Cuando el casero consigue imponer una subida del alquiler por encima del límite del 2%: "Trago para que no me echen"

• El tope se aplica a la actualización de contratos vigentes, pero no si se firma uno nuevo o se pacta con un pequeño propietario
• Los sindicatos de inquilinos denuncian presiones en una negociación que consideran desigual

Una mujer lee preocupada un documento en su casa

Hasta hace solo unos meses, Felipe y Rosa pagaban 985 euros por el alquiler de una casa en Madrid, pero antes de que empezara el nuevo año su casero les comunicó un cambio: el precio mensual aumentaría 165 euros a lo largo de 2023 y otros 100 euros en 2024. Así, en dos años, alcanzaría los 1.250 que considera que vale hoy el apartamento. La subida impuesta, del 16,75% en el primer año y del 8,7% en el segundo, supera con creces el límite del 2% establecido por el Gobierno desde finales de marzo de 2022.

"Dice, y puede que tenga razón, que el piso no lo teníamos a un precio de mercado, que llevábamos mucho tiempo y no nos lo había subido", expone Felipe, y reconoce que durante los primeros años les mantuvo el importe, aunque últimamente sí lo habían actualizado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). "Entiendo si os queréis ir, [dijo el casero], como invitándonos a dejar el piso si no aceptábamos". Sin embargo, ellos han asumido el perjuicio a su economía. Pueden hacerlo y piensan que quizás es el momento de empezar a buscar un piso para comprar, pero para otros una subida semejante puede marcar la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes.

"Con la evolución que está teniendo el mercado, estamos encontrando muchos casos de gente que incluso está teniendo problemas de presiones del propietario y no puede irse porque no encuentra pisos a un precio que se pueda permitir. Porque esa persona o esa familia tampoco quiere estar ahí", asegura Aitor Sarvisé, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza.

Una negociación abierta

El precio de la vivienda en alquiler en España ha aumentado casi un 10% en el último año y ha batido récords en este primer trimestre, hasta situarse en 11,55 euros por metro cuadrado al mes, según los datos publicados por el portal Fotocasa que recoge Efe. Madrid es la comunidad más cara con 16,25 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares (15,96); Cataluña (15,68); País Vasco (13,78) y Canarias (11,90).

En este contexto, no es raro que algunos propietarios busquen elevar el precio a sus viejos inquilinos, pero conseguirlo está siendo más difícil últimamente. Las subidas deben ser como máximo del 2% si se trata de actualizar la renta de un contrato vigente. Además, si el casero es lo que la ley llama un "gran tenedor" (quien tiene más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial), ese tope no se puede sobrepasar en ningún caso. En cambio, si se trata de un pequeño propietario, sí podrá superarse si ambas partes llegan a un acuerdo para ello. La propuesta de ley de vivienda, pactada por el Gobierno con sus socios, pretende mantener esa protección, de momento temporal, con un límite del 3% el primer año y una definición más laxa de gran tenedor (cinco inmuebles), entre otras políticas. No obstante, en la práctica, la medida no prevalece siempre.

"Me estaba subiendo 55 euros al mes y al final trago para que no me echen cuando toque renovar el contrato", admite Fran, después de que su casero en Madrid le comunicara una subida superior al 2% argumentando que no habían actualizado el precio conforme al IPC en los años anteriores. Lo mismo le ha ocurrido a Sergi, en Barcelona, quien también ha acabado resignándose, porque "el mercado inmobiliario está bastante mal y no se disparaba tanto la subida". Sin embargo, ambos podrían haberse refugiado en la norma que funciona como tope independientemente de lo ocurrido en años anteriores.

Sobre esta posible negociación con el casero, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid advierte: "Ante todo, hay que saber que no es o lo tomas o lo dejas, que no hay que aceptarlo todo. Estas cosas sí que se pueden luchar, sobre todo cuando hay regulaciones". Su portavoz Valeria Racu asegura a RTVE.es que el casero ha acabado cediendo en "el 100% de los casos" en los que ha mediado el sindicato y tras exponerle formalmente la legislación en vigor. Nunca les ha hecho falta llegar a arbitrajes o juicios, ni siquiera en el pulso con una empresa que finalmente ha tenido que devolver 25.000 euros a los 140 inquilinos de tres bloques de pisos por subidas "ilegales" recientes.

Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), en cambio, dicha regulación atenta contra el derecho a la propiedad privada y vulnera la seguridad jurídica al cambiar lo previsto en la norma hasta ahora. De hecho, animan a los arrendadores a reclamar una responsabilidad patrimonial al Estado por el dinero que están dejando de ganar por la diferencia entre el IPC y el límite del 2%.

Resquicios y presiones

El choque de perspectivas acaba aumentando la tensión en los hogares que no pueden afrontar las subidas. "Algunos caseros entran en un tipo de relación diferente y aumentan la presión de otras formas: vas a ver cuando termine el contrato, prepárate para irte", ejemplifica Valeria Racu, sobre algunos de los problemas que se han encontrado en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. "Por acogerse a una protección que existe, aumenta el acoso", denuncia.

Por el contrario, existe una situación en la que sí es legal subir la renta: la firma de un nuevo contrato. La ley de arrendamientos urbanos dispone que las condiciones firmadas se prorrogan "obligatoriamente" durante cinco años si el casero es un particular y durante siete años si es una empresa, siempre que el inquilino no avise de lo contrario con un mes de antelación. Así, pasado el periodo que se garantiza a los inquilinos, algunos propietarios aprovechan su derecho a "volver a ponerlo en el mercado a un precio bastante superior", señala Aitor Sarvisé, del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. En estas circunstancias, dice, el inquilino está en desventaja: "O bien negociamos un contrato nuevo o busco a otra persona", dice el portavoz que plantean algunos caseros.

Alicia se ha visto recientemente en un pulso similar. "Me lo quería subir 100 euros y yo le dije que no, que no podía pagarlo. Se escudaban en que tengo que renovar el contrato y que les había subido mucho la hipoteca", cuenta a RTVE.es. Ella, que considera que el precio que paga ya es bastante alto, se planteó dejar la casa si se imponía la subida "injusta". Pero logró negociarla: "Mi vecino tiene el mismo casero y nos unimos (…) al final conseguimos que solo nos subieran el 2%", continúa. Para el propietario de los pisos en los que viven, pesó más mantener a sus antiguos inquilinos que buscar nuevos, con todo lo que eso implica.

No ha encontrado la misma disposición el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en su conflicto con la empresa propietaria de tres bloques de viviendas en la capital. Aseguran que la multiarrendadora está vinculando la renovación de los contratos a una "subida abusiva" del 60% del alquiler. "Si se acogen a la prórroga aprobada por el gobierno en diciembre de 2022 para extender su contrato seis meses, reciben amenazas de no renovación. Si se niegan a aceptar la subida impuesta, reciben una demanda de desahucio por expiración de contrato", denuncian los activistas.

Los pisos turísticos, detrás de algunas subidas desorbitadas

Dice el refrán que "hecha la ley, hecha la trampa", y lo cierto es que el precio de la vivienda en alquiler ha seguido al alza a través de los huecos que deja la legislación. Algunos son más dudosos: en los últimos años, Aitor Rodríguez ha vivido en un piso en Barcelona propiedad de una empresa que les hace contratos temporales de 11 meses y 30 días para poder sortear la ley de arrendamientos urbanos. Así, el apartamento se considera un alojamiento temporal y no una vivienda. "Realmente es una práctica ilegal, porque sí vivimos ahí", comenta a RTVE.es.

Ellos comenzaron pagando 1.500 euros al mes durante la pandemia, pero ya el año pasado les plantearon una subida de 500 euros. Era solo el principio: "Tuvimos 30 días para negociar un poco con ellos, aunque tampoco se bajaban mucho de la burra. Finalmente, conseguimos bajarlo a 1.900, que es lo que hemos estado pagando este año. Ahora, en junio nos toca volver a renovar y ya tenemos que buscar una alternativa porque la idea que tienen ellos es pasar a 2.800 euros", afirma.

Aitor, que asegura que el piso es céntrico pero no tiene unas prestaciones que justifiquen esa cuota, cree que el objetivo de la empresa propietaria es destinarlo a alquileres vacacionales. Mientras tanto, su búsqueda de vivienda reconoce que está siendo "complicada" en Barcelona, donde el precio ha subido un 2,7 % interanual, pero aun así se mantiene por debajo del pico alcanzando antes de la pandemia (2017-2020), de acuerdo con la media de rentas publicada por Idealista.

En España, el 1,24% de las viviendas se destina a alojamiento turístico, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de agosto de 2022. De su análisis, que comenzó en 2020 y extrae la información de las tres plataformas más utilizadas, se desprende que la proporción apenas ha variado en esos años. Baleares es donde los pisos turísticos tiene más peso, con un 4,6% de las viviendas censadas, mientras en Madrid se queda en torno al 0,5%, una muestra de que las razones detrás de los altos precios pueden ser muy variadas.

En cualquier caso, la nueva ley de vivienda que llega este jueves al Congreso no contempla ninguna regulación para los alquileres de temporada, lo que desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid creen que es "el mayor agujero" de la reforma pactada por el Ejecutivo con ERC y EH Bildu. "Es la razón por la que no va a funcionar", afirma Valeria Racu, aunque los socialistas se escudan en que compete las autonomías.

El texto fija un tope del 3% a las subidas del alquiler en 2024, reduce los requisitos para reconocer una "zona tensionada" respecto a la propuesta inicial y considera "grandes tenedores" a quienes posean más de cinco pisos, entre otras medidas. Pero, para la portavoz del inquilinato, falta también establecer sanciones para los arrendadores que incumplan los límites de subida de precio, así como inspecciones que eviten "trampas" como la del alquiler temporal. "Hay que romper con la dinámica de abuso", reivindica.

Según un estudio realizado por Fotocasa e Infojobs, los españoles destinaron de media el 43% de su salario a pagar el alquiler en 2022, la cifra más alta de la última década y uno de los motivos por los que el conflicto de la vivienda parece que ya es uno de los protagonistas en la batalla electoral.