La Junta Electoral Central deja sin escaño a Borrás en el Parlament tras su condena por prevaricación

• Está condenada a cuatro años y medio por prevaricar por dar contratos a dedo a un amigo suyo cuando era presidenta de la ILC

La diputada de JxCat Laura Borrás.

La Junta Electoral Central ha dejado sin escaño a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, por su condena a 4 años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, según han confirmado fuentes de la JEC RTVE.es.

La política catalana está condenada por adjudicar contratos a dedo y fraccionados a un amigo suyo cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

En la sentencia, que se puede recurrir, el alto tribunal catalán atribuye a Borràs los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que también le impone una multa de 36.000 euros.

El tribunal propuso al Gobierno que le conceda el indulto parcial referido únicamente a la pena de prisión impuesta y en el tiempo que exceda de los dos años como duración máxima, ya que ese es el periodo en el que se puede evitar el ingreso en prisión si no se tienen antecedentes.

Borrás adjudicó a dedo contratos de la ILC

Según la sentencia, Borràs se puso de acuerdo con su amigo Íñigo Herrero para fraccionar de forma "ilegal" la contratación de la ILC para adjudicarle 18 contratos menores correspondientes a trabajos informáticos, por un valor total de 335.700 euros, mediante "presupuestos comparsa" elaborados "falazmente" por personas interpuestas para encubrir que su amigo era el adjudicatario.

Entre marzo de 2013 y febrero de 2017 Borràs, "con abuso de sus funciones" como directora de la ILC, aprobó el gasto y acordó la adjudicación de estos 18 contratos menores "sin justificar que se tratara de la propuesta más ventajosa", ya que "era plenamente conocedora" de que detrás de ellos "se escondía" su amigo Isaías Herrero.

Todo ello "con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública" y "siendo perfectamente conscientes" de que con su manera de actuar "infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa" e impedían que la gestión del servicio "pudiera ser adjudicada a otra persona".

Con el fin de "ofrecer una apariencia fingida" de "respeto" por los principios de publicidad y pública concurrencia y de "ocultar su actuación ilícita", añade la Fiscalía, Borràs y Herrero "pactaron" que en cada uno de los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran "ofertas reales" sino "presupuestos comparsa" elaborados "falazmente".