De Doñana a las multas por aguas residuales: España es el país de la UE con más infracciones ambientales activas

• Bruselas ha advertido de que utilizará "todos los medios a su alcance" si se aprueba la ley de regadíos de Doñana
• España tiene 24 procesos activos por la UE, del total de 271 impuestos que se han abierto en las últimas tres décadas

Caballos corriendo por las lagunas de Doñana

La advertencia de la Unión Europea sobre la proposición de ley de PP y Vox para ampliar los regadíos en los alrededores de Doñana ha azuzado los temores a una nueva sanción ambiental de Bruselas a España, que ya condenó a nuestro país en 2021 por la falta de control de las extracciones de agua en el Parque Nacional andaluz.

De producirse una nueva sanción, se uniría a los 24 expedientes españoles activos que mantienen a nuestro país a la cabeza de las infracciones ambientales de la Unión Europea, seguido por Grecia (22) y Polonia (20), según datos de la Comisión Europea (CE).

En total, España ha acumulado 271 casos por diversos motivos en los últimas tres décadas. Entre ellos se encuentran condenas por el vertido de aguas residuales -un problema que ha desencadenado cuantiosas multas-; la contaminación atmosférica y vertederos ilegales; además de avisos por irregularidades en la conservación de entornos naturales o la trasposición de la normativa europea contra el ruido.

“No es un fenómeno reciente, España ha ocupado los primeros puestos en muchas ocasiones. Unas veces porque no se veía el medio ambiente como una prioridad y había falta de voluntad; y otras por la capacidad económica de las regiones. Se va mejorando, pero muchos incumplimientos persisten independientemente del color político”, asegura a RTVE.es la presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ana Barreira.

Doñana, más de una década a vueltas con la justicia

Aunque el caso Doñana ha consigo captar el foco mediático de las últimas semanas, lo cierto es que el enclave natural lleva bajo la lupa de la justicia desde hace varios años, siendo el acceso al agua una de las principales fuentes de conflicto.

Su extracción ilegal, el abastecimiento urbano de la vecina localidad de Matalascañas, así como el deterioro de los ecosistemas de Doñana fueron llevados ya la Comisión Europea en 2014, que abrió un expediente. “Comenzó así un largo periplo judicial hasta que el Tribunal de Justicia de la UE impuso una condena a España en 2021”, cuenta el profesor del Máster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Manuel Palomares.

La Justicia europea condena a España por haber obviado las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana

Aunque no supuso una sanción económica en aquella ocasión, abría la puerta a cuantiosas multas si se persiste en la infracción. Esta advertencia es la que se ha reiterado desde Bruselas, que ha asegurado que utilizará "todos los medios a su alcance" si se aprueba la ley de regadíos, algo que ha sido criticado por el PP europeo, que ha acusado a la CE de “hacer campaña” por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La UE ha rechazado la queja de los 'populares' y ha dicho que su rol es "estrictamente institucional".

“Bruselas solo actúa si hay incumplimiento de la ley del derecho comunitario. Si se aprobara la norma y la UE considerara que no contribuye a que se mejore la situación por la que España fue condenada, puede abrir nuevos procesos", dice Barreira. “Es difícil calcular cuánto se dilatará, depende de cuánto tarde en aprobarse, enmiendas y otros procedimientos de información entre Gobierno, comunidad y Unión Europea”, agrega Palomares.

El proyecto de ley también se ha convertido en un arma arrojadiza entre Junta de Andalucía y Gobierno, a menos de un mes de las elecciones autonómicas y municipales, que se acusan mutuamente de la degeneración del enclave. Desde grupos ecologistas también se ha esgrimido un fuerte grito en contra y elevan a más de 1.903 las hectáreas que podrían acogerse a la “amnistía” del agua en el Parque Natural, según datos en rueda de prensa del coordinador de WWF para Doñana, Juanjo Carmona, frente a las 800 reconocidas por la Junta.

Multas millonarias por el vertido de aguas

España no está en el ‘podio de las infracciones ambientales' únicamente por Doñana. Entre los procedimientos se encuentran ‘viejos conocidos’ – y costosos- como el vertido de las aguas residuales en varias localidades. “El caso de Doñana ha supuesto un despertar, pero las infracciones ambientales en España vienen de lejos y, según parece, aún pueden tener un largo recorrido”, lamenta el responsable de Aguas de Greenpeace, Julio Barea.

Los problemas sobre los vertidos se remontan más de 20 años -relata- cuando la Comisión abrió un expediente a España por el incumplimiento en al menos 37 localidades de una directiva europea que obligaba a los núcleos urbanos con más de 15.000 habitantes a tratar sus aguas residuales. La infracción continuó, por lo que España fue condenada por el Tribunal europeo, pero aún sin sanción económica. En 2018 nueve entornos urbanos aún seguían sin cumplir este requisito, por lo que ya sí se impuso una multa de 12 millones de euros y otra de 11 millones por cada semestre de retraso en la resolución.

“Este es nuestro precedente más inmediato sobre sanciones económicas por infracciones ambientales y vemos que se pueden alcanzar cantidades muy altas”, asevera sobre una multa por la que España lleva pagados más de 70 millones de euros. La sanción se podrá ir rebajando cuando funcionen las plantas de Alhaurín el Grande (finales de 2023) y Barbate (2025), pero el pago podría extenderse hasta 2025-2026, momento en el que está previsto que se termine la depuradora de Matalascañas, la última en esta lista de municipios infractores.

Sin embargo, puede que se siga hablando de ello en los próximos años ya que, además de este expediente, Bruselas denunció a España en 20202 por no dotar de la infraestructura necesaria para recoger y tratar sus aguas residuales urbanas a 133 pequeñas poblaciones.

Calidad del aire, vertederos y trasposición de normativa

Al margen del agua, otra de las condenas más recientes de la UE ha sido por no velar por la calidad del aire en Madrid, Barcelona, el Vallès Oriental y Occidental y Baix-Llobregat entre 2010 y 2018 y exceder "de forma persistente" los niveles máximos de dióxido de nitrógeno (NO2), un componente al que se le atribuyen entre 10.000 y 9.000 muertes prematuras anuales, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente

En este sentido, desde el Gobierno se ha obligado a que todos los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que limite la circulación a los vehículos menos ecológicos. No obstante, solo un puñado de ellos la tienen y varios ayuntamientos han denunciado dificultades en su aplicación. La UE, además, mantiene abierta desde 2009 una infracción de España por la contaminación de partículas finas PM10 en diversas zonas de Andalucía, Asturias y Cataluña.

Los vertederos también ‘pesan’ sobre España desde hace años. La Comisión Europea acabó llevando a España ante el TJUE en 2015 para que se cerraran 61 de estas instalaciones ilegales alrededor del territorio español y se restauraran sus ecosistemas. En 2018, la UE ha vuelto a hacer sonar las alarmas al detectar otros 1.513 vertederos que necesitan aplicar estas medidas. A esto se podría unir otro proceso, indica Jorge Barea, ya que desde Greenpeace y otros 26 colectivos se ha lanzado una nueva queja por el incumplimiento de la directiva europea de residuos.

En relación con la protección de la naturaleza aún figuran como abiertos el caso de las obras del AVE en las Campiñas de Sevilla, por su impacto en una zona de protección de aves; el proyecto de la carretera M-501 en Madrid, que data del 2006; y la protección insuficiente en el Delta del Llobregat (Barcelona), entre otros.

La trasposición de las directivas comunitarias es también una de las mayores causas de incumplimiento de España, afirma Barreira. Una de las más recientes es la denuncia de España ante el Tribunal de Justicia, en 2021, por la mala aplicación de la directiva sobre nitratos, contaminantes que han generado graves problemas como la muerte de peces en el Mar Menor de Murcia. Otra es la normativa sobre la medición del ruido de transportes e industrias, modificada por la UE en 2020, y de la que España aún no se ha hecho eco.

El proceso de infracción de la UE, paso a paso

La resolución de infracciones puede tardar años, en función de la complejidad del caso y la capacidad o voluntad del país infractor. En primer lugar, la Comisión identifica posibles infracciones de la legislación de la UE a partir de notificaciones o quejas de los ciudadanos, entidades o empresas, indica Palomares.

Tras valorar la queja, la Comisión envía una ‘carta de emplazamiento’ solicitando más información al Estado miembro, que dispone de un plazo de dos meses para remitir una respuesta detallada, aunque el proceso de diálogo a veces se extiende más, continúa Barreira.

Si la Comisión concluye que el Estado no cumple sus obligaciones en función a la legislación de la UE o no está satisfecha con las explicaciones del Estado miembro puede enviar un 'dictamen motivado', es decir, una petición formal para que cumpla la normativa, en el que explica por qué considera que se está infringiendo el Derecho de la Unión. La Comisión también instará al Estado miembro a que le informe de las medidas adoptadas, en un determinado plazo de tiempo (por lo general, también dos meses), apunta la experta en derecho internacional ambiental.

Si el Estado miembro mantiene el incumplimiento, la Comisión puede optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia. La primera vez puede emitir una condena sin sanción económica, pero si persiste el incumplimiento puede imponer multas, tanto fijas como coercitivas, al Estado miembro hasta que este demuestre que ha solucionado la infracción, añade Palomares. En cuanto a la cuantía, depende de muchos factores, ya que iría en función de la gravedad, el periodo y la capacidad del Estado.