La justicia catalana inhabilita un año a Meritxell Serret por desobediencia en la organización del 1-O

• También la condena a una multa de 12.000 euros, por desobediencia en la organización y la celebración del referéndum
• Serret ha dado a entender que no piensa por ahora abandonar su cargo y que presentará recurso contra su condena

La 'consellera' catalana de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, a un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros, por un delito de desobediencia grave al facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1-O en 2017, cuando formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.

La sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE, no es firme e inhabilita a la que fuera consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con Puigdemont para ejercer cargos electos estatales, autonómicos, locales o supranacionales y funciones de gobierno de esos ámbitos durante un año.

Además, también se le condena al pago de las costas del juicio, que se celebró el pasado 29 de marzo. Entonces, Serret reclamó su absolución, declaró que actuó obedeciendo el "mandato democrático" de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O, sostuvo que el referéndum no fue un delito y defendió su apuesta por la "negociación" para resolver el conflicto.

Para la sala, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era "perfectamente conocedora" de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificadas personalmente, pero los ignoró de forma "consciente y deliberada", sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

La consellera, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la DUI, volvió a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes tuvieron un papel similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.

La sentencia señala un "reconocimiento directo" del delito

La sentencia recuerda que la propia Serret hizo un "reconocimiento directo" del delito que se le imputa en el juicio, cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus "convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán".

Según el TSJC, su propia defensa "fue clara al respecto cuando admitió que no venía a negar las acusaciones formuladas contra la acusada y a enmascarar las mismas" y reconoció que Serret había sido apercibida por el Constitucional de su deber de paralizar el 1-O.

La sentencia añade que los miembros del Govern "omitieron de forma contumaz lo que se les había ordenado" y que los decretos para la organización del 1-O que suscribieron todos sus miembros, "más allá de la estratégica degradación del valor de la firma de todos los consejeros, era bien expresiva de una inequívoca voluntad de rechazo al mandato constitucional".

“La culpabilidad de la acusada está fuera de toda duda“

"La culpabilidad de la acusada está fuera de toda duda, no solo por la aceptación expresa de los hechos imputados sino por haber desatendido de forma clara, reiterativa y flagrante, los requerimientos del Tribunal Constitucional", resalta el tribunal.

Los jueces insisten en que la "ilicitud de organizar un referéndum de autodeterminación de forma unilateral y con carácter vinculante al margen del Estado es de conocimiento general", sin que quepa la excusa de un "conflicto de bienes", teniendo en cuenta que "el pretendido derecho a decidir" no existe en el ordenamiento jurídico.

Además, para el tribunal, "resulta impensable" que la acusada, con su "elevada formación" (licenciada en Ciencias Políticas y con un postgrado en Dirección de Empresas), "capacitación", como consejera y diputada del Parlament, y "experiencia profesional" no supiera que se estaba vulnerando de forma "flagrante y palmaria" la legalidad.

Serret reafirma su intención de seguir como consellera y recurrir la condena

La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret, ha dado a entender que no piensa por ahora abandonar su cargo, sino que presentará recurso contra su condena y seguirá "confrontando" con el Estado y el sistema judicial español.

En un comunicado, Serret ha evitado dar la batalla por perdida, por lo que no piensa de momento dar un paso atrás: "El Departamento de Acción Exterior y Unión Europea, que tengo el honor de encabezar, centra en estos momentos mi plena atención, y así continuará siendo. No contemplo ningún otro camino".

"Estamos volviendo a poner Cataluña en la escena internacional y, aunque nos quieran anular, nos mantendremos tan activos y comprometidos como siempre, llevando más y mejor Cataluña al mundo", ha afirmado.

Serret ha remarcado que la sentencia emitida este miércoles "no es firme", por lo que presentará recurso y continuará defendiéndose "hasta donde haga falta" y se ha reafirmado en que lo que hizo el Govern al impulsar el 1-O "no es delito".

Además, ha señalado que "poner urnas no es un delito, ni ahora ni en 2017" y que el 1 de octubre "no solo no fue un delito, sino que fue una expresión democrática masiva que respondía a un mandato de una mayoría parlamentaria".

La consellera de ERC ha advertido que "el conflicto continúa" y no pararán hasta conseguir "una solución política y democrática". Además, ha asegurado que reivindicarán "en todas partes la democracia y la plena libertad de todas las personas represaliadas y exiliadas" y que seguirán trabajando "por un proyecto político que es legítimo: alcanzar la república catalana".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha mostrado su apoyo a Serret y ha afirmado que mantendrá sus funciones institucionales: "La sentencia no es firme". Para él, la inhabilitación de Serret es "la demostración de que hay un conflicto político entre la ciudadanía de Cataluña y las instituciones del Estado español". "No puede ser un delito votar. Ni lo fue en 2017 ni lo puede ser ahora", ha remarcado.

La inhabilitación ha provocado también la reacción del líder de CS en el Parlament, Carlos Carrizosa, quien ha reclamado la dimisión Serret, mientras que el jefe de filas de Vox, Ignacio Garriga, ha tildado de "lacra" al independentismo. "Una consellera condenada por delito de desobediencia no está legitimada para exigir a los demás que obedezcan las leyes", ha asegurado Garriga.