El Congreso aprueba la primera ley de vivienda de la democracia y pone límites a los precios del alquiler

• El Gobierno, que pactó la ley con ERC y Bildu, reivindica un "hito" y el PNV cambia la abstención por el 'no'
• PP, Vox y Ciudadanos creen que solo beneficia a los 'okupas' y que se traducirá en un aumento final de los precios

La ley de vivienda que limita los precios del alquiler saldrá adelante con el apoyo del bloque de la investidura

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la primera ley de vivienda de la democracia, que el Gobierno pactó con ERC y con EH-Bildu y que permite limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas. Una ley que, para el Ejecutivo y estos dos socios, supone garantizar la vivienda como un “derecho”, sobre todo para los jóvenes y más vulnerables, pero que para la oposición de PP, Vox y Cs solo beneficia a la ocupación ilegal y se traducirá en una reducción de la oferta y un aumento final de los precios. Por su parte, el PNV, JxCat y el PDeCat la han rechazado al considerar que invade competencias autonómicas.

La norma ha salido adelante con 176 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe), 167 'noes' (PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, UPN y el PNV) y una abstención, la del BNG. Tras la votación, la norma será remitida al Senado para su tramitación y volverá previsiblemente al Congreso a mediados de mayo para su aprobación definitiva.

Tras la votación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado ante los medios en el Congreso un “hito” de esta legislatura y de la democracia, una ley con la que se da cumplimiento al "mandato constitucional" que reconoce el derecho a una vivienda digna y se deja “definitivamente atrás la ley del suelo de 1978” y el “modelo neoliberal que trajo especulación, corrupción y mucho dolor social”. “Estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuestas a los ciudadanos”, ha aseverado , y ha dado las gracias a los grupos que han apoyado una norma con la que “se cambia el paradigma” para poder "cambiar lo que hoy es un bien de lujo en un bien de primera necesidad”, algo que va a ser posible también con el "impulso" del Ejecutivo a la vivienda pública.

La ley, una de las grandes promesas del Gobierno de coalición y que no ha visto la luz hasta casi el final de la legislatura, habilita a las comunidades autónomas para declarar zonas tensionadas y topar los precios en éstas cuando el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o en caso de que el precio de compra o alquiler aumente al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores. La norma permite además aplicar un índice de contención de precios para los grandes tenedores. Las comunidades gobernadas por el PP, con Madrid a la cabeza, ya han asegurado que no van a hacer uso de esa facultad.

El Gobierno: "La ley da esperanza a los jóvenes"

En defensa de la ley, han tomado la palabra en el Congreso la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. “Esta es una ley de esperanza para los jóvenes y para quienes más lo necesitan”, ha destacado la ministra Sánchez, quien ha subrayado que la norma permitirá que la vivienda se convierta “en el quinto pilar del Estado del bienestar” junto con la educación, la sanidad, las pensiones y el trabajo. Y espera que la ley sea "un punto de no retorno" y que los avances sean ya "irreversibles".

Para esta ministra, el texto “protege jurídicamente” y “no va en contra de nadie”, puesto que protege, ha asegurado, a arrendadores y arrendatarios, compradores y vendedores. Una afirmación que ha contrastado con la de Belarra, que si bien ha calificado la norma como “un avance social sin precedentes”, ha aseverado que “hoy pierde la banca, pierden los buitres, los fondos de inversión y gana la gente, los inquilinos y quien tiene una hipoteca”.

Sánchez ha destacado que se trata de una ley “ambiciosa” que busca “reorientar toda la política de vivienda” consolidada durante décadas en torno a la propiedad privada, que ha tenido “luces y sombras” al haber resultado “demasiado propensa a la especulación”. Coincidiendo con esto, Belarra ha calificado las políticas de vivienda hasta la fecha como “la gran estafa española” construida durante más de 40 años bajo “un consenso político” del “pelotazo, la especulación”, la liberalización “salvaje” del suelo o la burbuja inmobiliaria”.

ERC y Bildu se felicitan y cargan contra el “relato” de la derecha

Esquerra y Bildu, que han sido fundamentales para que la ley saliera adelante, se han felicitado por la negociación culminada con éxito con el Gobierno. “Llevamos 450 días de negociación, ha sido intenso, arduo y difícil llegar hasta aquí”, ha destacado la republicana Pilar Vallugera. Para Oskar Matute (EH-Bildu), lo conseguido es “un paso corto” para lo que les hubiera gustado desarrollar, pero “necesario” porque la alternativa era que los grandes propietarios que decidieron hacer de la vivienda “un negocio por encima de un derecho”, “sigan campando a sus anchas”.

Ambas formaciones han rechazado el "mantra" extendido entre la derecha respecto a que se protege o fomenta la ocupación ilegal y las críticas del PNV, Junts y el PdeCat al afirmar que la ley invade competencias autonómicas.

Vallugera les ha recordado que ya se aprobó en Cataluña una ley de contención de precios que fue tumbada por el Constitucional y ha dicho que lo que ocurre es que ni el PdeCat ni Junts “están por la contención de rentas ni para parar desahucios”. Y Matute les ha respondido que el problema no es de competencias sino "ideológico", de "elegir la vivienda como un derecho o como un bien de mercado”. Porque la ley, ha defendido, “pone coto” a la especulación, a los abusos y frena el “aumento incontrolado” de los alquileres.

El PNV se pasa al 'no' al considerar que se invaden competencias

Pero a diferencia de estos partidos, otro socio habitual del Gobierno, el PNV, sí que cree que se produzca una invasión de competencias y eso le ha llevado a cambiar el sentido de su voto, que ha pasado de la abstención al 'no'. Íñigo Barandiaran ha criticado que la ley "se extralimita en sus competencias e invade las de las comunidades autónomas", en lugar de dar "un paraguas jurídico" a éstas. Al inicio del debate, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado que el PNV retiraba todas sus enmiendas a la ley. El diputado jeltzale ha dicho que es "discutible" la eficacia de las medidas antidesahucios, que "dejan sin solución al problema de la ocupación", y ha criticado que la norma "ni crea vivienda ni topa ni limita los alquileres".

Al igual que el PNV, JxCat y el PDeCat han rechazado la ley por una invasión de competencias que supone para ellos "una línea roja". Aparte del debate, los tres partidos han ofrecido antes de la votacion una rueda de prensa conjunta en el Congreso para explicar el sentido de su voto.

PP, Vox y Cs ven un aumento de la “inseguridad jurídica” y de los precios

Los principales partidos de la oposición han coincidido en su diagnóstico y la apuesta de PP, Vox y Ciudadanos pasa por construir más vivienda pública, pero han cargado contra los anuncios al respecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerarlos “humo” de cara a las elecciones.

Ana María Zurita (PP) ha asegurado que esta ley “no convence a nadie”, que es “un robo a mano armada” a los propietarios y que se ha elaborado para “tener a bien” a Esquerra y Bildu, pero no da solución a los problemas de las personas vulnerables ni garantizará el derecho a la propiedad privada ni a la vivienda para los jóvenes. Y ha pronosticado que la intervención del mercado puede hacer subir los precios un 25%. Si bien ha apostado por construir más viviendas, ha acusado al Gobierno de vender "humo" con las más de 100.000 viviendas anunciadas por Sánchez y ha asegurado que que la ley está desarrollada con “paja y relleno” por unos contenidos que “caerán ante el primer recurso de las comunidades autónomas”.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha coincidido en que habrá un desplome de la oferta, precios del alquiler “disparados” y una “consolidación del mercado negro”, y ha criticado el “amparo de la ocupación” y el “deterioro de la seguridad jurídica”. Todo, ha proseguido, una “condena” para las clases medias:“La intervención siempre deriva en una disminución de la inversión y contratación de la vivienda” y en precios finales más altos, ha sentenciado. Además, ha cargado contra el “populismo” de un Gobierno “de extrema izquierda” que “ha desoído a todos los que había que escuchar salvo al brazo político de ETA”, en referencia a EH-Bildu, que se consolida a su juicio como “socio preferente” del PSOE para la dirección del Estado. Y ha reprochado su parte a ERC, que es “el pagafantas del PSOE”.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado contra lo que considera “un anuncio electoral vacío y absolutamente contraproducente”. “La intervención de precios no funciona”, ha sentenciado, y ha criticado que al Gobierno “le encanta desenterrar a Franco”: “Primero desentierran sus restos y luego sus leyes. A su juicio, la ley va a “generar más miedo a los propietarios y más frustración a los jóvenes” y ha ironizado preguntando cuántas viviendas más va a prometer Pedro Sánchez: “Sus promesas las van a incumplir y el control de precios no va a funcionar”.

La aprobación de la ley de vivienda con el bloque de la investidura (salvo el PNV) deja en el Congreso una imagen muy distinta a la de la semana anterior, cuando el PSOE sacó adelante su reforma del 'solo sí es sí' con el PP pese al rechazo de sus socios de Unidas Podemos y otros socios habituales como ERC y EH-Bildu, lo que agrandó las grietas en la coalición. Ahora, el Ejecutivo se marca este tanto parlamentario a un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, lo que ha valido las críticas de parte de la oposición por electoralismo al considerar que han tenido la norma de vivienda "guardada en un cajón" hasta que le ha resultado oportuno. Con todos los políticos ya en precampaña, parece que lo que quede de legislatura hasta que se celebren elecciones generales a finales de año va a tener una lectura claramente electoral.