La Fiscalía pide procesar a Sarkozy por la presunta financiación libia de la campaña de 2007 que le llevó al poder

• Está acusado de cuatro cargos, entre ellos, desvío de fondos públicos, corrupción pasiva y financiación ilegal de una campaña
• Además, la Fiscalía ha pedido el procesamiento de otras doce personas, entre ellas el exministro del Interior Brice Hortefeux

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy en una imagen de archivo

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) ha solicitado este jueves el procesamiento del presidente galo entre 2007 y 2012, Nicolas Sarkozy de 2007 que le llevó al poder.

Además, la Fiscalía ha pedido el procesamiento de otras doce personas, entre ellas el exministro del Interior Brice Hortefeux, según ha detallado el organismo en un comunicado.

El expresidente, de 68 años, está acusado de cuatro cargos: Desvío de fondos públicos, corrupción pasiva, financiación ilegal de una campaña electoral y asociación de malhechores con vistas a cometer una infracción penada con más de diez años de cárcel.

Dos hombres de negocios, el franco-libanés Ziad Takieddine y el franco-argelino Alexandre Djouhri, sospechosos de haber servido de intermediarios, figuran también entre los trece implicados.

Trece imputados

En abril de 2013 se abrió una investigación judicial tras las acusaciones de dignatarios libios, del señor Takieddine y de la publicación por Mediapart, entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2012, de un documento que supuestamente probaba que esta campaña se había beneficiado de fondos libios.

Testimonios, notas de los servicios secretos de Trípoli, acusaciones de un intermediario, movimientos sospechosos de fondos... Los magistrados han reunido una suma de indicios inquietantes que han dado cuerpo a la tesis de que la campaña del expresidente o de su entorno se había beneficiado de fondos libios.

Sarkozy, en el banquillo de los acusados por corrupción y tráfico de influencias

Pero el bando de Sarkozy lo ha impugnado desde el principio y ha multiplicado los recursos, en vano, para obtener la anulación del procedimiento. "¿Dónde está el dinero?", preguntó el ex jefe de Estado al juez a finales de 2020, durante un interrogatorio.

El expresidente también conocerá el jueves 17 de mayo la decisión del tribunal de apelación en el caso de las "escuchas telefónicas", que le valieron una condena en primera instancia a tres años de prisión, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias.

A partir de noviembre de 2023 volverá a ser juzgado en apelación en el caso Bygmalion, que le valió una condena de un año de prisión en primera instancia.