Los jueces y fiscales aplazan la huelga al 22 de mayo para dar margen a la negociación con el Gobierno

• La Asociación Profesional de la Magistratura ha aceptado la propuesta de cuatro entidades de posponer la fecha
• Tras la última reunión fallida, aumentan el plazo para llegar a un acuerdo sobre la subida salarial

Jueces y fiscales a su llegada a la reunión de este miércoles con Justicia para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la huelga el 16 de mayo.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales convocantes han decidido no empezar su huelga el próximo martes 16, como estaba previsto, sino que la han aplazado al lunes siguiente, día 22 de mayo, para "ampliar el margen de negociación durante unos días", como pidió el Gobierno durante la reunión fallida de este miércoles en la que rechazaron la oferta de 46 millones que les ofreció el departamento de Pilar Llop..

La última ha sido esta noche la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en los jueces, cuya comisión permanente acordó, "como gesto de buena voluntad", suspender el paro "a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial".

Responde con ese gesto, según indica la APM en una nota remitida esta noche a EFE, a lo expresado en la reunión celebrada ayer por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, "que condicionó la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de retribuciones a la suspensión de la huelga convocada, retrasando su inicio, para presentarnos, además, una nueva oferta".

Las otras dos asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- y el Foro Judicial Independiente (FJI) decidieron este miércoles, al término del encuentro con el Gobierno, retrasar el inicio; mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se ha sumado al aplazamiento esta mañana tras una reunión de su junta directiva.

Solo dos asociaciones progresistas, a favor del pacto

La decisión tiene lugar después de que la reunión del miércoles terminara sin acuerdo -tras más de seis horas de negociación- toda vez que no fue posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta del Ministerio.

Las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que abogan por aceptar la propuesta del Gobierno, son las únicas que no se han sumado en ningún momento a la convocatoria de huelga y se han manifestado a favor de firmar el acuerdo con Justicia.

"Las negociaciones en la Mesa de Retribuciones no han dado sus frutos, pero se han celebrado ya tres encuentros de un órgano de negociación que ha permanecido inerte durante más de una década", han apuntado desde la AJFV.

El Gobierno ha emplazado a jueces y fiscales a un nuevo encuentro el 16 de mayo, día para el que estaba previsto el inicio de la huelga. Así, las siete asociaciones judiciales se reunirán de nuevo en la mesa de retribuciones el próximo martes a las 12.00 horas. Fuentes cercanas a la negociación han indicado a Europa Press que está previsto que ese día el Ministerio presente una nueva propuesta.

La mesa de retribuciones es el órgano previsto por la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que se debe convocar cada cinco años, pero que no se reunía desde su creación en 2003.

La oferta del Gobierno

La oferta del Gobierno, que incluye un paquete de unos 46 millones de euros destinado a subidas salariales, también contempla mejoras cualitativas en las carreras judicial y fiscal, han informado a EFE fuentes cercanas a la negociación.

Fuentes de las asociaciones judiciales aseguran que su capacidad adquisitiva ha disminuido un 20% de media desde 2004, mientras que la oferta del Gobierno supondría un incremento de algo más del 6% en tres años. Los salarios de jueces y fiscales oscilan, de media, entre los 52.000 y los 131.000 euros brutos al año.

De producirse finalmente, en plena campaña electoral, esta sería la tercera huelga indefinida en la Administración de Justicia en lo que va de año, tras la de los letrados, que duró dos meses, y la de los funcionarios de los cuerpos general y especiales a partir del 22 de mayo.