¿En qué consiste la proposición de ley para ampliar los regadíos en Doñana y por qué ha generado tanta polémica?

• El Parlamento andaluz ha iniciado su tramitación, a pesar de las amenazas de la UE y la oposición del Gobierno central
• La norma revertiría la ordenación que hizo la Junta en 2014, recuperando 800 hectáreas del parque como suelo agrícola

Doñana, en estado crítico por la sobreexplotación de los acuíferos y la falta de lluvias

El Parlamento andaluz ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley presentada por PP y Vox para ampliar los regadíos en Doñana, pese a las amenazas de la UE de multar a España si se legalizan más riegos, la oposición del Gobierno central y el rechazo de la comunidad científica y de ecologistas. La medida quiere legalizar cultivos en el entorno del parque nacional, en estado crítico por la sobreexplotación de los acuíferos y la falta de lluvias.

A continuación, se intenta dar respuesta a las principales dudas que puede suscitar esta norma que aún no ha visto la luz:

¿En qué consiste exactamente la proposición de ley?

Básicamente, la norma revertiría la ordenación del territorio que hizo la Junta en 2014 -gobernada entonces por el PSOE-, que eliminó aproximadamente 1.600 hectáreas del Condado de Huelva como suelo agrícola, aunque ahora solo afectaría a la mitad de esta superficie. Cientos de agricultores que vieron sus fincas convertidas en suelo forestal podrían recalificar sus terrenos para que fuesen de nuevo de regadío.

Para hacerlo, recupera un texto presentado por PP y Vox en enero de 2022, en la pasada legislatura, encaminado a propiciar que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, que cuentan con una menor protección ambiental. El texto precisa ahora que "estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".

La proposición invoca la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que contempla ese trasvase para "equilibrio hídrico del entorno y especialmente del parque de nacional de Doñana".

¿A cuántas hectáreas afecta?

La proposición reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), si bien precisa que no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, ya mermado por los pozos ilegales y también por la sequía.

¿A qué tipo de cultivos beneficiaría esta medida?

Situadas a las puertas del parque nacional de Doñana, estas poblaciones onubenses han ido creciendo gracias al cultivo de los frutos rojos, como las fresas, que precisan de una gran cantidad de riego. A raíz de esta actividad, se han abierto miles de pozos, muchos de ellos de manera ilegal, que se nutren de las aguas subterráneas sin control, mermándolas poco a poco ante la alarma de expertos y ecologistas. Así, estos cutivos de frutos rojos son los que más se beneficiarían de la nueva ley, en caso de que salga adelante.

Crece el conflicto por el futuro de Doñana

¿Qué ha dicho Europa al respecto?

Poco después de conocer que el Parlamento andaluz iniciaba la tramitación de la proposición de ley, la Comisión Europea ha insistido en que puede exigir a España "si es necesario" la protección del parque nacional de Doñana, y ha recordado que hay evidencias científicas y técnicas "sólidas" sobre los "efectos adversos" de la sobreexplotación de sus aguas subterráneas. "Si es necesario la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana", ha expresado el portavoz comunitario Tim McPhie. Entre estas nuevas disposiciones, se incluyen posibles sanciones económicas que recaerían sobre el propio Gobierno español.

La Comisión Europea ya envió a finales de marzo una carta que daba un mes a España para adoptar medidas y tildaba a la ley andaluza de "violación flagrante" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal. En aquella misiva amenazó además con elevar de nuevo el caso ante la Justicia europea, esta vez proponiendo la imposición de sanciones económicas por persistir en el incumplimiento.

¿Cuál es la posición científica al respecto? ¿Y la de los ecologistas?

Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana CSIC, ha explicado a RNE que "se está dañando ya el presente del parque nacional, esas lagunas temporales están desapareciendo (...) estamos consumiendo hasta agotar el recurso; cuando se agote, no habrá Doñana, no habrá turismo y tampoco habrá agua para la agricultura".

Las mañanas de RNE - Eloy Revilla: "Se está dañando el presente del Parque" - Escuchar ahora

El biólogo indica que las perspectivas para este año son "malas o muy malas", y vaticina que este año va a quebrar mucha agricultura en el valle del Guadalquivir. Aunque, a su juicio, el Parque no va a desaparecer, cree que cambiará: "Va a ser menos interesante de lo que era hasta ahora, el hecho diferencial que hace que Doñana sea un lugar con un valor universal, puede que lo perdamos".

Por su parte, Carlos Dávila, responsable de la oficina técnica de SEO Birdlife en Doñana, insiste en que el acuífero está sufriendo la peor crisis de biodiversidad de su historia, "Doñana es agua. Si perdemos agua perdemos toda su biodiversidad asociada", ha asegurado en RNE, donde recuerda que la proposición de ley "va contra del criterio científico, en contra del gobierno, de todos los organismos internacionales y se hace de forma unilateral".

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Para Juan Romero, representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, la proposición está motivada por "intereses electoralistas y políticos", y no ha contado con el Consejo de Participación, "donde están los agricultores, los alcaldes y los científicos" y donde "existe un debate pausado". En definitiva, considera que no hay voluntad de proteger la integridad de Doñana.

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¿Cuál es el planteamiento de la Junta de Andalucía?

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, sostiene que su gobierno "tiene autonomía, capacidad y decisión" para acabar con la "ilegalidad" en la que están miles de familias de agricultores en el entorno de Doñana, situación de la que ha responsabilizado a los anteriores ejecutivos del PSOE-A.

El choque frontal con el Gobierno de España, encarnado por el Ministerio para la Transición Ecológica y su titular Teresa Ribera, se ha intensificado en los últimos días, con acusaciones cruzadas. Moreno considera "una enorme frivolidad que quienes han permitido que se vulneren los acuíferos" durante tantos años teniendo las competencias de la Confederación Hidrográfica del río Guadalquivir "hablen ahora de defender a Doñana".

"Queremos poner una solución para que nadie pueda conseguir agua del subsuelo, para que no se amplíen los regadíos y poner orden en el caos que han creado ellos durante tantos años de gobierno", ha asegurado, en referencia a los más de 40 años consecutivos -entre 1978 y 2019- en los que Andalucía fue gobernada por el PSOE, hasta la victoria de Moreno en las anteriores elecciones autonómicas.

¿Y el del Gobierno de España?

El Gobierno español ha asegurado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si se aprueba la polémica proposición de ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, lamenta que el Parlamento de Andalucía haya aprobado la toma en consideración de la proposición de Ley de Regadíos de Doñana. Ribera la ha calificado como una maniobra "de regate corto" y "puramente electoralista". Además ha añadido que confía en que la norma termine en un cajón o "en una papelera".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reiterado que el Gobierno español va a hacer todo lo que sea preciso para "salvar" el parque nacional de Doñana "de las manos del PP y de Vox". Asimismo, ha insistido en que es una "malísima noticia" este "ataque" a Doñana y a su ecosistema, y en que van a analizar todas las medidas a su alcance.

En esta misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que Doñana "no se toca" porque es "patrimonio de todos los españoles".