Borràs recurre su condena por prevaricación al Supremo por ser una "persecución política"

• Está condenada a cuatro años y medio de cárcel y otros trece de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, en el Parque del Poblenou de Barcelona

La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ha recurrido ante el Tribunal Supremo su condena por prevaricación y falsedad documental aduciendo, entre otras razones, una persecución política por sus creencias independentistas y falta de imparcialidad del tribunal que la juzgó.

La defensa de la también líder de Junts, ejercida por el abogado Gonzalo Boyé, ha presentado este jueves un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado 29 de marzo que la condenó a cuatro años y medio de cárcel y otros trece de inhabilitación por adjudicar contrataciones a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y pide que se dicte una resolución absolutoria.

En el recurso de casación, de casi 200 páginas, el equipo legal de Borràs alega que "todo lo ocurrido" en este procedimiento judicial contra la expresidenta del Parlament "no es casual ni está privado de intención política" puesto que, dice el texto, este se enmarca en un "contexto convulso" tras la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 suspendido por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, el recurso de casación sostiene que se ha sometido a Borràs a una investigación "prospectiva" por "su liderazgo político y su adscripción a la causa independendista".

También asegura que hubo "falta de imparcialidad"

En este contexto de "persecución política", el recurso señala que hay "un gran número de cargos y líderes independentistas" acusados también de diferentes delitos como "malversación, prevaricación, desobediencia o terrorismo" por el "simple hecho de serlo".

La defensa de Borràs defiende también que se ha vulnerado el derecho de Borràs a tener un juez imparcial debido, dice el recurso, a la "falta de imparcialidad" del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, quien "no guardó" la "necesaria equidistancia" a la hora de presidir el tribunal que juzgo a la expresidenta del Parlament.

Así, el recurso recoge varias manifestaciones públicas realizadas por Barrientos en contra del procés que para la defensa de Borràs le restan "imparcialidad": "Hemos visto cómo se ha mostrado especialmente combativo con todo lo que representa el anhelo independentista", concluye el texto del recurso de casación.

Otro de los razonamientos que alega la defensa de Borràs es que se ha vulnerado su derecho al juez predeterminado por ley, ya que el TSJC "no podía arrogarse la competencia" de juzgar a la expresidenta del Parlament.

El recurso de casación denuncia "una indefensión material"

El recurso recuerda que Borràs fue suspendida de su cargo de presidenta de la cámara catalana en julio de 2022, perdiendo de esta manera su condición de aforada, por lo cual para la defensa "no es equitativo ni justo ni adecuado exigir que suspenda todas sus prerrogativas".

"No fue capricho ni voluntad por parte de Doña Laura Borrás el dejar de ser aforada, sino que fue una imposición", añade.

Por ello, el recurso concluye que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "no debió, de forma extensiva, arrogarse la competencia para enjuiciar a nuestra defendida que, como decimos, se encuentra suspendida de sus derechos y obligaciones".

El recurso de casación denuncia también una indefensión material causada por el hecho de que las defensas de los otros dos procesados durante el juicio llegaron a un acuerdo con Fiscalía consistente en incriminar a su defendida. Entre la decena de motivos que recoge el recurso de casación, la defensa aduce también una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, debido a la opinión generada por las informaciones publicadas y a ciertas "filtraciones interesadas".

Para la defensa de Borràs se ha vulnerado asimismo su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones por los correos obtenidos del ordenador de uno de los otros dos procesados durante el juicio y cuestiona además la cadena de custodia de estas pruebas, que consideran quedó rota, por lo que "no tienen ninguna garantía ni fiabilidad".