Las comunidades del PP plantan cara a la política de vivienda del Gobierno

• La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará un recurso de anticonstitucionalidad
• El PP pide la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo

En la imagen, un hombre observa carteles de viviendas en venta y alquiler en Menorca, Baleares.

Las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP -Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia- han manifestado su descontento con la política de vivienda anunciada por el Gobierno y piden al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que convoque de manera urgente una Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo para analizar la nueva ley que aprobará el Consejo de Ministros este martes.

Y es que el Ejecutivo va a aprobar un plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb -la sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de los bancos rescatados- a alquiler asequible.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado un plan de vivienda alternativo basado en avales para alquilar y comprar, centrado en las rentas medias y bajas y, especialmente, en la gente joven.

Madrid presentará un recurso de anticonstitucionalidad

Una de las primeras en plantar cara a la nueva ley de vivienda es la Comunidad de Madrid que prevé presentar un recurso de anticonstitucionalidad. La presidenta de esta región y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no va a aplicar esta ley donde no sea obligatorio y que la recurrirá "a todos los tribunales", ya que considera que "en el momento en que te entrometes en el precio de las viviendas baja la oferta y se disparan los precios".

Según Ayuso, el Gobierno busca "colapsar" y "eclipsar" las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo y es "una improvisación" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y "un atropello contra la propiedad" que provocará efectos distintos como disparar los precios y "desplomar" la oferta.

El Gobierno andaluz ha advertido de que supervisará el texto de la nueva norma para certificar que no vulnera las competencias autonómicas y que se ciñe a la legislación española vigente, ya que, de lo contrario, adoptará las medidas "oportunas". Fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno han asegurado que hay informes, como el del Consejo General del Poder Judicial, que advierten "del difícil encaje de esta ley, dado que las competencias en vivienda son autonómicas".

Convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial

Señalan, también, que la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial es "necesaria" para que se informe de una norma que, según aseguran, se ha "cocinado a espaldas" de las comunidades autónomas.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha dirigido por carta a la ministra Raquel Sánchez para pedir la "urgente convocatoria" de la reunión.

Asimismo, su homóloga de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha urgido al Gobierno central a que "dé la cara" y convoque la mesa sectorial para debatir una ley "preocupante" y que "está carente" de todo, entre otras cuestiones, de la memoria económica.

El Ejecutivo autonómico murciano ha mostrado su preocupación por el alcance de la aplicación de la ley en su región y por las consecuencias que de ella derivan para el ejercicio de la política de vivienda del Gobierno de su comunidad.

En este sentido, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha manifestado que es "sectaria y extremista" porque "menoscaba la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos". A su juicio, no va a resolver los problemas de acceso a la vivienda de las familias porque "está comprobado que las medidas que propone provocan exactamente lo contrario de lo que pretenden".