicas son "sobradas y conocidas".

El Gobierno mantiene la presión

Se trata de un punto clave para que las plusvalías latentes que afloren con la fusión estén exentas de tributar. La Agencia Tributaria estudiará los documentos de la operación para ver si hay "razones económicas" y avisa de que estos análisis pueden demorarse años.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que los accionistas de Ferrovial "tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad", ha manifestado este miércoles. Añade que tanto la CNMV, como BME han dado "información relevante porque los accionistas han de tomar una decisión informada, conociendo la realidad y la verdad de las cuestiones que tienen que decidir en esa junta de accionistas".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado en relación con el cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos y la posibilidad de que ésta pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el Impuesto sobre Sociedades, que "la legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa".