El juez procesa a Granados, Marjaliza y otros 19 imputados por cohecho y prevaricación en el caso Púnica

• Se investiga la adjudicación de contratos en los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle
• Según el juez, el punto de partida siempre era David Marjaliza y su vinculación con determinados cargos y autoridades

El ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto sentar en el banquillo a 21 personas, entre ellos el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por contratos en los ayuntamientos de las localidades madrileñas de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle en el marco del caso Púnica.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez encuentra indicios para juzgar a Granados, a Marjaliza y a su mujer, Adela Cubas, así como a otros tres exalcaldes de Valdemoro y varios ex altos cargos del Consistorio de dicho municipio. También incluye a un exalcalde de la localidad de Moraleja de Enmedio, a técnicos municipales y personas vinculadas al Grupo Marjaliza.

Los hechos, según el instructor, serían constitutivos de los delitos de cohecho en concurso real con un delito de prevaricación administrativa y revelación de información reservada y secretos; tráfico de influencias; fraudes; cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho de persona jurídica.

Presuntas adjudicaciones irregulares

Según explica el auto, la pieza separada cinco se ha centrado en investigar la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, lo que "ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa".

En todos los contratos, indica, se constata una influencia directa o indirecta por parte de Marjaliza sobre quienes tiene la referida responsabilidad. "Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso", apunta.

En este caso, prosigue el juez, se pueden distinguir diversos supuestos entre los contratos sujetos a investigación. En uno de ellos, por ejemplo, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y además concurría en el procedimiento a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control. En otros, el empresario lograba la adjudicación del contrato pese a no concurrir en la misma los presupuestos necesarios.

Además, se constata que con algunas adjudicaciones también causaba un perjuicio económico injustificado al Consistorio. En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, parking, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.

Marjaliza como punto de partida

Según el juez, el punto de partida siempre era David Marjaliza y su vinculación con determinados cargos y autoridades de la localidad con la finalidad de lograr la obtención de contratos administrativos, disfrutando de un trato privilegiado en materia de adjudicaciones.

El magistrado relata cómo Marjaliza era informado con suficiente antelación sobre el inicio de estas licitaciones, para poder preparar la documentación necesaria con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación.

Con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento económico, el empresario logró la adjudicación directa de diversos contratos menores, "prescindiendo de las más elementales normas de contratación administrativa y fraccionando de forma sucesiva una prestación que se debía haber ofertado públicamente mediante el correspondiente concurso público para su licitación".

El auto también describe los contratos en los que participó Marjaliza en Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle y apunta que como contrapartida de las adjudicaciones,  el empresario pudo haber sufragado encuestas de contenido político como "una de las fórmulas empleadas por David para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas".

El magistrado da un plazo de diez días a las acusaciones para formular el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.