Una Comisión Ciudadana investigará las muertes en residencias de Madrid en 2020 durante la pandemia

• La comisión ha sido constituida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia
• Denuncian que el 77% de las personas que murieron en residencias en marzo y abril no recibieron atención hospitalaria

Concentración de Mareas de Residencias frente a los juzados de la Plaza de Castilla en Madrid.

Las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid han constituido la Comisión Ciudadana Por la Verdad, que investigará a partir de junio la muerte de 7.291 personas en dichos centros de la Comunidad de Madrid en 2020, durante la pandemia de la COVID-19, sin recibir atención sanitaria.

"La sociedad civil tiene suficientes recursos y conocimientos para no quedarse de brazos cruzados y buscar la verdad y la reparación para las víctimas. Con ese propósito, ponemos en marcha esta Comisión, que, para evitar cualquier interferencia electoral, comenzará sus trabajos a partir del mes de junio próximo", dicen las plataformas este martes en un comunicado.

Las plataformas recuerdan que en la Comunidad de Madrid, en marzo y abril de 2020, murieron 9.468 personas que vivían en residencias (el 18% del total), y que de ellas 7.291, el 77%, no recibieron atención hospitalaria.

Denuncian los "protocolos" que impidieron el traslado a los hospitales

Estas cifras, dicen, suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo España durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que la Comunidad de Madrid contaba solo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España).

La nota añade que en aquellas fechas, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, "unos protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad impidieron el traslado de pacientes que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, a hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema, a los hoteles medicalizados y a los hospitales privados", y que "tampoco se medicalizaron las residencias".

Las plataformas dicen que estos hechos "tan graves" no han sido aún investigados y explican cómo el Parlamento regional de la Comunidad de Madrid constituyó en julio de 2020 una Comisión de investigación sobre la situación provocada por la pandemia en dichas residencias y cómo la gestionó el Gobierno regional entre febrero y junio.

"Dicha comisión, tras haber realizado ocho sesiones, quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021. El 11 de junio, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron la reapertura de la citada comisión, pero esta fue denegada por el PP y Vox", recuerdan ambas plataformas.

A lo largo de la legislatura PP y Vox negaron sucesivos intentos de reabrirla, según señalan, con "las consecuencias inmediatas de no investigar, no juzgar y no tomar medidas", que han contribuido a "la intensificación de la deshumanización que caracteriza el mundo de las residencias".

Formada por expertos en Derecho y Sanidad

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid está compuesta por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, como presidente; la epidemióloga por la Universidad de California y profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal María Victoria Zunzunegui Pastor, o el experto en Gestión y Administración Sanitaria y miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias Fernando Lamata.

También, la escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba Anna Freixas, el director del Instituto de Derechos Humanos y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia (IDH), Fernando Flores; la socióloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza, Cristina Monge, y el abogado y profesor de la Universidad Carlos III Eduardo Ranz.

El exconsejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que ocupó este cargo en los primeros meses de la pandemia, autor del libro Morirán de forma indigna, dijo en octubre pasado al presentar su obra que en Ifema, que permaneció abierto 41 días, ingresaron 3.811 personas, de las que solo 23 procedían de residencias, y solamente murieron 16 personas, mientras que en esos mismos días en las residencias de la región fallecieron 5.000 personas.

Reyero testificó el pasado 23 de marzo ante un juzgado por los protocolos que impedían derivar a ancianos de las residencias a los hospitales según su grado de dependencia en la primera ola de la pandemia. A su llegada a los Juzgados, Reyero aseguró que las personas en residencias "quedaron abandonadas a su suerte" por culpa de los protocolos de la Administración autonómica.