Las asociaciones de jueces y fiscales estudiarán la propuesta del Gobierno para seguir negociando el jueves

• La división entre las asociaciones frustró la última reunión
• Justicia les pidió posponer la huelga para proponer una nueva oferta esta semana

Jueces y fiscales mantienen la cuarta reunión con Justicia para evitar la huelga indefinida

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han mantenido este martes la cuarta reunión de la mesa de retribuciones con los Ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública, después de que cinco de ellas suspendieran la huelga que empezaba este 16 de mayo en aras de continuar con las conversaciones para intentar conseguir una mejora salarial, lo que evitaría el paro.

En la reunión, las asociaciones han acordado estudiar la última propuesta del Gobierno, que no mejora en términos económicos pero sí en otras cuestiones cualitativas, y darán una respuesta el próximo jueves, en la que podría ser la última reunión de la mesa de retribuciones, según la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

La anterior oferta, de 46,7 millones de euros y otras mejoras laborales, no fue aceptada el miércoles pasado por la mayoría de las asociaciones, que accedieron a posponer los paros para "ampliar el margen de negociación" y "como símbolo de buena voluntad".

Las asociaciones convocantes tomaron esta decisión después de que el Ministerio de Justicia y el de Justicia y Función Pública les solicitara retrasar el inicio de la huelga para presentarles una nueva propuesta este martes.

Oferta "inasumible"

El grueso de las siete asociaciones consideraron la anterior oferta "insuficiente". La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la mayoritaria entre jueces y la más conservadora- la califica además de "inasumible", pues no permite "recuperar siquiera la mitad del poder adquisitivo perdido desde el año 2003 y el recorte salarial superior al 10%" que experimentaron en el 2010.

En el lado opuesto, las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), las únicas que no se han sumado en ningún momento a la convocatoria de huelga, apuestan por aceptar la propuesta que hay encima de la mesa, aunque celebrarían cualquier mejora que se hiciera sobre ella.

Así las cosas, la APM ha optado por dejar en suspenso la huelga, a la espera de ver cómo avanza el diálogo, y el resto de las organizaciones convocantes han pospuesto su inicio al próximo lunes, día 22.

No iniciar los paros este martes era la condición que pidió el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, para presentar una nueva oferta tras la de los 46,7 millones, que en teoría ya era la definitiva. Según las asociaciones, está previsto que el proceso de negociación concluya el jueves con una nueva reunión en la que deberán fijarse las últimas posiciones de jueces y fiscales.

Diferencias entre los convocantes

La APM usó el término "suspender" y no precisó fecha alguna en su comunicado. Así, optó por una fórmula diferente a la que emplearon las otras cuatro asociaciones convocantes, que se mostraron a favor de retrasar la huelga hasta el lunes 22 de mayo para seguir negociando con el Ministerio.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se pronunció el jueves tras consultar a los suyos y anunció que veía con buenos ojos posponer el parón. Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya tenían claro desde el miércoles, cuando terminó la que fue la tercera reunión de la Mesa de Retribuciones, que estaban a favor de retrasar la huelga hasta el viernes 19 de mayo.

Este movimiento de las asociaciones tuvo lugar después de que el encuentro del miércoles terminara sin acuerdo -tras más de seis horas de negociación- toda vez que no fue posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta del Ministerio.

La propuesta del Gobierno

La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado, ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. Sin embargo, en una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46 millones.

Según fuentes cercanas a la negociación, esta segunda oferta se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 --como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales--, hasta 490 euros para el Grupo 2 --fiscales de segunda categoría-- y 450 euros para el Grupo 3 --fiscales de tercera categoría--.

Cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron -tras dos meses de huelga- que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo.

Más paros en Justicia

Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la Administración de Justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones e irán a una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.

Al margen de la propuesta económica a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda les ha ofrecido un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión.

La negociación entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Ministerio coincidirá también esta semana con la concentración que los abogados del turno de oficio han convocado para el jueves, a las 13.00 horas, ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol.

Reclaman una "remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita", el pago de "todo el trabajo realizado"; que se actualicen los baremos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC); que se reconozca la "dificultad" para el acceso a la justicia gratuita a personas y familias con rentas bajas y que se reduzca la "carga burocrática".