Gobierno y comunidades impulsan un "escudo climático" para proteger del calor a las residencias de mayores

• Recomiendan garantizar que las instalaciones mantengan la climatización y modificar los horarios de paseo y la vestimenta
• También han presentado un marco común básico para regular la figura del asistente personal para la dependencia

Una pareja pasea por Logroño durante una de las olas de calor del año pasado

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas han impulsado una serie de medidas para crear un "escudo climático" con recomendaciones para residencias de mayores y otros centros que protejan a las personas más vulnerables de las situaciones de calor extremo. Así lo han acordado este viernes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

"Como consecuencia de estas altas temperaturas, hoy se han acordado unas recomendaciones que faciliten y prevengan posibles situaciones de riesgo para las personas mayores", ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, tras el Consejo Territorial.

Entre las recomendaciones enviadas por el Ministerio destaca la "adecuación de las residencias para asegurar la disponibilidad de equipos e instalaciones para mantener las condiciones de climatización". Asimismo, se insta a las residencias a modificar los horarios de paseo, la vestimenta y garantizar una mayor hidratación, e incluir estos cambios en un protocolo específico.

Igualmente, se pide garantizar el acceso de las personas en situación de sinhogarismo a la red de refugios climáticos, incrementar las plazas en las campañas contra el calor (al igual que se hace en las campañas contra el frío) o evitar su expulsión de espacios públicos y el cierre de fuentes públicas.

También se recomiendan actuaciones hacia las personas que viven en infraviviendas o asentamientos, que incluyan la garantía de acceso continuo a agua potable y actividades socioeducativas para niños que garanticen entornos con temperaturas adecuadas e hidratación y alimentación.

Las comunidades, que recibieron las recomendaciones el pasado 5 de mayo, podrán ahora hacer sus sugerencias al Ministerio, las cuales serán integradas antes de su publicación.

La figura del asistente personal

Por otro lado, Gobierno y comunidades han acordado un marco común básico para regular la figura del asistente personal, previsto en el Plan de Choque en Dependencia. Según lo pactado, podrán acceder a esta asistencia las personas con una situación de dependencia reconocida en cualquiera de sus grados, siempre que tenga tres años o más y que requiera apoyos para desarrollar su proyecto de vida, explica Derechos Sociales.

Las personas que presten servicios de asistencia personal no podrán ser cónyuges, parejas de hecho o parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado de parentesco y deberán trabajar tanto como empleados a través de una empresa acreditada o como profesionales autónomos con la acreditación de la administración competente.

"De forma mayoritaria se ha alcanzado un acuerdo que irá desarrollando poco a poco esta figura de asistencia personal a lo largo de los próximos años en nuestro país. Era el último gran paso del Plan de Choque que quedaba por abordar", ha destacado Álvarez.

Más de 783 millones de euros para dependencia

Además, las autonomías junto con el Ministerio han aprobado este viernes de manera definitiva el reparto de más de 783 millones de euros para la financiación del nivel acordado del sistema de dependencia, que ya fue autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de mayo.

De ellos, 583 millones se repartirán en base a los criterios de cumplimiento del Plan de Choque, con 100 millones de euros más que el año pasado, y la segunda partida de 200 millones tiene como objetivo el apoyo al despliegue del conocido como 'Nuevo modelo de Residencias'.

Otro de los asuntos que han formado parte del orden del día del Consejo Territorial ha sido la propuesta de distribución por parte del Ministerio de Derechos Sociales a las comunidades del tramo autonómico de distribución del 0,7% del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para destinarlos a subvenciones a actividades de interés social. En 2023 se distribuirá lo correspondiente a lo recaudado en el ejercicio 2021, por lo que se ha notado "una mejoría" en las recaudaciones respecto al año anterior.

Según lo comunicado por la Agencia Tributaria, la recaudación total procedente del 0,7 del IRPF ascendió a los 425.768.828 euros, 37.400.323 euros más que el año anterior. De esa cifra, a la cartera de Derechos Sociales le corresponde el 77,72%, es decir, 330.907.533 euros, un 9,63% más que el año pasado.