El deterioro democrático en Turquía: la judicialización de la vida privada para reprimir los derechos humanos
- Activistas, periodistas y opositores políticos son objeto de procesamientos infundados y privados de libertad
- La victoria de Recep Tayyip Erdogan no está clara pese a que ido allanando el terreno para continuar en el poder
El poder de Recep Tayyip Erdogan está más cuestionado que nunca en las elecciones que se celebran este domingo. Veinte años después de su llegada al poder, Turquía es un país más conservador, donde se reprime a opositores, periodistas y activistas. Las mujeres, personas LGTBI y refugiados viven con menos derechos y libertades. A ello se le suma la salida del Convenio de Estambul o la mala gestión del terremoto.
Erdogan afronta la cita electoral bajo un clima de enfado y malestar social. El país está sumido en una grave crisis económica, con una inflación que roza el 50% y una moneda en caída libre desde hace un año.
Si se cumplen las previsiones de Konda, una de las empresas demoscópicas más importantes del país, Kemal Kiliçdaroglu, el líder de la coalición opositora podría recibir el apoyo del 49,3 % de los votos, frente al 43,7% que conseguiría el actual mandatario cuyo mandato comenzó en el año 2002, cuando, después de ser excarcelado, fundó el Partido de Justicia y el Desarrollo (AKP) .
Desde entonces, aupado por los excelentes resultados económicos, el poder de Erdogan ha ido en aumento. Las elecciones presidenciales de 2014 le auparon a la jefatura del Estado desde donde impulsó la reforma constitucional de 2017, que sustituyó al régimen parlamentario por el actual sistema presidencialista imperante en la actualidad. La reforma constitucional le convirtió en lo que denominan sus críticos en el sultán posmoderno.
Una justicia al servicio del régimen
Pese a que el SMI bruto del país ha experimentado una subida del 180%, la inflación y la devaluación de la moneda que han provocado la subida de los precios de alimentos básicos, ha provocado que más de la mitad de la población viva por debajo del umbral de la pobreza, según la Asociación de Derechos al Consumidor de Turquía. Además, la pobreza ha aumentado por las consecuencias de la guerra de Ucrania y tras los terremotos que han provocado la muerte de más de 50.000 personas en decenas de ciudades que han sido completamente destruidas. "La gente exige responsabilidad política y se verá en estas elecciones porque la mala construcción de los últimos 20 años y la falta de ayudas durante el terremoto son responsabilidad del gobierno actual", explica la abogada especialista en derechos humanos y libertad de expresión, Hürrem Sönmez, a RTVE.es.
"Lo que sí está claro es que bajo el mandato de Erdogan, la situación de derechos humanos en Turquía no ha mejorado, al contrario, ha empeorado", zanja el portavoz de Amnistía Internacional, Carlos de las Heras. Se ha propiciado un ambiente de detención prolongada de activistas de derechos humanos o periodistas críticos con el gobierno. "El poder judicial se ha alejado completamente de la función de hacer justicia y se ha convertido en un mecanismo para silenciar a los opositores", explica la abogada especialista en derechos humanos y libertad de expresión, Sönmez.
“El poder judicial se ha alejado completamente de la función de hacer justicia y se ha convertido en un mecanismo para silenciar a los opositores“
El régimen presidencial hizo de las Cortes un aparato del poder político: "Los insultos al presidente están penados y ha arrebatado a la ciudadanía de a pie el derecho a la libre crítica". Ilya U. Topper, periodista y corresponsal en Estambul de la revista M’sur coincide con este análisis. "Hace 12 años todavía se podía ganar un juicio por insultar a Erdogan, pero ahora es imposible. Ningún juez dará la razón a alguien denunciado por el presidente", asegura.
"La gente no se calla y critica al gobierno"
El clima de represión retroalimenta las amenazas, la persecución y procedimientos judiciales por condenas infundadas. Los derechos que más se han deteriorado, aseguran desde Amnistía Internacional, están relacionados con "la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación". De hecho, en abril de 2021 la Dirección General de Seguridad envió una circular a todos los departamentos de Policía del país informando de que se puede detener y tomar acciones legales contra quienes graben a los agentes. "Una medida que busca impedir demostrar la represión policial durante las protestas", añade de las Heras.
El objetivo de Erdogan es debilitar a los más críticos, pero "la gente no se calla y critica al gobierno", arguye Ilya U. Topper. En julio de 2020 el Parlamento turco aprobó una ley que impone a las principales empresas de redes sociales establecer sus servidores en el país. Esta norma habilita a las autoridades a exigir el borrado de determinadas publicaciones, además de poder acceder a los datos personales de los usuarios de estas plataformas. Sin embargo, como expone el periodista, "la gente sigue haciendo chiste sobre Erdogan en Twitter".
Reconoce que como corresponsal extranjero consigue trabajar en la calle y que incluso puede grabar a críticos con el régimen porque muchos no tienen reparo en expresar sus opiniones ante la cámara, Y eso a peasr de que "las multas por criticar al gobierno pueden ser de hasta 600.000 euros", puntualiza. El mismo líder de la oposición, el favorito en la carrera presidencial se enfrenta a la justicia por "decir que Erdogan es autoritario, como podría decir cualquier político de la oposición en otro lugar", argumenta.
"Hace luz de gas con los medios"
El régimen pretende silenciar a la oposición, pero según Topper, "hay un clima de cabreo que se impone al silencio". Una situación que se exacerba sobre todo con la voz de artistas, cantantes o cineastas, y es que pese a las trabas gubernamentales, en los quioscos se venden periódicos críticos y la prensa independiente no ha desaparecido. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF) el panorama mediático turco conduce al engaño.
"Es un régimen que hace luz de gas, confunde y engaña porque no hay una represión palpable. Hay medios independientes cada vez más asfixiados, pero siguen existiendo, son prestigiosos y conviven con mucha prensa extranjera. Parece que no es un país que coarte la libertad de prensa, pero a la vez tiene las cárceles con periodistas acusados con falsas imputaciones y que no nos permite contarlos como periodistas presos", asegura la vicepresidenta de RSF, Edith Rodríguez Cachera. Es una prueba de un régimen autocrático, presuntamente blando y muy tolerado por Occidente", subraya.
La organización calcula que el 90% de los medios nacionales están controlados por el poder político. En estos comicios este clima se ha vuelto a intensificar: "Los ultranacionalistas pagan su enfado con reporteros, columnistas, comentaristas y periodistas ciudadanos".
Mujeres: el abandono del Convenio de Estambul
El movimiento feminista ha sido perseguido y demonizado, según ha investigado Amnistía Internacional. Sobre todo se ha perseguido a aquellas voces que han criticado la decisión de Ankara de retirarse del Convenio de Estambul, el instrumento jurídico internacional más importante y específico para prevenir y luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. "Es un tratado muy valioso para las mujeres turcas porque era una victoria que se había logrado como resultado de una larga lucha. Desafortunadamente, vivimos en un país donde la violencia contra las mujeres y el femicidio son muy comunes", explica Hürrem Sönmez.
Contenía mecanismos de "protección muy importantes para las mujeres". De hecho, el número de mujeres asesinadas ha aumentado en los últimos años. En 2022, según datos oficiales, fueron asesinadas alrededor de 225 mujeres, pero fuentes extraoficiales elevan la cifra a entre 400 y 500 casos. En este sentido, la retirada de Turquía "consolida la base conservadora del poder político y es una prueba de las consecuencias de alejarse del derecho internacional". Un gesto que permitirá "a los jueces de los tribunales turcos demostrar fácilmente su mentalidad dominada por hombres".
“A los jueces de los tribunales turcos demostrar fácilmente su mentalidad dominada por hombres“
Se trata de una sociedad conservadora, patriarcal y arraigada a los valores religiosos. Además, el país tiene la tasa de actividad femenina más baja de la OCDE, según datos del estudio Drivers of Low Female Labor Force Participation in Türkiye. El mismo informe confirma que ellas representan menos de la mitad de la población activa masculina. "Estamos relegadas a un segundo plano en la vida política, económica y social", concluye.
Los kurdos, acusados eternamente de "terroristas"
Turquía se ha convertido en un territorio hostil para todo aquel que cuestione la alianza gubernamental AKP-MHP. En RSF preocupa especialmente la prensa kurda o la represión de aquellos que cubren estos temas. "Se les acusa una y otra vez de estar apoyando el terrorismo", recuerda Rodríguez Cachera.
Human Rights Watch ha denunciado en reiteradas ocasiones el injustificado uso de las leyes antiterroristas para encarcelar a manifestantes kurdos. Además, a finales de año, esta organización acusó al régimen de Erdogan de contribuir a la grave crisis de agua que golpea a Siria y que se cree ha provocado el estallido de un brote de cólera con más de 24.000 casos sospechosos registrados en zonas de las fuerzas lideradas por kurdos. Topper recuerda que la mayoría de los kurdos apoyan al Partido Democrático de los Pueblos (HDP). "El problema no es ser kurdos, sino reivindicar los derechos de los kurdos y sus políticas", concluye.
“El problema no es ser kurdos, sino reivindicar los derechos de los kurdos y sus políticas“
Un ejemplo reciente es el encarcelamiento de Sebnem Korur Fincanci, presidenta del Colegio de Médicos de Turquía (TTB), por denunciar el uso de armas químicas por parte de las fuerzas armadas turcas en su lucha contra la guerrilla kurda en el norte de Irak. "Las violaciones de derechos humanos contra la minoría kurda continúan y van a peor", asegura De las Heras.
Homofobia y xenofobia
Mujeres y kurdos ven sus derechos vulnerados, pero también las personas migrantes y el colectivo LGTBI. Este último ha sido privado de las manifestaciones del orgullo. "Todas sus marchas han sido disueltas en numerosas ocasiones con el empleo excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad", denuncia AI.
Amnistía calcula que al menos 400 personas han sido detenidas y que las fuerzas policiales llegaron a utilizar gases lacrimógenos para disolverlas. Tampoco se pueden obviar los derechos de las personas migrantes. "Los que vienen de Afganistán, Iraq o Pakistán no tienen ningún derecho", explica Topper. Sin embargo, la situación de los tres millones de sirios aún es esperanzadora. "Pueden legalizar su situación y tener acceso a la salud y educación pública".
“Los que vienen de Afganistán, Iraq o Pakistán no tienen ningún derecho“