¿Qué está pasando en la Justicia? Las claves de unos paros que amenazan con colapsar más los juzgados

• Los primeros en hacer huelga fueron los letrados, luego se sumaron los funcionarios y, ahora, jueces y fiscales
• Los paros están provocando un atasco en los juzgados complicado de resolver

¿Qué está pasando en la justicia?: las claves de la huelga de jueces y fiscales, funcionarios y abogados de oficio

Las huelgas y parones en la Justicia española empiezan a ser una constante desde que comenzó el año, una circunstancia que está produciendo retrasos en los procesos judiciales que empiezan a colapsar los juzgados, dejando a miles de personas afectadas.

Este mismo jueves, las asociaciones de jueces y fiscales se pusieron de acuerdo para posponer su huelga al 22 de mayo y dar más margen a las negociaciones con el Gobierno, para lograr una subida salarial que deje satisfechos a todos. Un consenso que se ha logrado en la tercera mesa de negociación.

Los 46 millones de euros propuestos por el Ministerio de Justicia para satisfacer sus demandas no han sido suficientes. La semana que viene se volverán a reunir para intentar llegar a un acuerdo que desbloqueé la situación y evitar así un paro que podría tener una difícil solución material en los juzgados.

Pero no solo los jueces y fiscales están reclamando una subida salarial, sino que los funcionarios de Justicia también se han movilizado con parones parciales y ya han anunciado que podría ser huelga indefinida desde el día 22 si no llegan a un acuerdo con el Gobierno en sus reivindicaciones de mejoras salariales.

Fueron los siguientes en movilizarse después de que a inicios de año los Letrados de la Administración de Justicia se pusiesen en huelga hasta conseguir una mejora en su nómina hasta 450 euros mensuales, tras más de dos meses de reivindicaciones. Con diferentes rangos salariales dependiendo del trabajo desempeñado y las funciones ejercidas, muchos trabajadores se quejan de la falta de “equilibrio” entre toda la magistratura.

¿Cómo afectan los paros a los ciudadanos?

Solo con los paros de los letrados, que se han prolongado más de dos meses, se suspendieron unos 400.000 juicios y vistas, dejando paradas unas 480.000 demandas, según datos de las asociaciones profesionales convocantes. Además, se han mantenido parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.500 millones de euros. Estas cuentas que exigen los jueces para cumplir las decisiones de carácter económico se adoptan por ejemplo en procesos judiciales para garantizar pensiones y manutenciones a mujeres maltratadas o en casos de divorcio.

Por su parte, cada día de paro de los funcionarios supone alrededor de cinco millones de actuaciones procedimentales y unos 20.000 juicios suspendidos, según estimaciones de los sindicatos. Precisamente, uno de los afectados por estos paros ha sido el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que ha visto como se suspendió el juicio del caso Gürtel contra él al estar en huelga los funcionarios.

La fecha límite que se han dado jueces y fiscales para llegar a un acuerdo con el Gobierno ha sido el 22 de mayo. De no producirse un acuerdo, irían a una huelga que podría provocar un atasco judicial total.

"Todos los paros pueden afectar mucho al ciudadano", explica la presidenta de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, Alicia Vega.

"Por ejemplo, si se plantea una demanda para un régimen de visitas y no tienes buena relación con la pareja: el demandante va a estar sin ver a sus hijos mientras tarde en resolverse todo, y eso puede ser tres meses como o un año", añade Vega.

Custodias compartidas, pensiones a exparejas, litigios entre inquilinos y arrendatarios... Los paros en la Justicia podrían provocar un atasco complicado de resolver.

"Dependerá de la agenda de cada juzgado. Si lo aplazan ahora, el señalamiento puede ser de año y medio o dos fácilmente dependiendo del colapso de cada juzgado", avisa Vega.

¿Quién comenzó las reivindicaciones?

Los letrados de la Administración de Justicia, más conocidos como LAJs, fueron los primeros en protestar y reivindicar mejores condiciones laborales y, desde mediados de enero, realizaron paros parciales para reclamar una subida salarial.

Entre sus principales peticiones estaba que su sueldo fuese un 85% de lo que cobra un juez, ya que aseguraban que durante el transcurso del tiempo han asumido parte de sus competencias y funciones tras sucesivas reformas legales.

Después de varias reuniones y dos meses y medio de paros, que provocaron múltiples retrasos en los juzgados, a finales de marzo lograron que el Ministerio de Pilar Llop les incrementase el sueldo hasta 450 euros mensuales. En los dos meses que duró la huelga se suspendieron más de 356.000 juicios y vistas.

Ese incremento salarial logrado por los letrados ha provocado que otros trabajadores de la Justicia también hayan decidido reivindicar mejoras en sus derechos laborales, ya que consideran que se ha roto el “equilibrio” entre todo el sector, si no se incrementa también el resto de sueldos.

¿Qué reclaman los funcionarios de Justicia?

Dos semanas después de conocerse el acuerdo de los LAJs, el pasado 17 de abril, los funcionarios de Justicia comenzaron a realizar paros para reivindicar un aumento salarial en la línea con el acordado por el Ministerio dirigido por Pilar Llop con los letrados.

Pero tras ver que sus protestas no surtían efecto, decidieron subir el pulso y anunciaron jornadas completas de huelga los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Ahora, tras reunirse varias veces con representantes del Gobierno y sin llegar a ningún acuerdo, han recrudecido sus paros con una huelga indefinida a partir del 22 de mayo.

Los funcionarios reclaman que llevan dos décadas asumiendo competencias ajenas y piden una equiparación de complementos y subida salarial, más aún después de la lograda por los letrados.

Concretamente, demandan un aumento salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Además, aseguran que no cesarán en su protesta hasta que el Gobierno no les haga una propuesta económica, como la pactada con los letrados de hasta 450 euros, o la que están negociando con jueces y fiscales.

¿Y los jueces y fiscales?

Por su parte, las principales asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 22 de mayo, aunque en un primer momento se iba a realizar el 16. Pero, tras reunirse en tres ocasiones con el ministerio, han decidido dar más tiempo a la negociación para evitar la huelga y retrasar una semana los paros.

Este sector asegura que podría ir a la huelga por la falta de dotación suficiente de la administración de Justicia y por las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías que "afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía", según los sindicatos.

Diversos sectores, como los magistrados, denuncian que llevan perdiendo poder adquisitivo desde 2019 y que fueron ellos quienes sufrieron una mayor bajada de salario en 2010. A ello se suman otras peticiones, como la de crear más plazas para poder reducir la saturación y carga de trabajo de los juzgados.

Justicia les ha ofrecido 46 millones de euros para una subida salarial que evite la huelga, pero tras reunirse en tres ocasiones, no ha habido acuerdo.

Fuentes de las asociaciones judiciales aseguran que su capacidad adquisitiva ha disminuido un 20% de media desde 2004, mientras que la oferta del Gobierno supondría un incremento de algo más del 6% en tres años. Los salarios de jueces y fiscales oscilan, de media, entre los 52.000 y los 131.000 euros brutos al año.

Los abogados de oficio, ¿los siguientes en ir a la huelga?

Además, también los abogados de oficio están a las puertas de los paros parciales. El sindicato de abogados Venia Advocatorum Unio y las 14 asociaciones que conforman la plataforma de turno de oficio amenazan con convocar una huelga si no reciben mejoras laborales.

Desde este sector se reclama al Gobierno "necesarias mejoras" laborales, derecho a la "conciliación familiar, desconexión digital y jubilación digna", según los impulsores de las protestas.

En caso de confirmarse este parón y además se mantiene la de los funcionarios junto a la posible huelga de jueces y fiscales, los juzgados verán como se tensiona más aún una situación que ya de por sí es complicada al funcionar al límite de su capacidad.