Bruselas insiste en que exigirá la protección de Doñana "si es necesario" ante el plan de la Junta de legalizar regadíos

• Recalca que hay "evidencias sólidas" de los efectos "adversos" de la sobreexplotación de aguas subterráneas
• La Comisión Europea ya advirtió a España de que impondría multas si no cumplía con la sentencia del TJUE

Finca de cultivo de fresas en el entorno de Doñana, en Huelva

La Comisión Europea ha insistido este jueves en que puede exigir a España, "si es necesario", la protección del Parque Nacional de Doñana ante la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos y ha recordado que hay evidencias científicas y técnicas "sólidas" sobre los "efectos adversos" de la sobreexplotación de sus aguas subterráneas.

"Si es necesario, la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana", ha afirmado el portavoz comunitario Tim McPhie tras ser preguntado por la ley andaluza de regadíos, cuya tramitación recibió luz verde este miércoles en el Parlamento andaluz con los votos de PP y Vox.

El plan de la Junta de Andalucía, que cuenta con el rechazo de toda la oposición salvo Vox (que apoya la iniciativa), sigue enfrentando al Gobierno central y al andaluz. Este jueves, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha remitido una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, advirtiéndole precisamente del rechazo de Bruselas a su plan, y otros ministros han advertido igualmente al gobierno andaluz de lo que consideran un "atentado medioambiental". El Ejecutivo ha anunciado, además, que recurrirá el plan al Tribunal Constitucional si sale adelante.

La Comisión Europea ya envió a finales de marzo una carta que daba un mes a España para adoptar medidas y tildaba a la ley andaluza de "violación flagrante" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal.

En aquella misiva amenazó además con elevar de nuevo el caso ante la Justicia europea, esta vez proponiendo la imposición de sanciones económicas por persistir en el incumplimiento.

La justicia europea ya condenó a España

El portavoz de la Comisión ha preferido no "especular" ni entrar en "hipótesis" sobre los próximos pasos de Bruselas sobre este asunto y ha recordado que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya condenó a España por no proteger Doñana y que la institución abrió un nuevo expediente a España en junio de 2021 por no haber cumplido todavía con dicha sentencia.

Así, ha señalado que el Ejecutivo comunitario está "analizando" actualmente las "observaciones" remitidas por las autoridades españolas en el marco de ese expediente.

En este sentido, el portavoz ha apuntado que la legislación medioambiental europea "exige la utilización sostenible de los recursos naturales" y esto "incluye el agua", así como que "las actividades económicas disponibles deben ser compatibles con la conservación de las zonas Natura 2000".

"El conocimiento científico y técnico disponible que tenemos aporta evidencias sólidas sobre los efectos adversos de la sobreexplotación del agua subterránea en los ecosistemas de Doñana", ha concluido McPhie.

El PP: "No se va a atentar contra el medio ambiente"

Desde el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves en que el plan de la Junta lo que busca es dar una "solución" a centenares de familias que necesitan el regadío en terrenos que están "a 30 kilómetros" de Doñana y ha acusado al Gobierno de "enfrentar a las comunidades" y no cumplir sus compromisos sobre infraestructuras.

Por su parte, el portavoz de campaña del PP para el 28M, Borja Sémper, ha asegurado que la ciudadanía puede estar “tranquila” respecto al plan de la Junta de Andalucía para legalizar regadíos en Doñana porque para ello trabajará una comisión técnica de expertos que analizará qué terrenos pueden ser regularizados dependiendo de si el agua para el regadío es superficial o no. Ha asegurado que no se va a poder cometer “ninguna ilegalidad ni ningún atentado contra el medio ambiente” y que la protección del mismo es “compatible” con una actividad económica que “da de comer a cientos de familias”.