Vox recurre al Constitucional la ley trans por "ideológica" pese a dudar de la independencia de sus magistrados

• Considera que la norma desprotege a mujeres y a niños y carga contra las "altísimas sanciones económicas"
• Vox ha presentado 47 recursos de inconstitucionalidad en lo que va de legislatura

La diputada de VOX y portavoz de Igualdad, Carla Toscano, atiende a medios a su salida del Tribunal Constitucional.

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la 'ley trans'por considerarla "ideológica", a pesar de desconfiar de la independencia del Tribunal Constitucional tras el "cambalache" de los partidos políticos para ocupar sus puestos.

"Nos cuesta creer que las resoluciones que se estén dictando vayan a ajustarse a Derecho", ha afirmado el vicepresidente de Vox Javier Ortega Smith a las puertas del Tribunal Constitucional (TC), junto al secretario general del grupo, José María Figaredo; la vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, y la diputada portavoz de Igualdad, Carla Toscano.

Según Ortega Smith, muchos de los jueces del tribunal tienen una "clara y manifiesta falta de independencia" al haber sido "colocados a dedo" y han demostrado en su vida política "su tendencia partidista y sectaria".

Las decisiones del Constitucional deben atender exclusivamente a criterios profesionales, jurídicos y constitucionales, ha exigido el también diputado y candidato a la Alcaldía de Madrid, que ha revindicado la "derogación sin matización" de las leyes "ideológicas del sanchismo" frente a "la componenda, el maquillaje y los retoques que pretenden otros" en una "sumisión cobarde".

47 recursos en lo que va de legislatura

Vox demanda en el recurso presentado este miércoles, el número 47 en lo que va de legislatura, la nulidad íntegra de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobada el pasado 28 de febrero.

Considera que la conocida como ley trans vulnera la llamada reserva de ley orgánica con base en la misma doctrina histórica del TC y plantea también la inconstitucionalidad de una gran parte del articulado.

"Limita de un modo insoportable las libertades y desasiste a los menores", según el partido de Santiago Abascal, que denuncia "un asalto normativo de una ideología concreta, la ideología de género, a nuestro ordenamiento jurídico".

Advierte de que "su imposición coactiva constituye uno de los más graves atentados a la libertad de pensamiento y de expresión de los españoles, así como a la neutralidad ideológica exigible al Estado".

En su opinión, la normativa infringe el principio de seguridad jurídica y de legalidad penal, el derecho a la igualdad y la libertad de pensamiento o ideológica, de cátedra, de expresión como garantía institucional de otros derechos y de empresa.

También contraviene, a su entender, los derechos de los padres, las familias y los centros educativos a la educación y la especial protección que los niños y las madres tienen reconocida en la Constitución y en convenios internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño.

Considera que la norma desprotege a las mujeres y niños

Las desprotección de los menores constituye el aspecto "más sangrante" de la ley, según la diputada Carla Toscano, que ha recalcado que "ni el Estado, ni las editoriales, ni los profesores, ni los medios de comunicación son nadie para adoctrinar sexualmente a nuestros hijos".

Además, para Toscano, la ley trans es la que "más desprotege a las mujeres" al eliminar su identidad: "Si cualquiera es mujer, nadie es mujer", ha defendido.

La portavoz de Igualdad ha aludido también a la desprotección de las mujeres en espacios privados como vestuarios o cárceles y en que las pone en una situación de desventaja al tener que competir con "hombres que supuestamente se sienten mujeres".

"Es una ley 'acientífica', aberrante, como todo lo que genera la ideología de género, y además se inmiscuye de manera intolerable en la vida privada y sexual de las personas", ha concluido la diputada.

Adicionalmente, el recurso de Vox destaca las "altísimas sanciones económicas" y la falta de proporcionalidad en el cuadro de infracciones y sanciones, así como la imposibilidad de conocer, con carácter previo, qué puede o no ser sancionable al entender que conceptos como "discriminación" o "identidad sexual" se definen de tal modo que "su contenido queda al albur de la decisión de quien invoca la infracción".