Andalucía defiende en Europa su ley de regadíos de Doñana y Bruselas responde: "Va en sentido contrario"

• El Gobierno andaluz asegura que cumple su parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
• La Comisión Europea está "profundamente preocupada" porque la legislación andaluza planteada "podría degradar" el humedal

Andalucía defiende en Europa su ley de regadíos de Doñana y Bruselas responde: "Va en sentido contrario"

El consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este lunes ante la Comisión Europea que la Junta de Andalucía cumple su parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga a proteger Doñana, y que la proposición de ley que se tramita en el Parlamento andaluz sobre los regadíos en la corona norte "en absoluto perjudica" al humedal. Sin embargo, el organismo europeo ha respondido asegurando que esta medida va "en sentido contrario" a la obligación de proteger el parque natural y "podría degradar el humedal".

"El comisario (Virginius Sinkevicius) ha recordado que la Comisión está profundamente preocupada porque la legislación andaluza planteada, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana", ha indicado un portavoz comunitario tras la cita.

El consejero Fernández-Pacheco ha declarado que el comisario le ha "expresado la preocupación que tiene por el cumplimiento de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE de 2021 que obliga a España a proteger el parque y que se había "comprometido a evaluar todos los argumentos" del Gobierno andaluz. Aunque no ha mencionado, sin embargo, que Sinkevicius criticó abiertamente el proyecto de ley.

"Las medidas adoptadas hasta ahora por España para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia (...) no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en sentido contrario, como se explica en nuestra carta a las autoridades españolas de 20 de marzo de 2023 y una carta anterior de 31 de enero de 2022", han indicado fuentes comunitarias.

Enfrentamiento Junta - Gobierno

"Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España", ha aseverado el consejero Ramón Fernández-Pacheco.

En esa reunión, el comisario Sinkevicius se ha comprometido con el Gobierno andaluz a "evaluar" los argumentos a favor de la nueva ley de regadío en Doñana y ha insistido en la necesidad de proteger el acuífero. "El comisario me ha expresado la preocupación que tiene por el cumplimiento de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE de 2021 que obliga a España a proteger el parque y "se ha comprometido a evaluar todos los argumentos", ha declarado Fernández-Pacheco.

"El comisario se ha comprometido a estudiar ese documento, como se explica en el mensaje difundido por la Comisión. En ese mensaje además queda claro que la reunión la solicitó la Junta y que no ha sido una llamada a capítulo como ha insinuado la ministra Ribera por un supuesto procedimiento de infracción", han indicado fuentes de la Junta.

El consejero andaluz no ha detallado si la Comisión le ha hecho reproches concretos al proyecto de ley, después de que el Ejecutivo comunitario en reiteradas ocasiones haya señalado que este "podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria" y que, de ser así, Bruselas utilizará "todos los medios" para protegerla. "Lo cierto es que la gran parte de la reunión ha versado sobre la preocupación que tiene la Comisión acerca del cumplimiento de la sentencia, que en un 80% es responsabilidad del Gobierno de España", ha dicho Fernández-Pacheco.

Críticas de la Junta al Gobierno de España

El responsable de la Junta ha insistido en que "por supuesto que al comisario le preocupa" la situación de Doñana y ha agradecido que Sinkevicius les haya recibido "con tanta celeridad" tras solicitar una reunión hace escasos días. "Por eso estamos tan agradecidos de haber tenido la posibilidad de explicar nuestra versión y que se haya comprometido a estudiar los argumentos que le hemos dado desde la Junta", ha manifestado el consejero andaluz, quien ha criticado que el Gobierno de España se haya negado desde noviembre a mantener una reunión similar.

La cita en Bruselas, a la que la Junta llegó "con la verdad como único instrumento", ha sido una "oportunidad de explicarle al comisario Sinkevicius que se trata de una proposición de ley que en absoluto perjudica al acuífero de Doñana". "Estamos hablando de aguas que vendrían siempre en superficie, siempre a través de un trasvase que el Gobierno de España prometió por ley en 2018" para llevar agua desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hasta los regadíos del Condado de Huelva, ha dicho.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se abrió el viernes a modificar la propuesta de ley en los puntos en los que la Comisión Europea no esté de acuerdo, extremo en el que ha insistido este lunes el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno regional. "El dialogo es enriquecedor, contraponer diferentes posturas siempre beneficia. Pero es más, la proposición de ley está en el Parlamento andaluz y los diferentes grupos políticos tendrán la posibilidad de presentar enmiendas", ha declarado.

El Gobierno asegura que acudirá al Tribunal Constitucional

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, le ha pedido una vez más al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que retire el proyecto de ley que ha comenzado a tramitarse en el Parlamento andaluz, para que "se imponga el sentido común", porque no se van "a negociar ilegalidades".

"No caben enmiendas, solo cabe la devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás, en beneficio de los españoles, que es la papelera", ha dichi. Si la Junta sigue adelante con su proposición de ley, Ribera ha hecho hincapié en que se acudirá "al Tribunal Constitucional".

La Comisión Europea ha amenazado con sanciones económicas a España si finalmente se aprueba esta medida, que también ha provocado el rechazo de ecologistas y científicos. La proposición de ley reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas, lo que cuestiona Bruselas, y también el Gobierno central, que recurrirá al Tribunal Constitucional por "invasión" de competencias si se aprueba.

El Ejecutivo andaluz defiende que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra que, según la Junta, tiene que acometer el Estado.

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado que a Moreno Bonilla "no le queda otra solución que abandonar la tramitación de dicha proposición" y le ha pedido que "deje la soberbia y la cabezonería a un lado porque todo el mundo está en contra de lo que ha calificado como un error grave y profundo". El PSOE-A, afirma Espadas, no participará en la rectificación de esa ley final.