La ocupación de la vivienda, en el centro de la polémica por la nueva ley aprobada por el Gobierno

• Con la nueva norma el proceso de desocupación se puede alargar
• Algunos expertos creen que aumentarán los enfrentamientos entre policía y organizaciones antidesahucio

La okupación de la vivienda en el centro de la nueva ley aprobada por el Gobierno

La nueva ley de vivienda dice que aquellos ocupas que entren en una vivienda a la fuerza, seguirán siendo desalojados. El proceso no se paraliza, pero sí se puede alargar. Lo que pretende la ley es proteger a las familias vulnerables en caso de desahucio. Para ello establece modificaciones en los requisitos que se piden a los propietarios.

El pequeño propietario tendrá que demostrar si es la vivienda habitual del deudor. En el caso de los grandes tenedores, los que tienen más de cinco viviendas en propiedad, lo tiene más difícil. Deberán acreditar si la parte demandada está en situación de vulnerabilidad y haber iniciado un proceso de arbitraje o intermediación para busarle alternativa habiacional antes de pedir el desalojo.

"Mayor coste para ellos, van a tener que acreditar a los servicios sociales la vulnerabilidad de ese inquilino. Una serie de trámites que van a eternizar y hacer más lentos los procesos de desocupación", explica el director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo.

La policía no podrá intervenir por sorpresa

Además, a partir de ahora, la policía no podrá intervenir por sorpresa. Se tendrá que comunicar obligatoriamente la fecha y la hora. Algo que desde la plataforma de afectados por la hipoteca venían reivindicando

"Es una violación lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Del derecho a saber de qué te condenan y cuándo, y cuándo se va a ejecutar la condena", comenta el portavoz estatal de Afectados Por La Hipoteca, Paco Morete.

Algunos expertos creen que de esta manera aumentarán los enfrentamientos entre policía y organizaciones antidesahucio.

"¿Por qué se hacían sin fecha y hora? Para evitar precisamente esta situación", dice el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo.

También se amplían los plazos de suspensión de los procesos. A dos meses cuando son personas físicas y a cuatro cuando se trata de empresas propietarias. Además se habilitará a las comunidades autónomas a usar los fondos de planes estatales para subvencionar a los caseros afectados por estas paralizaciones.