El Consejo de Europa alerta de una grave crisis estructural de la vivienda en España

• El informe es anterior a la aprobación de la nueva ley de vivienda
• Denuncia la compra de vivienda social por parte de fondos de inversión

Dos inmobiliarias en Madrid.

España sufre "una crisis de la vivienda larga y estructural de graves proporciones", alerta un informe del Consejo de Europa, que constata que hay "una necesidad urgente" de más vivienda social y accesible.

La falta de vivienda social se ha agravado con la decisión de algunos gobiernos de permitir que fondos de inversión compraran viviendas, y que derivó en subida de los alquileres, señala el informe de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, tras su visita a España en noviembre.

Además, la subida de precios de la vivienda en propiedad "supera con mucho" al incremento del poder adquisitivo, añade Mijatovic en el documento, que se redactó antes de la aprobación de la Ley de Vivienda.

Adoptar "cuanto antes" la ley de vivienda

Con todo, Mijatovic reconoce que este problema está "parcialmente atendido" por el Plan de Recuperación de 2021 y por el Plan Nacional de Acción de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Considera que si los dos "se aplican adecuadamente" podrían ofrecer una orientación hacia la creación de una oferta de vivienda social y accesible, sin valorar la nueva norma.

El informe del Consejo de Europa se elaboró antes de la aprobación a finales de abril en el Congreso de los Diputados de la Ley por el Derecho a la Vivienda, y por eso la comisaria instaba a su adopción "lo antes posible".

Implicación de las comunidades y los ayuntamientos

Una vez que la medida esté en marcha, Mijatovic pide que las autoridades "a todos los niveles", incluyendo los gobiernos autonómicos y municipales, acompañen el proceso tratando de forma integral "los problemas estructurales a largo plazo" de la vivienda.

Sobre los desahucios, destaca que ha habido más de medio millón en todo el país desde 2013, de ellos 38.267 en 2022, aunque reconoce que el Gobierno extendió la suspensión de los que afectaban a personas vulnerables. Pide que esa suspensión temporal se extienda hasta que se encuentre una solución integral a la cuestión de la vivienda para las personas más necesitadas.

La comisaria acoge de forma favorable que el Plan de Acceso a la Vivienda 2022-2025 prevé más financiación y una asistencia especial para personas vulnerables, como las que han sufrido desahucios, no tienen vivienda o han víctimas de violencia machista, que están incluidas también en la ley recientemente aprobada.

La Cañada Real

Por lo que se refiere al problema de las infraviviendas, muestra en particular su "preocupación especial" por la situación de parte de la Cañada Real de Madrid, donde el corte del suministro de electricidad afecta a unas 4.500 personas, de ellas unos 1.800 menores.

Explica que el Gobierno ha destacado la "complejidad" del asentamiento, debido a que hay varios actores implicados, entre ellos el gobierno autónomo de Madrid y una compañía energética privada, y precisa que hay conversaciones en marcha para intentar solucionar esa "situación apremiante".

En sus comentarios al informe, el Gobierno señala que el pasado 27 de abril el Congreso aprobó la nueva Ley de la Vivienda, que está siendo examinada en el Senado. Esa ley incluye un límite al aumento de los alquileres, más protección contra los desahucios y un incremento de la oferta de vivienda social.

El Ejecutivo considera también que la comisaria no ha tenido en cuenta varias enmiendas incluidas desde 2018 en la Ley de Procedimiento Administrativo para atender los casos de desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.