La Eurocámara pide una investigación "completa, justa y eficaz" del espionaje con Pegasus en España

• La comisión de investigación asume que fueron las "autoridades españolas" quienes espiaron a políticos independentistas
• También apunta a Marruecos como el "posible" responsable del espionaje a los teléfonos móviles del Gobierno

La Eurocámara asume que fueron las "autoridades españolas" quienes espiaron con Pegasus a los independentistas

La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el espionaje ilegal con el software Pegasus ha pedido este lunes una investigación completa del uso de este programa de vigilancia en España, a la que se pueda sumar Europol.

Así lo recoge el documento de recomendaciones a España sobre ciberespionaje con el programa de la empresa israelí NSO, tras estudiar durante 14 meses la situación en Estados miembros como España, Grecia, Chipre, Polonia y Hungría. El texto ha sido aprobado en comisión el lunes e irá ahora al pleno de la Eurocámara antes del parón del verano.

En las recomendaciones, los eurodiputados piden una investigación "completa, justa y eficaz" de todos los presuntos casos de espionaje con Pegasus, incluyendo los denunciados por la investigación del centro Citizen Lab, que apuntó al ataque a los dispositivos móviles de 65 dirigentes independentistas, además del uso de este software contra Sánchez y miembros del Gobierno, tras el supuesto espionaje de Marruecos.

Además, reclaman que los hallazgos de la investigación sean públicos. Así, ha pedido a España que asegure que las 18 personas vinculadas al independentismo catalán tengan acceso a la autorización judicial del Tribunal Supremo a que se les espiase.

Un "patrón claro" en el ciberespionaje en España

El informe incluye un capítulo centrado en el caso español, donde se recalca que existe un "patrón claro" en la cibervigilancia relacionado con el independentismo catalán.

"La mayoría de las interceptaciones del 'CatalanGate' coinciden y están relacionadas con momentos de relevancia política, como la admisibilidad de las leyes de desconexión por el Parlamento catalán y las causas judiciales contra separatistas catalanes, las concentraciones públicas organizadas por Tsunami Democràtic y la comunicación con separatistas catalanes que viven fuera de España", reza el texto.

Asimismo, hace referencia a las investigaciones del centro 'Citizen Lab' para subrayar que "todos los presidentes de Cataluña desde 2010 han sido blanco de programas espía durante o después de su mandato".

Pese a que no queda acreditada la autoría de los seguimientos, el texto apunta que siguiendo una serie de parámetros relacionados con los casos de espionaje, como la adquisición de esta tecnología por parte de órganos estatales, "se asume que la vigilancia de los objetivos catalanes fue llevada a cabo por las autoridades españolas".

El Gobierno español siempre ha defendido en el Congreso de los Diputados que las investigaciones se efectuaron con autorización judicial y que está obligado a guardar secreto sobre las mismas.

"Los 18 casos en los que se había emitido una orden judicial, la legalidad ha sido verificada y confirmada por el Defensor del Pueblo, pero su especialidad, adecuación, excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad sólo puede ser verificada por un tribunal", señala el informe.

Marruecos, "posible" responsable del espionaje al Gobierno español

El informe de la comisión, que ha sido aprobado por 30 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, ha apuntado también a Marruecos como el "posible" responsable del espionaje a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Igualmente, el Parlamento Europeo recoge el guante del presidente del Gobierno que en mayo del año pasado anunció la reforma del marco legal del CNI para reforzar las garantías de control y asegurar el respeto a los derechos políticos e individuales de las personas y pide iniciar dicha reforma.

La comisión de investigación -que viajó a Madrid para analizar el caso español- asegura que "España tiene un sistema judicial independiente con suficientes salvaguardias", pero al mismo tiempo, dice que las explicaciones que dio la presidenta del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, "fueron limitadas y dejaron muchas preguntas en el aire".